El 14 de noviembre pasado, el entonces presidente electo presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2014 como una hoja de ruta para construir la paz en el país, incluyendo ocho puntos sustanciales a través de los cuales se pretende un cambio del paradigma de seguridad en relación a las estrategias de los dos gobiernos anteriores. El sexto punto enfoca, de manera directa, el gran desafío de la construcción de la paz desde un contexto de violencia, corrupción e impunidad. Este Plan despertó altas expectativas, tan altas que, a mi juicio, fácilmente rebasan las posibilidades de este sexenio. Como quiera, a tres meses de gobierno, ¿qué avances se han visto en lo emprendido? ¿Y cuales límites se ha impuesto el mismo gobierno para avanzar en la construcción de la paz?
Un primer avance ha sido la instalación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, instancias que ya se ocupan de estos casos específicos. Hay que reconocer estos pasos que el gobierno ha determinado dar, ambos relacionados con víctimas de desaparición. Son buenos signos, y habrá que esperar los tiempos razonables para tener resultados.
Pero sucede que hay en el país cientos de miles más de víctimas que, desde hace muchos años, con expedientes abiertos esperan ser tomadas en cuenta. Y otros miles más de víctimas que ni a expediente llegan. Se trata de una infinita cifra negra de delitos tales como asesinatos, extorsiones, secuestros y desplazamientos forzados, entre otros. También son víctimas pero no cuentan con el peso social o político que las haga visibles. Y en la mayoría de los casos, no hay una exigencia de justicia capaz de mover a decisiones políticas que las tomen en cuenta. En estos días, desplazados de Guerrero han estado frente a Palacio Nacional haciéndose visibles, con escaso resultados.
No hay aún una política de Estado que se enfoque a hacer justicia a estos cientos de miles de víctimas dispersas en el país. No se ve en el camino que suceda algo para afrontar el brutal dolor que vive este México profundo. En el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2014 se reconoce que “a la enorme mayoría de los muertos, los lesionados, los torturados, los ausentes y los desplazados no se les ha hecho justicia y los delitos correspondientes han quedado impunes”.
La pregunta es: ¿qué hay para estos cientos de miles de casos? En el mismo Plan se responde: “Las políticas de violencia dejan, así, una enorme deuda social en materia de procuración que debe ser saldada con mecanismos de justicia transicional y por medio de los cauces institucionales ya existentes”. Se habla de mecanismos extraordinarios de justicia transicional, que están tardando mucho en asomarse en la agenda del gobierno. Verdad, justicia, reparación del daño y garantía de no repetición, han sido mecanismos que en otros países han dado respuestas a la masiva violación de derechos humanos como la que hemos tenido en el país en los dos sexenios pasados.
El gobierno ha hablado de la paz y de la reconciliación como los horizontes que hay que abrir para superar tanta violencia, tanto crimen y tanta impunidad. Es cierto, es lo que deseamos muchos, pero la paz y la reconciliación son el resultado de los procesos de justicia transicional, y no sólo de buenos deseos, o de decretos o de predicaciones. La verdad es que no se ve claro el que vayamos por ese camino. Una señal es la que el gobierno da con su decisión de “perdonar” a todos los corruptos del pasado. Si la violencia ha producido agravios tan dolorosos al país, la corrupción ha hecho lo suyo. La mayoría de los mexicanos estamos enojados por eso. Son entendibles los argumentos de López Obrador, quien reconoce el pasado de atrocidades cometidas por la corrupción pública pero que tendría un alto costo el enfrentarlo cuando hay otras prioridades en el país como el desarrollo y la seguridad. A mi entender es un argumento pragmático que tiene su propia lógica. Y si esta lógica aplicada considera el perdón a los corruptos del pasado, la misma lógica se aplicaría a los violentos y delincuentes que hay destrozado familias, comunidades, pueblos y ciudades con tanta sangre.
El asunto que está en el fondo es que hay una virtual claudicación del gobierno a tomar en serio a las víctimas, a los muchos miles de víctimas que no tienen el estatus de desaparecidas. Hay que entender que no hay paz sin verdad y sin justicia y que la reconciliación requiere un camino azaroso para sanar el pasado como condición para construir un presente y un futuro más humano y justo. Y esto vale tanto para el tema de la corrupción como para el tema de la violencia. No se trata de una enfermiza obsesión por el pasado, sino de su necesaria sanación como camino hacia la reconciliación.
Se puede pensar que es muy temprano para que el gobierno empiece a dar estos pasos. Es posible. Pero no es razonable el “borrón y cuenta nueva” en esto asuntos. No es lógico, ni desde el punto de vista social ni del humanitario. Está la dignidad de las víctimas que tiene que ser salvaguardada y protegida. Si no se cura tanto dolor de las víctimas mediante la verdad y la justicia, México no tiene futuro. Esa cuenta con el pasado estará pesando y el desarrollo y la paz serán sólo una ilusión. Por eso, es necesario poner en el centro la atención a las víctimas si queremos asegurar un futuro mejor para México.
En el mismo punto sexto del Plan está la decisión de establecer “lo antes posible el Consejo para la Construcción de la Paz, que será una instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz …. (esta) instancia contribuirá a que el conjunto del gobierno federal opere con un enfoque de construcción de la paz y de resolución de conflictos e impulsará a todos los organismos públicos a actuar en esa misma dirección”. ¿No será ya tiempo de poner manos a la obra con la creación de este Consejo?
Creo que si el gobierno se anima a abordar responsablemente el pasado, con toda esa carga de violencia y de corrupción, el país saldrá ganando. Hay que mirar lejos y no sólo a seis años. Hay que mirar hacia una democracia más participativa, hacia un desarrollo integral y sustentable, que sólo pueden sustentarse en la sanación del pasado mediante la verdad y en la justicia, la reforma de las instituciones que han favorecido la impunidad y la corrupción y la reparación de los daños. ¿Qué ganará el país? Se generará la necesaria confianza en las instituciones, se fortalecerá un verdadero Estado de derecho y, desde luego, se abrirá el camino hacia la paz, tan deseada. Y para que esto suceda, tenemos que mirar al pasado tan destrozado para poner las bases de un futuro mejor.