En muchas localidades rurales e indígenas de nuestra región, los pueblos tienen la costumbre de que nunca dejan que el comisario haga sólo las gestiones para el bien de la comunidad. Por decisión comunitaria, siempre lo acompañan varios ciudadanos como una medida de precaución. Así evitan que la autoridad se venda y se corrompa. Esta medida es muy efectiva puesto que asegura una vigilancia puntual a las acciones de los comisarios municipales, a la vez que éstos se reconocen apoyados realmente por sus comunidades.
Algo similar podemos hacer este 3 de julio, que tiene que prolongarse a lo largo del ejercicio del nuevo gobierno que se ha elegido por decisión de la mayoría. Sea quien sea, sea quien haya sido elegido, no podemos dejarlo a que gobierne solo. Del ejercicio democrático de elegir, ahora tenemos que pasar al ejercicio democrático de decidir. Esta es una cuestión ineludible a propósito del nuevo gobierno: ejercer la autoridad de cara a la sociedad y con la sociedad, pasando de una democracia representativa a una democracia participativa.
Para que esto sea posible, se necesitan nuevas reglas, nuevas actitudes y una nueva forma de concebir la política. Estamos hablando de la reforma del Estado, que implicaría una nueva Constitución que adecuara a las instituciones a las necesidades reales de la sociedad en toda su pluralidad. A leguas vemos que nuestras instituciones han quedado rebasadas ante los graves problemas nacionales: la extrema pobreza no tiene respuestas proporcionales a su gravedad y amplitud; la violencia producida por la delincuencia organizada tiene paralizadas a las autoridades; la administración de la justicia tiene escasos resultados; la corrupción adquiere nuevas formas; la burocracia no cede sus privilegios.
¿Qué es lo que sí funciona en México resolviendo los problemas y construyendo respuestas al alcance de todos? Esa es la cuestión. Frente a un Estado inoperante, donde los partidos y el gobierno han dado la espalda a la sociedad y no han tenido la capacidad de destrabar juegos de intereses, que tienen al país en situación de alto riesgo, se necesita una reforma del Estado que lleve a una nueva forma de ejercer el poder público, a reconocer el protagonismo de la sociedad civil en la determinación de las políticas públicas y que promueva y respete los derechos humanos de todos.
El día siguiente de las elecciones tenemos que levantarnos con el pie derecho de la participación ciudadana, sin la cual todos los cambios siguen siendo mera ilusión así vengan de gobiernos de centro, de izquierda o de derecha. Estamos hablando de la subjetividad social, sobre la cual se puede construir, de manera real y no sólo formal, la soberanía del pueblo. El pueblo es soberano cuando está organizado, cuando es sujeto de su propio destino y cuando no permite que se le trate como objeto de uso o de abuso.
La participación ciudadana tiene que transitar hacia el terreno de la toma de las decisiones superando los límites de los procesos electorales, como una forma necesaria para avanzar en la construcción del proyecto de nación que integre solidariamente a todos y no excluya a nadie. De ninguna manera podemos los ciudadanos dar por concluida nuestra participación al haber entregado nuestro voto en las urnas. Allí concluimos una fase de nuestra participación e iniciamos otra fase tan necesaria como la anterior. Después de haber elegido a nuestros representantes, tenemos que convertirlos en servidores públicos mediante mecanismos de toma de decisiones en los cuales ellos ejecuten lo que la sociedad les encomiende y les urja.
Aquí es donde necesitamos un nuevo ordenamiento jurídico que convierta a los gobernantes en servidores y le devuelva la soberanía al pueblo. Necesitamos reglas que no permitan que los partidos invadan el espacio de las decisiones que le toca a la sociedad y que nos permita poner en su lugar a los mismos partidos políticos.
Pero necesitamos que los ciudadanos comencemos por creer en nosotros mismos, en nuestra capacidad de convertirnos en sujetos, de hacernos escuchar, de influir sustancialmente en las decisiones públicas. Necesitamos una cultura en la que la participación se convierta en el punto de partida para organizar la vida pública y para que funcionen las instituciones con un sentido social y solidario.
Hoy, 3 de julio, amanecemos con un nuevo gobernante electo. Eso no cambia nada si los mexicanos seguimos pensando y actuando como súbditos. No somos súbditos, somos ciudadanos, corresponsables de lo que pase en el país en estos seis próximos años. Aprendamos de la democracia de los campesinos, de aquéllos que cuidan a sus autoridades para que no de corrompan y las traen asoleadas cumpliendo las tareas que las asambleas les encomiendan.