En 2016 escribí una columna a favor de los maestros por idénticas circunstancias a las de hoy. No porque creyera entonces, ni crea ahora, que un sindicato esté por encima de la crítica. Ni porque las dirigencias no puedan equivocarse en cuestiones políticas. La escribí por una razón más elemental y, al parecer, todavía necesaria el día de hoy: porque me parecía insoportable la velocidad con que una parte del país podía ponerse del lado de la represión cuando los cuerpos sometidos eran los cuerpos de las y los profesores.
Hoy, como entonces, aunque sea otro el régimen que gobierna, reaparecen los insultos de siempre hacia el magisterio: flojos, revoltosos, privilegiados, enemigos de la libre circulación. El mito del maestro flojo es una de las mentiras más útiles del poder mexicano. Permite borrar de un plumazo la situación real: miles de escuelas sin agua, sin luz, sin internet, sin caminos seguros. Para escuelas primarias, por ejemplo, Mejoredu reportó que en el ciclo 2022-2023 tenía alguna carencia de servicios básicos el 28.2 por ciento de los planteles; eso equivalía a 24 mil 448 de 86 mil 695. Además, 18.1 por ciento carecía de agua potable, 4.9 por ciento no contaba con electricidad, 14.1 por ciento no tenía lavamanos y 346 primarias tampoco tenían sanitarios. El mito del maestro flojo también permite olvidar las aulas multigrado pauperizadas, las comunidades bilingües y apartadas en las que laboran, los salarios castigados y las jubilaciones amenazadas. Permite, sobre todo, convertir un conflicto social en un problema de limpieza urbana previo al Mundial de Futbol. La protesta magisterial vuelve a aparecer entonces como una mancha sobre la postal que el país quiere vender hacia afuera.
Lo que está de fondo son las demandas. La CNTE demanda la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 –impulsada durante el gobierno de Felipe Calderón y no revertida por Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador ni Claudia Sheinbaum–, que sustituyó el horizonte de una jubilación solidaria por el régimen de cuentas individuales; exige además el retorno a un sistema público de pensiones y rechaza las Afores, aumento salarial de 100 por ciento, pagos pendientes y mejores condiciones laborales. En el caso de Oaxaca, la Sección 22 ha puesto también sobre la mesa adeudos como el pago de uniformes escolares y la reforma a una ley estatal educativa que, según el magisterio, lo excluyó de decisiones fundamentales.
Oaxaca sabe demasiado bien cómo opera esa tragedia. En 2006, el gobierno de Ulises Ruiz intentó desalojar el plantón magisterial del zócalo de la ciudad; aquéllo terminó detonando uno de los movimientos sociales más dolorosos de la historia reciente del estado y del país. Entonces, como ahora, se dijo que los maestros molestaban, que ahuyentaban al turismo, que secuestraban la ciudad.
Diez años después, en 2016, Nochixtlán, Oaxaca, dejó de ser sólo el nombre de una comunidad mixteca y se convirtió en una herida nacional. El operativo policial para liberar vialidades del bloqueo magisterial derivó en asesinatos, heridos y una larga exigencia de verdad y justicia. La CNDH terminó calificando aquellos hechos como violaciones graves a derechos humanos y señaló que el operativo de Estado estuvo indebidamente diseñado, preparado, coordinado y ejecutado.
En 2026 la escena se repite con otra escenografía. Maestros de la CNTE intentaron instalarse en el Zócalo de Ciudad de México y fueron contenidos por la policía del gobierno morenista. Un maestro oaxaqueño, Ignacio Ismael Arriaga Villar, originario de Pinotepa Nacional, murió en el plantón, presuntamente por un infarto. En San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, durante las protestas de la Sección 22, se reportaron detonaciones de arma de alto poder contra los profesores y 15 personas heridas. El alcalde morenista Esaú López Quero que ordenó la represión se encuentra separado de su cargo para permitir las investigaciones de la Fiscalía del estado.
La secuencia es brutal por su claridad: 2006, ciudad de Oaxaca; 2016, Nochixtlán; 2026, Ciudad de México y Mitla. Cada década cambia el régimen, pero permanece la operación del poder: borrar las causas reales de la protesta. El Mundial de Futbol no inventa el conflicto, sólo vuelve más incómoda su visibilidad. Lo que incomoda no es que haya maestros inconformes, sino que aparezcan justo cuando el país quiere aparentar lo que no es. El gobierno en turno quisiera ofrecer una ciudad sin lonas, sin maestros durmiendo en el suelo, sin jubilados empobrecidos, sin madres de desaparecidos, sin escuelas rurales, sin pobres interrumpiendo la transmisión. Pero esto no es un país mundialista. Es una fosa.
No se trata de canonizar a la CNTE ni de absolver de antemano cada una de sus decisiones. Se trata de mirar el fondo material del conflicto. La deuda educativa no comenzó con este plantón ni terminará cuando retiren las lonas del Centro Histórico. Está en las aulas multigrado, en los techos de lámina vencidos, en las escuelas sin servicios básicos, en las comunidades donde el maestro es a veces la única presencia regular del Estado en territorios atravesados por la pobreza, la migración, la violencia, la desaparición de menores y el crimen organizado. Por eso el mito del maestro flojo le resulta tan funcional al poder: le permite culpar al trabajador de la ruina que los de arriba han administrado.
Un país que abandona sus escuelas no tiene autoridad moral para escandalizarse cuando sus maestros toman las calles. El problema no es que el magisterio interrumpa la normalidad nacional. El problema es que, en demasiadas comunidades, esa normalidad consiste precisamente en el abandono.