Prolegómeno: La filósofa francesa Simone Weil en 1943 definía a los partidos políticos “como unos organismos pública y oficialmente constituidos para matar en las almas el sentido de la verdad y de la justicia…una vez que las autoridades han decidido que las vidas de ciertas personas carecen de valor, nada es tan natural como matar. Tan pronto como saben que pueden asesinar sin temor a represalias, empiezan a hacerlo, o al menos, animan a los asesinos con sonrisas de aprobación”.
Una autoridad que no reconoce límites en su responsabilidad conferida, suele cometer abusos mientras detenta el poder institucional, permaneciendo impune la mayor parte del tiempo. El abuso de autoridad es propio de regímenes gubernativos de corte autoritario y autocrático, que desdeñan ordenamientos democráticos legales previamente establecidos –con mucha legitimidad– para cumplir con el deber de cuidar al pueblo, a sus bienes, al territorio que habitan y a la autonomía y soberanía del país.
Insisto: la propensión al abuso de autoridad se da cuando existe impunidad en el actuar; aprovechándose de la fuerza institucional detentada como el poder que previamente fue concedido o arrebatado. Esta extralimitación es casi consustancial cuando se aplica de manera unipersonal en forma despótica y dictatorialmente. Sin contrapeso alguno y al margen de cualquier acotamiento jurídico establecido; su ejercicio es ajeno a la genuina voluntad ciudadana de llevar una vida en común con paz, justicia, igualdad, equidad, libertad y bienestar. Este tipo de régimen gubernamental contraviene y es opuesto a la vigencia de todos los derechos humanos que la misma humanidad ha forjado socialmente a lo largo de la historia universal.
Así pues, los abusos de autoridad son conductas propias de dictadores, monarcas, tiranos y autócratas, usados cuando consideran al pueblo como una masa domesticada o domesticable, la cual tiene prohibido rebelarse a los dictámenes y decretos verticales de estos malos gobernantes.
Sobre todo, en el discernimiento de lo que es bueno o malo; sobre quién es adversario o el aliado; en determinado colectivo social; y aún más, tampoco le permite la libertad de expresión y reflexión sobre las posibles repercusiones, positivas o negativas en las políticas públicas gubernamentales implementadas o a instrumentarse.
De oponérsele alguien al autócrata autoritario, sobreviene su denostación, la injuria, el calificativo (que minimiza y confronta), el anatema y la ubicación que surge de lo sectario y de lo dogmático, casi siempre en forma escarnecedora, pretendiendo la nulificación del oponente. Eso nos retrotrae a los tiempos históricos más sombríos (en todos los aspectos) de la convivencia humana, individual y colectiva.
El abuso de autoridad también tiene su génesis y razón de ser en la conservación y expansión del poder por unos cuantos dominadores bucaneros, sempiternos del dinero y de la posesión o control de la riqueza, natural o material, que le pertenece a una colectividad, en un territorio determinado. Se presenta y representa en micro conductas o en macro conductas institucionales que han puesto a punto la extinción total, de grandes o pequeños grupos de la raza humana (en nuestro caso indígenas) a lo largo de los últimos siglos.
El abuso de autoridad es exponencial y expansivo en un régimen presidencial como el nuestro, que aparenta ser democrático, pero en la realidad es autoritario en la concreción de su propio parecer; simulando a la par ser el gran concertador y concentrador de la voluntad popular. En el fondo, hoy están ensoberbecidos con el poder democráticamente obtenido y quieren retenerlo para darle continuidad en la persona convertida en su alter ego.
Poniéndole a su disposición una estructura institucional cuasi monolítica; un sistema de subordinación a través de la corrupción, de las pensiones sociales, privilegios, concesiones y prebendas. Tanto en el andamiaje militar, como en el nacional jurídico y en el nacional legislativo del país. Los abusadores transformadores pretenden el advenimiento de un “humanismo mexicano-obradorista” moldeado y moteado de ilegalidad y delincuencia criminal. “La opinión se forja y se manipula, al estar ya la buena fama y la infamia igualadas. (Hannah Arendt).”
El criminal abuso de autoridad, recién concretado en el asesinato, a sangre fría, de un joven por un policía y encubierto, en un primer momento, por las más altas autoridades de Guerrero y del país, representa la gota de agua envilecida que se desborda de un embalse deshumanizado; pletórico de violencias y homicidios impunes, que reflejan, cotidianamente, el rostro de autoridades locales anárquicas, incompetentes y “valemadristas”, que nos desgobiernan y conducen a la vez a un insondable abismo, donde impera el crimen organizado que ya infiltró las fuerzas armadas y a todo el cuerpo del Estado mexicano. No solo en Guerrero, aun cuando aquí está agudizada y concentrada buena parte de esta crisis institucional.
Tenemos un gobierno desastroso producto de estar gobernados por un partido-Estado, dizque transformador pero que asegura su dominio mediante la falsa palabrería, la demagogia populachera, bajo la égida incondicional y titeretada por dos fuertes politicastros –uno paternal y el otro nacional– que ingratamente le han dado al pueblo de Guerrero, como máximo acto de gobierno, un gabinete gubernamental producto de una “tómbola”.
Epílogo. Le sugiero a la gobernadora constitucional de Guerrero y a su papá incómodo, el senador Félix Salgado Macedonio, pedir licencias a sus responsabilidades gubernamentales respectivas, por los dichos y conductas culposas públicas, que han proferido y realizado, a la vista de todos, sobre este artero asesinato de un joven guerrerense. Como Gobernador Moral del Estado lo solicito en forma encarecida por el bien de un Guerrero que está hambriento de justicia, paz, libertad y bienestar social.

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