Todos los vaticinios sobre las elecciones del 6 de junio de 2021, y el conjunto de análisis de los dos años y medio de vida del gobierno actual, parten de la misma premisa: en 2018, el electorado mexicano rechazó de manera tajante y abrumadora al llamado PRIAN: la suma de votantes del PRI y del PAN, los cuales, como partidos, no se presentaron juntos a las urnas.
Debido a la corrupción, a la violencia, al mediocre crecimiento económico de los 18 años anteriores, y por la perseverancia de López Obrador y su “conexión” con la gente, Morena y su líder alcanzaron una victoria nunca vista desde el advenimiento de la democracia electoral en México (1997).
Esta tesis se ha vuelto una especie de verdad de Perogrullo, compartida igual por los partidarios del gobierno y por sus adversarios. De ese presunto resultado contundente de las elecciones de 2018 derivan otras conclusiones, la mayor de las cuales es que López Obrador recibió un mandato contundente de cambio por parte de los electores, el mandato por el cambio que él proponía.
Nunca me convencieron del todo estos hechos ni estas conclusiones. Ahora menos que antes. Estoy más convencido que nunca de que el resultado de aquella elección fue consecuencia de un “pacto” entre el PRI y Morena, el pacto PRIMOR. Es decir: de un pacto del entonces presidente Peña Nieto con el entonces candidato López Obrador.
El paso del tiempo parece confirmar la existencia de aquel pacto. Ha transcurrido más de la tercera parte del sexenio de López Obrador sin que algún funcionario del gobierno de Peña Nieto esté en la cárcel, con excepción de la venganza personal del actual gobierno contra Rosario Robles, que responde a otra lógica. Crece la evidencia, en cambio, de que Peña Nieto intervino a favor de López Obrador en la campaña electoral de 2018.
Según todas las encuestas, la que cada quien prefiera, y según el conjunto de encuestas, Oraculus por ejemplo, la invención de la famosa bodega ilegal de Querétaro, fabricada por la procuraduría del gobierno de Peña Nieto en contra del candidato del Frente por México, Ricardo Anaya, tuvo un efecto adverso decisivo en esa candidatura. La ofensiva legal del gobierno de Peña detuvo la subida de la intención de voto por la candidatura de Anaya. Esto es un hecho. Entre finales de diciembre de 2017 y mediados de febrero de 2018, Anaya se acercó a menos de diez puntos de López Obrador en la intención de voto. El ataque del gobierno le tumbó entre cinco y diez puntos de intención de voto a un Anaya estable, entonces ligeramente arriba del 30 por ciento. Fue una caída de la que no se repuso.
El ataque del gobierno fabricándole un delito al candidato más competitivo como segundo lugar y la caída de ese candidato en las encuestas se produjeron durante la llamada intercampaña, cuando estaba prohibido responder con spots. Muy bien pensado. Algunos de los partidarios del otro candidato en competencia, el candidato del PRI, José Antonio Meade, sostienen que el golpe gubernamental contra Anaya aceleró también el hundimiento de su propio candidato.
Muchos encuestadores serios creen que sin la decisión de Peña Nieto de inventarle un delito a Anaya, el candidato del Frente hubiera obtenido más que 30 por ciento del voto, y López Obrador alrededor de 45 por ciento, un margen considerable, pero muy inferior al 53 por ciento que obtuvo finalmente López Obrador frente al 23 por ciento que obtuvo Anaya.
Quizás el mejor análisis sobre este “efecto pacto PRIMOR” figura en el ensayo de Jorge Buendía y Javier Márquez “2018: ¿Por qué el tsunami?”, publicado en el número de julio de 2019 de Nexos. Las estimaciones de los autores son muy precisas. De acuerdo con sus cálculos, en febrero de 2018 Anaya estaba a ocho puntos de distancia de López Obrador. Para marzo, luego del mes de la ofensiva del gobierno, la brecha se había ensanchado hasta el 18 por ciento. Nunca se redujo.
