Stefan Zweig, en su extraordinaria biografía de Fouché, cuenta que Napoleón Bonaparte se quejaba de la política, a la que se refiere como la “nueva fatalidad”, la “fatalité moderne”. Pensaba, seguramente, en la política realmente existente, la que no ha cambiado tanto desde hace 200 años, la que se apoya en la demagogia, las intrigas, los acuerdos bajo la mesa y las especulaciones.
Los acontecimientos posteriores a las elecciones del pasado 1º de julio han sido vistos, con frecuencia, desde el punto de vista de la fatalité moderne: resaltan la personalidad política de los hombres y mujeres del futuro equipo de gobierno; y los dichos, promesas, pifias, aciertos discursivos y contradicciones del presidente electo.
Es cierto, prácticamente todos los días hay nuevos anuncios de nombramientos, programas y definiciones. Parecería que hay demasiadas promesas, pero también poca claridad en su instrumentación. Desde este punto de vista, el cambio parece incierto. Se presta por tanto a interpretaciones extremas: o bien presagian su fracaso; o estamos frente a un futuro gobierno que podrá realizar cambios de fondo y construir un nuevo país.
En el primer sentido se destacan los compromisos de López Obrador con los empresarios; medidas como la reubicación de las secretarías de Estado, que se considera irrealizable; sus programas sociales, que parecen insuficientes; su posición conservadora en materia fiscal; y su aparente deseo de concentrar el poder a través de las llamadas coordinaciones estatales. Algunos de plano lo pintan como un priista de viejo cuño.
Por el otro lado, quienes tienen una visión más optimista, subrayan su resolución para cancelar la reforma educativa; algunos rasgos de su programa frente a la violencia y la pacificación, como la posible legalización de algunas drogas y la importancia que le ha conferido al tema de las víctimas y los desaparecidos; su determinación para no permitir ningún acto de corrupción; el anuncio de una política salarial distinta; y, en fin, sus intenciones de echar a andar la economía con nuevos proyectos, por ejemplo reactivando la agricultura en el sureste del país.
Ese optimismo se basa también en la determinación del próximo presidente; en la fuerza otorgada por 30 millones de votos; y en la debilidad de sus adversarios, principalmente los partidos políticos, que llegan muy disminuidos, con poca fuerza y sobre todo envueltos en una crisis severa de identidad y rumbo.
Frente al escepticismo y la confianza en las personas, hay que encontrar lugar para otra visión, una visión histórica, menos anecdótica, para entender los acontecimientos actuales y futuros. Esta forma de ver las cosas se basaría en una perspectiva de más largo plazo que tome en cuenta no sólo lo que ha pasado desde el 1º de julio sino mucho más atrás: un panorama, por lo menos, de varias décadas.
Creo que este enfoque de larga duración está haciendo falta para no perdernos en los recovecos de la fatalité moderne, de la política entendida como especulación y yerros o aciertos personales.
Así, para tratar de comprender a dónde vamos o a dónde podemos ir, quizás sea necesario reflexionar en qué situación nos encontramos ahora y cuáles son los orígenes de la catástrofe actual, nuestro presente.
Para empezar, habría que tomar en cuenta que el país está en una situación extrema. En una crisis que no se había observado desde los primeros años del siglo XX. En primer lugar, la violencia cotidiana que parece perder significado y trascendencia y que, sin embargo, representa una tragedia humana de grandes dimensiones y una amenaza a la viabilidad de la nación y a su soberanía.
En segundo lugar, y ligado a lo anterior, la extrema debilidad de las instituciones del Estado. Corroídas por la corrupción, infiltradas por el crimen organizado y ahora parte integrante de las mafias que se disputan el control de los territorios, las vidas y las ganancias ilícitas.
En tercer lugar, la rendición del Estado a la globalización, a los dictados de los mercados, sobre todo mediante la integración al TLCAN. Conocemos sus resultados: un crecimiento económico débil; enormes desigualdades regionales; una transferencia brutal de valor y riqueza del trabajo al capital; pobreza crónica en amplios sectores de la población; y el saqueo persistente de los recursos naturales de las comunidades.
Detengámonos aquí, en estos tres rasgos. Y quizás veamos que no sólo nos explican los resultados electorales del 1º de julio sino sobre todo el perfil de una sociedad y un país que apenas sobrevive.
Las razones de este desastre apenas las hemos entendido. Todavía no está muy claro el tamaño y la profundidad del fenómeno de la violencia y la impunidad. Nos hemos quedado en lo superficial, las pugnas de las bandas del narco, las inmensas ganancias que deja ese comercio ilícito. Pero hay todavía muchas cosas qué explicar. Tantas que ni siquiera la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se ha aclarado, como un ejemplo de lo mucho que desconocemos sobre este asunto.
Lo mismo sucede con la debilidad de nuestras instituciones. ¿Cómo pasamos de un Estado fuerte, autoritario, déspota pero capaz de mantener una paz social como la que observamos durante varias décadas, a un régimen que no puede ni siquiera poner un mínimo orden en amplias zonas del país?
En el caso de la subordinación a la globalización, sabemos quizás un poco más, pero hemos discutido poco sus efectos sobre la democracia, el sentir de la sociedad y la liquidación de las instituciones.
Si tomamos esta perspectiva, tendremos que recodar lo que escribió Marx en El 18 Brumario de Luis Bonaparte: “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado”.
Por ello, si no entendemos cabalmente ese pasado, difícilmente podremos advertir las coordenadas de la historia que ubican estos momentos de grandes incertidumbres.
En las próximas semanas y meses veremos cómo las palabras se convierten en hechos. Lo deseable sería que se avanzara en la búsqueda de una mayor soberanía nacional; en una democracia basada en el respeto de los derechos humanos; y en una amplia libertad de expresión y manifestación.
Para ello se requeriría poner cierta distancia con el esquema de integración con Estados Unidos, no sólo en materia económica y financiera sino también en lo que se refiere a la seguridad hemisférica, la lucha contra las drogas y el crimen organizado. Una política de seguridad independiente de Washington podría sentar las bases de una reconstrucción de las instituciones públicas.
Por su parte, una estrategia basada en el reconocimiento, aplicación y ensanchamiento de los derechos de la gente podría traer un poco, al menos un poco, de mayor tranquilidad. Con base en ello, tendría sentido una política redistributiva que acelerara el crecimiento económico mediante un aumento de la demanda interna.
En una sociedad de mercado y bajo un sistema político de democracia representativa que está en crisis en el mundo pero que sigue vigente, éstos podrían ser los límites y posibilidades del cambio que puede encabezar el nuevo gobierno.
En resumen, si atendemos el curso más amplio de la historia, quizás lo que esté en juego sea un proyecto más modesto desde el punto de vista ideológico, pero de una gran trascendencia para la vida de los mexicanos pues podría darle un poco de oxígeno a un país que se ahoga en la inseguridad, las carencias y el desgobierno.
De ahí también la dimensión de un posible fracaso: significaría no sólo la vuelta de los neoliberales sino también el agravamiento de una crisis que ya no tendría salidas democráticas y pacíficas.
A final de cuentas, cualquiera que sea el futuro, la crítica y la movilización popular son los recursos que nos quedan. El próximo gobierno puede abrir una oportunidad mayor para que corra libremente la insurgencia ciudadana. Habría que aprovecharla.

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