El mes pasado, el gobierno de México presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, como parte de una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de prevenir y combatir este delito que afecta a la población. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que el Gabinete de Seguridad trabajará en coordinación con autoridades estatales, con atención prioritaria en las ocho entidades que concentran el 66? por ciento de las extorsiones: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Cdmx, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Este es un buen comienzo para reducir este delito, pero no es suficiente. Es necesario que esta estrategia vaya aparejada de otras acciones más con el fin de reducir, paulatinamente este delito y otros más.
El delito de la extorsión va desangrando paulatinamente la economía de las familias, de las comunidades, de los pueblos de Guerrero y hasta de los presupuestos de gobiernos municipales, sobre todo en los territorios en los que la delincuencia organizada ha impuesto sus condiciones económicas a la población. El delito comienza casi siempre a partir de una amenaza, con el fin de someter a las personas o familias al miedo y, aún, al terror. A partir de la amenaza, el delito lleva por un camino de exigencia para arrebatar cuotas de dinero o bienes patrimoniales a las víctimas.
El clima de miedo que la delincuencia organizada genera en la población, la lleva al extremo para que este delito tenga efectos productivos. Este clima está promovido por medio de las amenazas, como el aumento de cuotas, la destrucción de los negocios o las amenazas de muerte. En municipios de la Terra Caliente de Guerrero, la economía está bajo el control de organizaciones criminales, cuando ellos deciden los precios, a quién se vende y a quién se compra.
Fue de tan alto el impacto que tuvo trascendencia nacional el caso de la maestra Irma Hernández, quien tras su jubilación se dedicaba a conducir un taxi en el municipio de Álamo Temapache en el estado de Veracruz, que fue privada de su libertad el 18 de julio de 2025. Su cuerpo fue localizado sin vida seis días después, el 24 de julio, en una zona rural entre los límites de Álamo y el municipio de Cerro Azul, según confirmaron fuentes oficiales. Este caso trascendió en prensa, radio, TV y redes sociales provocando grande indignación en la población.
Pero también tenemos el caso del gran extorsionador, un extorsionador global, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que, con la divisa de buscar la grandeza de la Unión Americana, (“Make America Great Again”), con sus múltiples amenazas a México y Canadá, y a decenas más, incluida la Unión Europea, con la aplicación de aranceles a las exportaciones a su país. Trump está luciendo el gran poder que tiene en sus manos, internamente y en el ámbito internacional. Y dicho poder lo desarrolla de manera arbitraria. Ese poder le abre el camino para vivir amenazando y para extorsionar donde quiere. Hasta ahora se mantiene en la legalidad según las leyes de su país. Ha roto con el multilateralismo buscando fortalecer la economía de Estados Unidos, provocando el enojo de actores nacionales e internacionales, que buscan otros caminos. Es de prever que este embate inmoral de Trump afectará a la economía de su país y, por lo mismo, de México.
En el caso de México, la estrategia contra la extorsión es un pequeño paso que debiera ser acompañado por otras acciones en los sectores educativo y de salud para sanar el miedo, el enojo y el rencor que está contenido en muchos pueblos por los desmanes de la delincuencia organizada, no solo por las extorsiones, sino por otros delitos como desapariciones, homicidios dolosos, desplazamiento forzado.
Y sigo pensando que la estrategia del gobierno federal tiene que ser integral, en la que todas las secretarías de Estado se alineen para atender el desastre que ha dejado la delincuencia organizada y una actuación gubernamental insuficiente.