En otras páginas de este mismo número, Nicolás Medina Mora analiza con información e inteligencia un segundo capítulo del pacto. Se trata de la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, irregularidad aceptada por el PRI y por el PAN. El INE ha reconocido ya que se equivocó al respecto. Parece claro que hubo algún tipo de complicidad del gobierno de Peña Nieto en el enjuague. Recuérdese que la asignación de diputados de representación proporcional y la formación de grupos parlamentarios se hicieron mucho antes de la toma de posesión de López Obrador.
Ahora bien, siempre se supo que el pacto incluyó un tercer capítulo que, sin embargo, no se ha estudiado con la misma profundidad. Es el capítulo del manejo gubernamental de los votos utilizando el comportamiento de su propio partido, el PRI.
Varios estrategas de la campaña del Frente opositor de 2018, y algunos expertos que participan ahora en las discusiones técnicas de la coalición Va por México, han señalado una singular coincidencia que constituye el meollo de ese tercer capítulo, a saber:
Los estados de la república donde AMLO logró un porcentaje significativamente superior a su promedio nacional de 2018 se correlacionan extrañamente con la pertenencia política del gobernador: todos, con la excepción de Tabasco, eran gobernados por el PRI. Tabasco, el estado natal de López Obrador, votó, lógicamente, de manera abrumadora a favor de su hijo pródigo.
El ejemplo más notable fuera de Tabasco es Tlaxcala, donde López Obrador obtuvo el 70 por ciento del voto, 18 por ciento más que su promedio nacional. El gobernador de Tlaxcala era del PRI. El candidato presidencial del PRI había recibido 4 por ciento menos votos que su promedio nacional.
Sobresale también el caso de Oaxaca. Allí López Obrador obtuvo 65 por ciento del voto, 12 por ciento más que su promedio nacional, y era gobernador del estado gracias al gobernador priista Alejandro Murat. Siguen en muy altas votaciones para el candidato López Obrador el estado de Guerrero, con 63 por cient (gobernador: Héctor Astudillo, del PRI; Campeche, con 61 por ciento (gobernador: Alejandro Moreno, del PRI); Chiapas, con 61 por ciento (gobernador en los hechos: Manuel Velasco, Verde-PRI); Hidalgo, con 60 por ciento (gobernador: Omar Fayad, del PRI); Sonora, 59 por ciento (gobernadora: Claudia Pavlovich, del PRI).
Si pudiéramos realizar el mismo estudio en algunos de los grandes municipios del país, encontraríamos resultados semejantes.
No parece razonable pensar que todo esto sucedió por azar, por el factor impredecible de toda elección democrática. Podemos pensar en México, atenidos al comportamiento real de las elecciones, que los gobernadores priistas de los estados de que hablamos le acarrearon votos a AMLO, gracias a las instrucciones que recibieron de su jefe, el presidente priista, que pactó este comportamiento con AMLO. Mediante este procedimiento, López Obrador puede haber recibido dos o tres puntos “extraelectorales”. No más, pero tampoco menos.
Hay ejemplos del comportamiento descrito, que incluyen casos donde el gobernador no era priista, pero pudo haber sido parte implícita o formal del pacto.
La primera anécdota proviene de Sonora, de las elecciones municipales de Ciudad Obregón (Cajeme) y de Hermosillo, dos ciudades centrales del estado norteño. El candidato independiente a la alcaldía de Cajeme, Rodrigo Bours, y el aspirante priista a Hermosillo, Ernesto de Lucas, llevaban una buena ventaja en las encuestas. El primero en una ciudad, Cajeme, donde la familia Bours tiene una presencia empresarial y política casi legendaria. El segundo, en la capital del estado, Hermosillo, ciudad menos morenista imposible. Sin embargo, en los días previos a la elección se dio una movilización masiva de votantes priistas a favor de López Obrador y de Morena que condujo a la derrota de Bours en Cajeme y de Lucas en Hermosillo, en contiendas que tenían ganadas. La gobernadora priista de la entidad, según esta versión, habría inducido dicha movilización para cumplir el pacto Peña Nieto/López Obrador y para garantizar, vía una alianza tácita con Morena, la elección de una candidata priista a la senaduría de primera minoría.