En la actual administración federal, con la coartada de las mal llamadas reformas estructurales para modernizar el país, el de aumentar el crecimiento económico e incorporar al país de lleno a la globalización, se ha disminuido en gran manera en los hechos la atención a la problemática ambiental.
Debe comprenderse que las causas de los problemas ambientales del país son considerablemente complejos y su solución a veces lo es más aún. Resolver los problemas ambientales se vuelve mucho más complejo cuando las decisiones en materia de política ambiental se enfrentan a tendencias, inercias y decisiones a partir de valoraciones de política económica.
Dicen que el amor se expresa en el presupuesto. El sector Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, de manera crónica, ha tenido un presupuesto insuficiente para la grave problemática ambiental del país. El monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), autorizado en 2018, con el que cuenta el sector, asciende a 37 mil 580.6 millones de pesos. Esto representa mil 522 millones de pesos más que el PEF 2017 aprobado, un 4.2 por ciento más en términos relativos. Sin embargo, en términos reales, con una inflación estimada para el 2018 de 4.89 por ciento, existe una reducción real de menos 0.9 por ciento (reducción de 315.6 millones de pesos respecto al 2017).
El resultado ha sido no sólo la caída de la inversión para la protección ambiental, sino también un grave desmontaje de capacidades del sector, ya que la cancelación de plazas afectó a oficinas centrales, delegaciones, direcciones regionales y gerencias, especialmente en las áreas especializadas y operativas. La consecuencia evidente es que se ha presentado una verdadera desprofesionalización del sector ambiental y de los recursos naturales.
El pasado 1 de septiembre fue entregado al Congreso de la Unión el 6º Informe del Gobierno Federal. Para tratar de comprender los alcances de lo ahí presentado, se ha contrastado la información estadística del informe, con los seis objetivos y 17 indicadores del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 alineados al Plan Nacional de Desarrollo.
De entrada, se considera que las metas de los 17 indicadores distribuidos en los 6 grandes objetivos tienen gran incertidumbre de lograrse. Se infiere que tres de los seis principales objetivos del programa no se van a alcanzar en 2018. Se trata de los objetivos 1, 2 y 4, los otros tres objetivos 3, 5 y 6 será de manera parcial. Explicaré, por razones de espacio, sólo los objetivos 1, 2 y 4 que no se van a alcanzar, y que en opinión de un servidor son de los más relevantes por su impacto en la naturaleza y las personas.
El objetivo 1, “Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente” no se va a lograr debido a que sus tres indicadores tienen metas que se observan poco factibles de alcanzar con lo hasta ahora realizado. Se explica:
El primer indicador dice que al 2018, el 2.14 por ciento del Producto Interno Bruto será el valor de la producción de los bienes y servicios ambientales, aquellos que protegen y benefician al medio ambiente, hasta el 2016 estaba en 1.06 por ciento del PIB, desde el 2017 no está disponible.
El segundo indicador plantea una meta de generar un millón de empleos verdes al 2018. En el informe se señala que existen 874 mil 372 empleos verdes al 2017. Es decir, desde el 2013, cuando se tenía un registro de 695 mil 409 empleos verdes como línea de base, se habrían generado sólo 178 mil 963 mil empleos verdes. A ese ritmo lograr los 125 mil 628 empleos verdes para la meta al 2018, se observa muy cuesta arriba con el bajo crecimiento económico del país.
El tercer indicador se refiere a la intensidad del carbono. La meta es que con menos toneladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidas se produzca más en la actividad económica. Sin embargo, se deberá esperar hasta los datos del siguiente inventario de GEI, que en unos días se dará a conocer, para saber si efectivamente esto sucede.
El siguiente objetivo, que también se observa difícil de cumplir, es el 2: “Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero”. Simplemente, sus tres indicadores no se lograrán al 2018.
El primer indicador del objetivo 2, es el relacionado a estimar el aporte del sector ambiental en la reducción de la vulnerabilidad de los ecosistemas y de la población ante fenómenos relacionados con el cambio climático, este índice agrupa un conjunto de variables que reflejan las acciones del sector para conservar, restaurar y manejar sustentablemente el capital natural; así como el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura relacionada y contribuir a la protección de la población. En el año 2013, como línea de base, se tenía un valor de 0.2; la meta del índice es un valor de 0.60 en el año 2018, el último valor del año 2017 fue de 0.49.
El segundo indicador es el de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) per cápita. Se trata de lograr reducir las emisiones de GEI per cápita es la meta, pero al igual del indicador de intensidad del carbono del objetivo 1, depende también de los datos del siguiente inventario de GEI, para saber, si efectivamente se reducen las emisiones per cápita y en que magnitud. Es decir, existe gran incertidumbre en tener éxito.
