Después de realizar una jornada de 40 días de oración por la paz, los habitantes de la cabecera municipal y de algunas comunidades cercanas como San Antonio, Valle Luz, San Francisco y Los Huajes, salieron a las calles en procesión llevando como sus escudos las imágenes de la Virgen de Guadalupe para pedir por la paz y armonía.
Ante la incapacidad de los tres niveles de gobierno para garantizar seguridad al municipio de San Miguel Totolapan, el cual ha padecido por varios años la embestida del grupo delincuencial denominado Los Tequileros, que se ha asentado en La Gavia, la comunidad se organizó y creó su propia autodefensa.
Frente a esta manera de resolver con las armas la amenaza generalizada de Los Tequileros que ha costado muchas vidas, desplazamientos forzados de familias, secuestros y extorsiones, las autoridades del estado optaron por enviar efectivos militares, Policía Federal y Estatal para impedir la organización de las y los pobladores y para establecerse como una fuerza de contención.
Esta situación desencadenó un malestar mayor y provocó una reacción virulenta en varios municipios de la región. La gente de la cabecera municipal se organizó para impedir la entrada del Ejército y los policías, bloqueó las entradas a la cabecera y se instalaron barricadas para poder contener, pero la decisión estaba tomada: las fuerzas represivas del Estado tomaron la cabecera municipal.
Entre los habitantes se abrigaba el consuelo de que con esa fuerza con la que entraron, llegarían a La Gavia para detener a Raybel Jacobo de Almonte y desmantelar su organización. Todo quedó en una vana ilusión porque las fuerzas federales y estatales llegaron solamente para instalarse en la cabecera.
El 19 de junio, policías federales provenientes de la Ciudad de México incursionaron al filo de las 2 de la mañana en la región de La Gavia implementando un operativo sorpresa. Al llegar a San Antonio –donde se encuentra concentrada la autodefensa de San Miguel– ignoraron el puesto de control de los pobladores y por la fuerza irrumpieron en su territorio con los carros blindados en los que se transportaban.
No pasaron más de 30 minutos cuando se soltó la balacera. Fue una noche cruenta donde hubo varias bajas, reportándose oficialmente la muerte de tres miembros de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y siete heridos de la misma. Mientras que un presunto integrante del grupo delictivo de Los Tequileros fue abatido, y tres más fueron detenidos.
Esta acción fallida ha dejado una sensación de que las autoridades no sólo están descoordinadas sino que hay posturas encontradas respecto al grupo criminal que opera en la región.
La población ha constatado que las fuerzas que se encuentran asentadas no tienen planeado subir a La Gavia para detener al líder de Los Tequileros, mientras que otras fuerzas especiales llegan sin informar a las autoridades estatales para actuar con todo el poder de las armas, con el fin de desarticular la organización.
En esta semana, los padres y madres de familia que tienen a sus hijas/os en edad escolar no lograron clausurar el ciclo 2016-2017, porque en más de 20 escuelas los maestros y maestras dejaron de dar clases desde enero a causa de la violencia implantada por la delincuencia. Sólo en la cabecera municipal las escuelas clausuraron a pesar de que fue un ciclo irregular porque durante varias semanas los centros escolares prevalecieron cerrados.
En esta situación anómala –donde los hijos e hijas no pueden asistir a la escuela con normalidad, ni los maestros/as pueden impartir clases por temor a ser secuestrados o extorsionados– la población resiente que el servicio educativo no pueda garantizarse por la incapacidad y omisión del gobierno para imponer el orden.
Las mismas comunidades han dejado de viajar con normalidad a la cabecera municipal. Son muy pocos los comerciantes que se arriesgan para llevar sus productos a la sierra.
En las comunidades más alejadas la situación se torna muy grave porque las familias no pueden acceder a la cabecera para abastecerse de lo más indispensable. Empieza a resentirse el flagelo del hambre, la gente tiene que ingeniárselas para sobrevivir con lo que está a su alcance.
La seguridad es imposible alcanzarla en un contexto donde los miembros de la delincuencia son los que patrullan los caminos y controlan las entradas y salidas en las comunidades.
Las familias que viven del campo están abandonadas a su suerte; no tienen clases; los servicios médicos son inexistentes y ni siquiera pueden establecer relaciones comerciales. El transporte público es un servicio de alto riesgo. La vida pende de un hilo y los fusiles asoman en cualquier paraje.
