Socialmente suele verse a los altos funcionarios como seres de excepción, lo que no se ajusta a la realidad. Pueden tener más conocimiento que la mayoría en el área a su cargo, pero sus decisiones siempre estarán influidas por sus intereses, sus pasiones, sus compromisos, su proclividad por una u otra tendencia y su forma de entender las leyes, a la gente, la vida, los equilibrios sociales y los asuntos que deben atender. Lo anterior es aplicable a los funcionarios del Poder Ejecutivo, pero también a los legisladores y por supuesto a los jueces de todo nivel.
Son seres humanos, más calificados unos que otros, pero a fin de cuentas hombres y mujeres que incurren en aciertos y equivocaciones, en votos de conciencia o de conveniencia, en fallos atinados y fallas escandalosas. Por eso mismo resulta necesario que exista equilibrio de poderes y, sobre todo, que desde la sociedad se haga un seguimiento de su actuación, se analice su proceder y se someta a crítica.
Lo anterior viene a cuento porque en el campo electoral las decisiones llevan una fuerte carga de subjetividad. Los ejemplos abundan y ahora mismo está sobre el tapete el otorgamiento de registro a los escombros del Partido Encuentro Social, para esta ocasión travestido en Encuentro Solidario, cofradía religiosa que por eso mismo viola la Constitución, pues se sabe y ahora se demostró la injerencia de ministros evangélicos en las tareas de organización de ese conglomerado político.
Para mayor incongruencia, se otorgó registro a los restos del PES, aliado del gobierno, pero se le aplicó una multa por afiliaciones “soportadas en información falsa o deficiente”, más o menos lo mismo que sirvió para negarle registro al nuevo membrete de Margarita Zavala y Felipe Calderón. A otros solicitantes se les negó registro por estar apoyados en organizaciones sindicales, porque una iglesia puede intervenir en política, pero no un sindicato.
Otra decisión absurda, esta del Tribunal Electoral federal, es la de someter la elección de dirigentes de Morena a una encuesta en la que pueden participar miembros de ese partido y “simpatizantes”, término que abre la puerta de par en par a la manipulación y a intromisiones no deseadas.
A nadie escapa que Morena es un conglomerado informe en el que pululan personas y personajes del más amplio espectro ideológico, desde la derecha recalcitrante hasta el más radical izquierdismo, pasando por el priismo corruptos y tramposo. Por supuesto, en todo partido, por más disciplinados y conscientes que sean sus militantes, hay una legítima pugna por imponer puntos de vista o conseguir cargos dentro de la estructura partidaria o en la esfera pública, pero en todo caso, siempre debe existir un mínimo de identidad ideológica, de valores políticos comunes, de intereses sociales compartidos y definidos. Nada de eso hay en Morena.
La identidad partidaria, las decisiones importantes, la vida interna y el futuro de Morena dependen de la voluntad de solo hombre: el Presidente de la República. Se dirá que así funcionaba el PRI y que ese presidencialismo forma parte de la cultura política de los mexicanos, lo que puede ser cierto, pero no basta para justificar lo que ocurre en un partido que dice buscar una gran transformación del país.
Esa débil y desarticulada forma de existencia ha permitido que las autoridades electorales, una y otra vez, echen abajo decisiones de los órganos directivos de Morena. Es absurdo que el INE y el TEPJF decidan contra toda lógica quién puede o no ser expulsado y que ahora, en el colmo del intervencionismo, el mismo tribunal federal disponga que en la elección de dirigentes puede participar prácticamente cualquiera.
Un partido, hasta el deshilachado Morena, es una parte y sólo una parte de la sociedad. Por eso resulta inaceptable que gente ajena pueda intervenir en algo que corresponde decidir únicamente a los militantes. Si a Morena le hace falta una dirección capaz de articular y cohesionar a la militancia, no se conseguirá dejando la elección en manos extrañas.
Y cuidado, porque en esa lógica, la próxima elección de Presidente de México podrá estar abierta a ciudadanos de cualquier nación, con el único requisito de que sean “simpatizantes”.