El tercer indicador es poco factible de alcanzar. En 2013, como línea de base, se contaba con un 33 por ciento de la superficie del territorio nacional con un programa de ordenamiento ecológico o un programa de desarrollo urbano formulado, que tenía integrado estrategias y/o criterios de mitigación y/o adaptación al cambio climático; la meta era alcanzar al 2018, un 75 por ciento de la superficie. El informe señala que al 2017 se tiene alcanzada una meta de 55.9 por ciento de dicha superficie. Se trataría de que al 2018 creciera 19.91 puntos porcentuales, algo poco probable, si se observa que una cifra similar se logró en 5 años.
Otro objetivo que se observa de difícil cumplimiento es el 4: “Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural”.
Sólo uno de sus tres indicadores del objetivo 4, se logrará al 2018. Se trata del indicador, que tiene como meta lograr al 2018, 17 por ciento de porcentaje de la superficie terrestre y de aguas continentales, así como 10 por ciento de zonas marinas y costeras dedicadas a la conservación. Esto, mediante sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación y manejo sustentable de los recursos naturales. El informe señala que se tiene 16.29 por ciento de superficie terrestre y de aguas continentales protegida, así como 22.29 por ciento de zonas marinas y costeras protegidas. Esto sin obviar, que muchas de estas superficies bajo el régimen de área naturales protegidas son virtualmente de papel, ya que carecen de programas de manejo, personal y recursos para atenderlas. Con presupuestos acotados se pretende administrar mayores superficies de áreas naturales protegidas, dudoso que esto sea efectivo.
El segundo indicador tiene como meta de producir 45 mil 682 millones de pesos en actividades económicas en el 2018, que están asociadas a un uso sustentable de los recursos naturales. Por el valor dicha meta se observa lejana. Esto, debido a que el informe indica que en 2017 la producción ronda los 29 mil 711 millones de pesos, es decir se requieren un incremento de 15 mil 971 millones de pesos hacia el 2018. De manera fundamental esta meta se apoya en la premisa del desarrollo forestal en el país. Sin embargo, la producción forestal maderable se encuentra en 9.1 millones de metros cúbico rollo al 2017 y es improbable que se alcance la meta oficial de 11 millones de metros cúbico rollo de producción forestal maderable al 2018.
En la meta del tercer indicador se observa difícil pero no imposible alcanzarlo, ya que se debe hacer también un gran esfuerzo. Se trata del indicador de superficie rehabilitada o con acciones de restauración, que conforme al informe tiene una superficie acumulada a junio de 2018 de 982 mil 914 hectáreas. Es decir, un porcentaje de avance de 88.0 por ciento, con relación a la meta sexenal de un millón 116 mil 500 hectáreas al 2018. Entonces, se requeriría rehabilitar 133 mil 586 hectáreas adicionales para fines del 2018. Habría que conocer los datos finales de este año. Finalmente, el tema es más cualitativo, si la superficie restaurada en realidad está realmente restaurada. Pero este es un tema siempre polémico.
En síntesis, la información aportada en el informe preocupa, ya que se puede concluir que para el 2018 se está lejos de las metas programadas más relevantes en materia ambiental. Incluso con indicadores seleccionados por las propias autoridades, que evalúan más el desempeño del gobierno y no el impacto real en beneficio de la naturaleza y las personas. No se tienen buenos resultados respecto a los temas relacionados al crecimiento verde, al manejo sostenible de recursos naturales, así como probablemente a la mitigación y adaptación al cambio climático.
Existe, sin duda alguna, una relación directa entre estos resultados y la inversión pública realizada en el sector Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto significa que no sólo se debe mejorar la calidad del gasto, reorientar programas, hacer incluso nuevos programas, sino también fortalecer sus distintas áreas muy debilitadas en personal técnico en las entidades federativas, o de plano impulsar ordenadamente en estos próximos seis años, la transferencia de atribuciones a los gobiernos de las entidades federativas, que tampoco se les observa muy comprometidos en lo general con la cuestión ambiental. Lo que no sería correcto es continuar debilitando presupuestalmente al sector, continuar desapareciendo plazas de profesionales que realizan labores sustantivas en las diversas instituciones del sector, cuando a gritos se observa, que se requieren más personal técnico especializado en las ciencias ambientales, y por supuesto, bien pagado conforme a sus capacidades y responsabilidades.
Por todo ello anterior, insistiría en plantear una trasformación del modelo de gestión ambiental, para que realmente contribuya a que el desarrollo nacional, sea sustentable, y considerar con ello en las políticas públicas ambientales y de los recursos naturales, como un componente fundamental de las estrategias de este.