¿Dónde están las autoridades? ¿Con qué finalidad se instala el Ejército y las policías en la cabecera municipal? ¿Por qué la demanda generalizada de la población de desmantelar al grupo delincuencial que los tiene sometidos y de detener a su jefe no es cumplida?
¿Cómo explicar el plan implantado por las autoridades de replegar a la población alzada y neutralizar a las autodefensas sin afectar a la organización que tenía el control de la cabecera municipal?
El desconcierto de quienes habitan el municipio es mayúsculo. La desconfianza en las autoridades ha llegado al extremo y el malestar es muy explícito en las pláticas familiares y de amigos. Esta situación ha llevado a que la población apoye al grupo de autodefensa que es el único bastión que les garantiza cierto nivel de seguridad.
Sienten que las autoridades les han cerrado los caminos para encontrar soluciones adecuadas al problema que enfrentan. Entienden que la presencia de las fuerzas federales y estatales está centrada más en impedir que crezca su organización como pueblo y atemorizar a la gente criminalizando su movimiento de resistencia.
Este domingo más de mil personas convocadas por el Movimiento por la Paz y la Justicia de San Miguel Totolapan salieron en procesión de su iglesia principal a las 11 de la mañana y recorrieron las calles.
Las familias que viven con el Jesús en la boca, ante la amenaza latente de que se susciten en cualquier momento hechos de violencia, a través de este acto religioso tomaron las calles para manifestar públicamente, con oraciones, que siguen en pie de lucha para que haya paz en el municipio.
La fe ahora se ha transformado en un canal de reflexión para expresar un malestar social. Los rezos a los santos son un recurso simbólico para demandar a las autoridades que cumplan su compromiso de proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Las imágenes de sus santos son sus escudos protectores, los emblemas de la resistencia, los símbolos de la paz divina.
Este momento resultó ser una gran oportunidad para demostrar a las autoridades que la población se San Miguel Totolapan no ha bajado la guardia ni se ha resignado al silencio, más bien clama al cielo con sus cánticos y rezos para que los gobernantes miren a los niños/as, a las mujeres, a las personas mayores, a los enfermos, a las y los jóvenes unidos, caminando por sus calles con globos, como la forma más pacífica para ejercer su derecho a la protesta. Fue una hora en que el pueblo peregrinó por sus lugares comunes; tomó la vía pública para no perder lo que es de él y salió rezando y cantando para demostrar que no se inmovilizará ni cesará su exigencia.
A las 12 del día, en la parroquia de San Miguel Arcángel, el pueblo se persignaba para iniciar la misa, y su intención fue también que vuelva la paz en el municipio, el cual ha sido catalogado por las propias autoridades como el más violento, predominando la versión oficial de que en esta cabecera se libra una lucha a muerte entre dos grupos de la delincuencia organizada, colocando a la población dentro de un bando de “los malos” para hacer aparecer a las autoridades y a las fuerzas del orden como el bando de “los buenos” que llegaron como los salvadores del pueblo.
Esta visión está muy lejos de resolver a fondo un problema que se ha enraizado en las mismas estructuras gubernamentales y donde actores estatales de los diferentes partidos forman parte del entramado delincuencial que ha desquiciado el tejido social y que coloca a la población como rehén de los intereses mafiosos, cuyo saldo se paga con vidas humanas.
La narrativa que predomina en la esfera oficial es que la población es la culpable de su propia desgracia, se le cataloga como cómplice del clima delincuencial, se le clasifica dentro de algún bando criminal y se denigra su legítimo reclamo, denostando su lucha auténtica y su forma de organización.
De forma paralela se coloca a los actores estatales como los que buscan el bien de la sociedad que son sumamente celosos de la legalidad y que sus actos están movidos para proteger los derechos de las personas, que no existe en ellos intereses oscuros o turbios, que más bien actúan con mucha generosidad y deseos de hacer el bien.
Su discurso raya en la esfera celestial cuando la realidad los delata de que su perversidad se ha agigantado al grado de que ya no hay límites para ellos entre lo legal y lo ilegal. Tampoco hay fronteras entre la acción delincuencial y la acción gubernamental.
El poder no es para servir sino para delinquir, no es para proteger a la población sino para dejarla inerme en manos de la delincuencia, no es para imponer el orden sino para gobernar en el caos, ante ello, la gente se organiza a contrapelo del poder.