Abarca reparte culpas

Refugiado en las instalaciones de la 27 Zona Militar, el gobernador Raymundo Abarca Alarcón declara al diputado César del Ángel como único responsable de la matanza de Acapulco. Lo mismo había ocurrido en 1962, luego de la masacre de ocho campesinos en Iguala, de la que hará responsable a Genaro Vázquez Rojas, líder de la Asociación Cívica Guerrerense. Y tan sólo meses atrás, cuando culpe a Lucio Cabañas del acribillamiento de ocho campesinos en Atoyac Álvarez, “cazados” en realidad por la Policía Judicial.
El legislador veracruzano rechaza los cargos del gobernante estatal y le responde haciéndolo responsable del suceso al que califica como una “celada premeditada”. Abarca, en calidad de autor intelectual y ejecutantes sus amigos, un selecto grupo de asesinos de ambas costas. Todos amparados con credenciales de funcionarios gubernamentales y agentes de la policía estatal.
Tras la ocupación del edificio de la URPC y el arresto de todos los varones encontrados aquél día en sus instalaciones, los soldados del Ejército mexicano, a cargo de la operación, decomisaron un arsenal que algún periodista calificó en aquél momento, sin exagerar, como suficiente para iniciar una revolución en el Cono Sur. Algunas todavía humeantes.
–22 pistolas calibre 380.
–30 pistolas calibre 38 súper.
–6 escopetas cuatas.
–70 rifles M-I.
–20 rifles M-2.
–15 ametralladoras Mendoza.
–15 máuseres.
–27 dagas y puñales.

Los detenidos

El comandante de la 27 Zona Militar, Salvador del Toro Morán, ordena que las mujeres y niños abandonen rápidamente el edificio y que todos los varones sean acordonados para ser conducidos al cuartel militar, junto al Fuerte de San Diego. Allí, y de acuerdo con las formalidades de ley, le serán entregados al Ministerio Público.
Los actores principales de aquel sangriento drama caminan cariacontecidos y patidifusos y el diablo que se los creyera. Jesús Flores Guerrero, Eligio Serna Maciel, Severiano Ibarra Rivera y Amador Campos van seguidos de un racimo de horca y cuchillo integrado por “los invitados de honor al festejo”, como se llamaron los hermanos Gallardo Solís, Gonzalo, Demetrio Luis e Isabel. Los siguen Gerardo Chávez El Animal; su expresión es de dolor, pero no por tanto muerto, sino por el ojo izquierdo de su zanca El Zanatón, vaciado por el disparo de Vejar González. Los 44 agentes de la Policía Judicial, cuya presencia seguirá negando el gobernador, marchan con aire triunfal y en espera de las recompensas prometidas. Catorce de ellos serán liberados aquella misma tarde, acatando órdenes telefónicas del general Jesús Parra y Marquina, director estatal de seguridad. “S’orns, jefe!”.
El castigo para el diputado César del Ángel esperará hasta que quede sin fuero constitucional. Cumplida la orden de aprehensión, dictada por un juez de Chilpancingo, el reo será internado en la prisión de la capital del estado, donde se le procesará. Otras matanzas en Guerrero lo sacarán del escrutinio público, hablándose de que sólo permaneció encerrado un año o año y medio para volver enseguida a su tierra. Hoy mismo, como ya se dijo en los primeros renglones, un Del Ángel setentón sufre encierro en Veracruz, acusado de estropicios provocados por su agrupación de los 400 Pueblos.

Los saldos

La prensa manejó al día siguiente saldos funestos imprecisos, en tanto que procedían de un primer recuento, fluctuando entre 21 y 27 las personas fallecidas y una cincuentena de lesionados. Números nunca redondos y tampoco certeros en razón de que no pocos campesinos lesionados fueron llevados a sus lugares de origen. Algunos morirán y quienes sobrevivan no querrán recordar jamás la traumática experiencia. Para zafarse, además, de los cargos criminales urdidos contra los disidentes por parte del gobierno del estado.
El procurador de Justicia, Horacio Hernández Alcaraz, acata órdenes del gobernador al dictar órdenes de aprehensión contra Julio Berdeja Guzmán, César del Ángel y junto con ellos Lucio Cabañas Barrientos (!), Alejandrina de los Santos, dirigente de la Unión de Mujeres Democráticas del municipio de Coyuca de Benítez; Ángel Serrano Pérez, Félix de la Cruz, Esteban Aparicio, Ladislao Mena, Julio Campos y Luis Vargas Mena. Todos “por haber sido señalados como las personas que el día de los hechos se presentaron en la avenida Ejido, con la finalidad de tomar por la fuerza el edificio de la URPC”.
La 27 Zona Militar ofrecerá enseguida una cifra de 40 fallecidos en el lugar de los hechos, explicando que muchos de ellos habían sido recogidos por sus familiares usando camionetas de alquiler para los traslados. Aunque algo similar pasó con los lesionados, el número de ellos quedó establecido en 120 hombres y mujeres. Las identidades de unos y otros, salvaguardadas en un principio por miedo de la represión gubernamental, irán surgiendo con el paso de los años y muchas de ellas se harán públicas gracias al señor José Luis Salas Pérez, quien ocupará más adelante la presidencia de la URPC.

