Todo ha cambiado después del sismo, o los cambios que venían en marcha se han acelerado un poco más, dependiendo el tema. El río revuelto sirve para que los pescadores de siempre encuentren más a la mano algunas de sus ambiciones más preciadas, y el resultado que ello habrá de tener es incierto todavía. Lo único claro es que un fin de ciclo político de largo alcance se empatará con el del sexenio.
El horizonte del neoliberalismo se apaga rápidamente. Si ya se cuestionaban las ideas que le daban su carácter de ideología general –el individualismo, la denigración de lo público, la privatización–, el sismo tocó su corazón económico: la falta de inversión pública y en general del Estado como agente conductor no serán sostenibles en este proceso. A menos que las élites estén dispuestas a romper definitivamente al país y tomar graves riesgos, el Estado tendrá que involucrarse activamente en la reconstrucción. La vuelta del Estado es imperativa e inminente, pero los términos en que se va a dar están ahora mismo en disputa.
Hay algunas ideas que estaban esperando su oportunidad para avanzar: propuestas del lopezobradorismo de los últimos 12 años son ahora de sentido común, aunque se tildaran antes de populistas y demagógicas. Lo comprenden perfectamente Ricardo Anaya y Dante Delgado, convertidos en epígonos del tabasqueño cuando recetan eliminar los seguros de gastos médicos mayores, destinar los recursos de los partidos a los afectados por el sismo o una cirugía mayor al presupuesto que incluya la eliminación de gastos para giras, celulares, viáticos, asesores, secretarios, etcétera. Faltó decir que había que vender el avión presidencial y llamarle a su novedosa idea “austeridad republicana”, nada más.
Sin embargo, eso no debe volvernos optimistas: se trata, apenas, de gestos deseables. La agenda de la austeridad ha ganado por el vuelco del tablero que mencioné, pero eso no quiere decir que esté definido que el horizonte post neoliberal será de mayor bienestar e igualdad. Muy al contrario, la coyuntura puede derivar en una reinvención del régimen de las élites, que bien podría ser uno que aumente el gasto público –a partir de esta coyuntura, pues su incremento inicial suele generar inercias–, pero que cierre el acceso a la política e incluso la privatice. Que haga que, para participar en elecciones, haya que tener dinero de la burocracia, una base militante ya muy sólida o el apoyo de grandes empresarios –de la economía legal o ilegal.
A las élites les gusta el discurso antipolítico; sobre todo, a quienes amasan una mayor cantidad de recursos, útiles para comprar clientelas o para premiar a su voto corporativo. La antipolítica lleva a la abstención electoral, y ésta lleva a que se pueda ganar cada vez con menos votos y a que el gobierno se considere un dato irrelevante. Es como si pensáramos: están ahí, son inútiles, lo que hagan es ganancia, pero nosotros nos bastamos y no hay que hacerles mucho caso. No quiero que se me entienda mal. El coraje contra los políticos es entendible, justificable: Graco Ramírez sólo podía recibir mentadas de madre y cosechar su escasa credibilidad; Miguel Ángel Osorio Chong difícilmente podría recoger otra cosa que el mensaje de su falta de autoridad en el zape que le dieron; Peña Nieto tenía que ser llamado a coger una pala y trabajar, pues no ha mostrado el liderazgo que se esperaría de un presidente. Aunque haya gobierno, éste carece de autoridad, de capacidad comunicativa y ascendiente sobre el pueblo.
Pero es muy peligroso que este odio contra los políticos se convierta en odio contra la política, como muchos promueven, para después saltar a las peregrinas ideas de eliminar el financiamiento público a partidos o la representación proporcional. De concretarse estas propuestas, sólo los ricos o experimentados colectores de fondos participarían electoralmente y accederían a cargos de representación popular, mientras la oposición menguaría sustancialmente su presencia en las instituciones. Partidos actuales respaldan la propuesta porque gracias a su fuerza podrían permanecer, pero eso no justifica, de ningún modo, que se cierre la oportunidad para que surjan nuevas opciones.
¿Triunfará esta antipolítica privatizadora o se orientará la discusión hacia la reconstrucción del Estado que debe preceder a la reconstrucción material de las poblaciones devastadas? Depende, quizá, de la forma en que evolucione la movilización de la generación que recién tomó el espacio público.
Sí, esos vilipendiados millennials, de entre 18 y 35 años, que no debemos abandonar la calle que tomamos, la organización forjada dentro y fuera de la Ciudad de México, la solidaridad y la aparición milagrosa de la comunidad nacional que alcanzó a mostrarse. Quienes crecimos bajo el reino ideológico del individualismo, en la normalidad neoliberal, y tuvimos ahora una experiencia comunitaria de una dimensión que no habíamos vivido, con una unión que pocos viejos esperaban.