De acuerdo con el diario La Jornada, insospechable de pertenecer al bando de los neoliberales y conservadores, la captura de Ovidio Guzmán dejó un saldo de 29 muertos, diez de ellos pertenecientes al ejército y 19 presuntos delincuentes. A lo anterior se suman 35 militares heridos y 21 criminales detenidos.
En el enfrentamiento se confiscaron cuatro fusiles Barret calibre 50, seis ametralladoras del mismo calibre, 26 armas largas y dos cortas, cargadores, cartuchos, equipo táctico diverso y 13 vehículos “operativos”. Se inutilizaron, sigue el mismo rotativo, 40 camionetas, 26 de ellas blindadas y cantidades menores de mariguana, cocaína y fentanilo.
El operativo, según dijo el general Luis Cresencio Sandoval, “fue resultado de seis meses de trabajo de inteligencia” y se tuvo presente lo ocurrido en 17 de octubre de 2019, durante el llamado culiacanazo, cuando fue detenido el mismo Ovidio Guzmán y luego liberado por orden presidencial.
El general secretario agregó que una patrulla de Guardia Nacional realizaba labores de vigilancia, esto es, tareas habituales, cuando detectaron seis vehículos sospechosos que no acataron la instrucción de detenerse para revisión y sus ocupantes “iniciaron una agresión armada” contra los uniformados al mismo tiempo que escapaban para refugiarse en un inmueble de Jesús María, localidad del municipio de Culiacán.
Resulta difícil entender que después de seis meses de trabajo de inteligencia, resultara casual el choque entre delincuentes y elementos de la Guardia Nacional. Igualmente, es incomprensible que un operativo planeado con tanta anticipación tuviera un costo tan alto en vidas de civiles y de uniformados, pues a los diez militares caídos hay que agregar a una mujer que servía en la Guardia Nacional, el ataque contra un avión en tierra que estaba repleto de pasajeros y el robo de 250 vehículos, un centenar de los cuales fueron incendiados en Culiacán, Mazatlán y los Mochis e incluso en diversos puntos de Sonora.
Se declaró en un primer momento que fueron 10 militares los caídos y 29 criminales, pero el gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, horas después de los hechos dijo que entre las víctimas fatales había quienes no eran ni soldados ni delincuentes, esto es, meros civiles que cayeron en la refriega.
Rocha Moya reconoció que también hubo rapiña en tiendas de autoservicio e intentos de gente armada de llevarse por la fuerza a personal de salud para que atendiera a sus heridos, y aunque dijo que “no pasó de ahí”, es dudoso que no hubiera algunos médicos y enfermeras secuestrados.
Lo más grave fue la falta de respeto al gobernador del “estado libre y soberano de Sinaloa”, a quien el secretario de Gobernación le llamó “hora y media o dos horas después de iniciado el operativo”, según declaró el propio Rocha Moya, a quien Adán Augusto López no tuvo la gentileza de avisarle desde un primer momento ni de darle detalles de lo que ocurría, para limitarse a una recomendación: “Queremos que se cuiden”. No menos grave fue que “las fuerzas federales” echaran mano de las policías municipales y de la estatal sin avisar al Ejecutivo de la entidad.
En suma, un operativo planeado con seis meses de anticipación se realizó en forma improvisada (¡¡¿¿??!!), sin respeto ni aviso a las autoridades locales, a las que sólo quedó pedir a la gente “paciencia, que siga resguardándose y que cuide sus salidas a las calles”, como les dijo Rocha Moya.
Al día siguiente, después de ahogado el niño, se procedió a tapar el pozo con el arribo a Sinaloa de tres mil 500 efectivos federales, mientras el gobernador pedía a sus paisanos “relajarse un poco” y realizar “las actvidades prioritarias con la prudencia que estimen necesaria”, seguramente porque los demonios andan sueltos y, en espera de que se retiren los militares, los mafiosos siguen ahí listos para retomar el control, como lo tienen en otras partes del país.
Tal es el precio que está pagando México por emplear a los militares como aduaneros, controladores aéreos, constructores de carreteras y en mil oficios más. Un día se ofrecen abrazos a los criminales y al siguiente se de-satan los balazos mientras las mafias siguen apoderadas de medio país, o algo más. ¿Hasta cuándo?