Las caídas

Clara y Crescenciana Berdeja Guzmán, hermanas de Julio, el líder opositor; Alondra Murga Román, Petra Salas Diego, Inocencia Murga López, Prisciliana Peña Gómez y Carmen Arredondo

Los caídos

Alberto Vejar González, Martín Cabrera, Eulogio Carmona Arredondo, Cornelio Carranza, Arnulfo Irra, Manuel Hernández, Carlos Iturburo, Luis López, Inocencio Murga López, Teódulo Murga, Gelasio Ozuna Mendoza, Macario Ozuna, Gonzalo Soberanis Palma, Eladio Valdovinos, Manuel Rodríguez y Juan Zúñiga Bracho.

Castigo para Abarca

El Consejo del Pueblo de Guerrero se presenta con un manifiesto en el que demanda castigo para los autores de “la matanza de la coprera del 20 de agosto de 1967”, como queda referida en la historia reciente de la entidad.
En esa fecha, dice el documento, se escenificó la más descarada y sangrienta agresión contra los campesinos productores de copra por parte de la Policía Judicial, grupos de bandoleros y guardias blancas al servicio del gobierno estatal y de los caciques acaparadores de copra.
Fueron el gobierno de Raymundo Abarca Alarcón y los caciques acaparadores de copra quienes premeditadamente prepararon el crimen. El Consejo de Autodefensa se suma al clamor popular y demanda la consignación judicial de Raymundo Abarca Alarcón, Jesús Parra Marquina (director de Seguridad Pública), Jesús Flores Guerrero, Eligio Serna Maciel, Rosendo Ríos, Raúl Fernández y Rigoberto Pano como principales responsables de la masacre de campesinos.
Por cierto, la detención de los dirigentes de la URPC, el día de los hechos, “fue más breve que si los hubieran agarrado miando en la calle”, protestó doña Petra Dimayuga.

Amador Corona

Amador Corona y Roberto Balderas, fotógrafos de los diarios La Verdad y Revolución, respectivamente, fueron las dos únicas cámaras que captaron el sangriento drama en todo su cruel dramatismo.
Algunas gráficas de ambos fueron de “primera plana” para cualquier diario del mundo. Una de Coronita lo fue, efectivamente, distribuida por la agencia de noticias United Press Internacional (UPI). Mostraba en primer plano cuerpos inertes tocados por las balas y al fondo un repliegue empavorecido de campesinos. La propia UPI envió aquella toma a un certamen anual de la especialidad y ahí fue declarada como una de las gráficas más oportunas y dramáticas de la prensa mundial en 1967.
El profesionalismo, la oportunidad y el arrojo del fotógrafo acapulqueño fueron premiados con un diploma y un “puñito” de billetes verdes, de 34 pesos mexicanos cada uno, mismos que agotaron los (al)colegas la misma noche de la recepción.

Roberto Balderas

Roberto Balderas Portillo, por su parte, era reportero gráfico del diario Revolución de don Pedro Huerta Castillo. El narró en entrevista algunas de las situaciones que vivió durante aquella “fiesta de balas”, rechazando que haya sido un batalla y sí una masacre cruel y despiadada. “Cuando empezaron a tirar de arriba del edificio yo salía, detrás de un coche, y empezaba a dar clicks. Me escondía y al rato de nuevo click… click… click”. Roberto logró así, por ejemplo, las fotos del niño vendedor de paletas masacrado y lo mismo de las hermanas del líder Berdeja.
Antes de iniciar la refriega, Balderas había estado en el interior de la coprera, ello gracias a una contraseña otorgada por los organizadores: un cañuto, o pedazo de caña, lo que le permitió amplia movilidad en toda el área.
Narra: “Subí a la primera planta y estaba llena de armas y parque lo mismo que la azotea. Allí me encontré con el licenciado Flores Guerrero quien, alarmado, me preguntó qué hacía yo ahí. Y le dije la verdad: ‘señor, vine a cobrarle las fotos que me debe y en cuanto me pague me voy’. ‘Ahorita estoy muy ocupado, date tu vueltecita’, me despidió”.
Al bajar al primer piso, el reportero se topa con su director, don Carlos E. Adame, quien le urge que lo acompañe a la salida porque “esto se va a poner muy cabrón”. Será en ese momento cuando empiece la balacera. Balderas empuja a su jefe al interior de un baño y ahí permanecerán, “oliendo caca”, hasta que lleguen los soldados. Los jefes militares conocían muy bien las relaciones del general comandante con la prensa, así que director y reportero pudieron salir sin ninguna dificultad. Don Carlos, colgada una cámara del cuello.