Es de antiguo sabido que cuando se pretende aplazar la solución de cualquier problema, éste y los gobiernos anteriores crean una “comisión de la verdad”. Es la mejor garantía de que cualquier problema duerma el sueño de los justos y nunca se llegue a ninguna solución. Es la declaratoria automática de que ya no se haga nada, las víctimas lo seguirán siendo, los responsables jamás aparecerán, pero será el mejor reconocimiento de que las cosas ocurrieron y nadie será capaz de aclarar, resolver o solucionar.
Hace cuatro años el optimismo del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto respecto de la transformación del país y las llamadas reformas “estructurales” recibió un balde de agua fría, el primero de muchos otros, que sumados se convirtieron en la vergüenza para una administración de gobierno que reaccionó mal y tarde frente a las crisis que minaron un prestigio incipiente y mostraron el verdadero rostro de funcionarios sumidos en la mediocridad y la corrupción. Vendrían después una larga suma de equivocaciones y errores cuyo contundente desenlace fue el resultado de la elección del 1º de julio pasado, en el que Andrés Manuel López Obrador obtuvo el triunfo más contundente de una elección presidencial en la historia de México.
Mañana se cumplen cuatro años de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, sin que a la fecha los familiares de las víctimas se hayan declarado satisfechos con las investigaciones realizadas y los resultados obtenidos.
La llamada “verdad histórica”, la versión oficial sostenida por las autoridades federales, que afirma que los normalistas fueron incinerados en un basurero del municipio de Cocula hasta su pulverización, ha sido cuestionada desde su formulación, unos meses después de los hechos, por los padres de familia, quienes desde entonces la han impugnado ante todas las instancias de justicia nacional e internacional.
Por estos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre lo ya sentenciado por un tribunal colegiado de Tamaulipas, que ordena a la PGR la reposición del proceso y la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia. Mientras las instancias federales de procuración de justicia se han amparado por considerar que existe una imposibilidad jurídica para instalar esa figura, la sentencia mencionada fue ya ratificada por el mismo Primer Tribunal Colegiado de Distrito, y los padres de familia de los 43 esperan que la investigación sea reabierta, e incluso que se integre un grupo como el de expertos independientes internacionales que trabajó hace un par de años en el tema, y que se sume la colaboración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la de instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas en la materia.
Este aniversario tiene lugar en un contexto distinto, pues ocurre cuando un nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, elegido por una amplia mayoría, está a punto de tomar posesión, con una estrategia distinta frente a la criminalidad y con el objetivo claramente anunciado de pacificar el país. Tan fácil, pero tan difícil.
El nuevo régimen tiene también una posición que ha sido reiterada frente a los reclamos de justicia manifestados en distintos lugares del país. “Olvido no, pero sí perdón” ha sido expresado por López Obrador, postura que ha generado polémica y hasta rechazos de quienes se sienten agraviados.
En el foro “Escucha Acapulco”, efectuado el pasado mes en el puerto, organizaciones sociales del estado manifestaron sus demandas de justicia frente a la criminalidad y la impunidad. En la ocasión, el representante del nuevo gobierno y futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, explicó cómo se quiere acabar con la simulación y recuperar los principios de un buen gobierno. Y concluyó con lo que el sentido común y el dolor de las víctimas le inspiró: “Si queremos paz debe haber justicia”.
Lo cierto es que el cambio de gobierno despierta entre la gente nuevas expectativas, esperanzas y reaviva su necesidad de que frente a los agravios que ha sufrido, haya justicia y reparación del daño.
Las próximas semanas y meses les dirán, nos dirán a todos, hasta dónde es posible satisfacer su reivindicación. El panorama se aclara a medida que se acerca el fin del gobierno que ya se fue o que aceptó su debilitamiento sin chistar y llega uno nuevo, cuyas expectativas de respuesta al pueblo son muy altas. Ojalá y la “curva de aprendizaje” sea rápida y lo menos dolorosa posible. El pueblo ya no aguanta más.