Cumplimos 12 años defendiendo los derechos humanos en Guerrero y el camino aún es largo. En el reporte de violaciones a las garantías de los pueblos indígenas y mestizos de La Montaña y Costa Chica que anualmente publica el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, se evidencia una realidad en la que los abusos de autoridad, las detenciones arbitrarias, el despojo de tierras, la negación del derecho a la educación, salud y alimentación, son el pan de cada día. De estos hechos las víctimas responsabilizan a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
A continuación presentamos una síntesis de algunos de los 165 casos de violaciones a los derechos humanos denunciados entre mayo de 2005 y mayo de 2006 en Tlachinollan, contenidos en el informe: Desde el corazón de la tierra: Resistir para vivir, que es presentado este sábado 3 de junio en la noche en la ciudad de Tlapa de Comonfort.
Los indígenas encabezan la lista de las víctimas de violaciones a sus derechos humanos en esta zona de Guerrero desde hace decenios.
En nuestros registros de violaciones a los derechos humanos los abusos de autoridad ocuparon el primer lugar en la lista con 53 casos. La negación de derechos laborales ocupó el segundo lugar con 28 casos. La mayoría de estas violaciones fueron denunciadas por comerciantes ambulantes, fijos y semifijos que padecieron el hostigamiento de agentes policiacos municipales.
En nuestros registros se enumeran 13 casos en los que las autoridades municipales vulneraron la libertad de trabajo de un grupo de comerciantes ambulantes humildes que vendían helados, raspados y dulces en el Zócalo de Tlapa. Tlachinollan asumió la defensa integral de esos comerciantes e interpuso diversos recursos legales mediante los cuales se logró la reparación de los daños. En el resto de las violaciones a los derechos humanos por la negación de derechos laborales se cuentan despidos injustificados, suspensiones irregulares de pagos, lesiones en jornadas laborales, condiciones inhumanas de trabajo y negación del derecho al salario.
En los 13 casos documentados de detenciones arbitrarias, que representan la tercera violación más frecuente entre mayo de 2005 y 2006, se confirmó que no existía causa legal alguna que justificara dicha actuación de las autoridades policiacas.
Es importante hacer hincapié en las detenciones arbitrarias porque desde nuestra experiencia significan el inicio de una cadena seguida de violaciones a los derechos humanos. Sabemos que generalmente las detenciones van acompañadas de la extorsión, maltratos físicos o psicológicos, e incluso de la fabricación de expedientes judiciales por causas de venganza privada.
Definimos que la detención arbitraria conlleva a la privación ilegal de la libertad que implica el encarcelamiento temporal de la víctima. En este último año documentamos seis casos de privación ilegal de la libertad. Aunados a los 13 de detenciones arbitrarias sumaron 19 violaciones en las que se vulneró la libertad de las personas.
En este informe documentamos que la cuarta violación más recurrente en nuestra región de La Montaña es la negación del derecho a la educación, con 13 casos. Es la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la que fue denunciada, en primer lugar, por negar el acceso a la educación a varios menores de edad; en segundo, por no reponer a los profesores en las comunidades donde hacen falta, a pesar de haber plazas vacías; y en tercero, por cerrar centros educativos aún habiendo demanda de estudiantes.
Los conflictos por tierra y territorio ocuparon el quinto lugar, con siete denuncias. Los abogados de Tlachinollan acudieron a la región Montaña-Costa Chica para verificar, primero, la magnitud de cada una de las violaciones a los derechos humanos y, segundo, para ofrecer alternativas de conciliación acordes a las demandas de las partes en conflicto.
En la mayoría de los casos se firmaron actas de acuerdos en las que se establecieron indemnizaciones por los daños causados en terrenos o cultivos. También los comisariados de bienes comunales o ejidales participaron en la resolución de los problemas al establecer los límites territoriales entre vecinos o comunidades.
La discriminación es otra violación a los derechos humanos arraigada en esta región. En este informe damos cuenta de dos casos. El que presentamos a continuación es el de un grupo de mujeres del municipio de Cochoapa el Grande que desde marzo de 2005 se organizaron para defender sus derechos y su dignidad.
Lideradas por Eulogia Flores Vázquez y Guillermina Ortiz Ortega formaron un colectivo de 200 mujeres a quienes se les impartían talleres sobre la prevención de enfermedades, la limpieza de la comunidad y el saneamiento de agua, entre otros. La organización poco a poco se fue consolidando. A pesar de que muchas mujeres tenían problemas con sus maridos por asistir a los talleres no abandonaron el grupo.
El 5 de junio de 2005 se acrecentaron sus problemas debido a que el médico de la Secretaría de Salud (SSA) que atiende en la comunidad, Aulo Rogelio Rueda Mejía, se presentó en una de las reuniones de las mujeres para advertirles –según la denuncia de ellas– “que no tenían que hablar de salud en sus reuniones, (porque) él era el único encargado de la salud del pueblo y que se calmaran porque si no les quitarían el programa (de apoyo gubernamental federal) Oportunidades”.
A pesar de seguir siendo objeto de discriminación y de abuso de poder, las mujeres organizadas de Cochoapa el Grande siguen luchando por mejorar el servicio de salud y por garantizarse un espacio en la toma de decisiones que atañen al municipio. Pero la realidad es que hasta hoy la SSA, la Secretaría de la Mujer de Guerrero (Semujer) y el Ayuntamiento no les garantizan el derecho a la toma de decisiones, a la consulta, a la información y a una atención médica digna.
Fuera de la región de La Montaña, en Costa Grande, en el rubro de ataques en contra de defensores de derechos humanos se registró el caso del ecologista Albertano Peñaloza Domínguez. Él y Felipe Arreaga Sánchez (preso de conciencia liberado en septiembre de 2005), son dos líderes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP).
Desde esta organización guerrerense Albertano Peñaloza se dedicaba a denunciar la tala inmoderada de árboles. Su lucha por la defensa del medio ambiente afectó los intereses de los caciques de la sierra de Petatlán.
En ese contexto la noche del 19 de mayo de 2005 Albertano Peñaloza y sus cuatro hijos fueron emboscados por un grupo de hombres que les dispararon en un camino cercano a su casa, en la comunidad de Banco Nuevo, del municipio de Petatlán. Armando, de 20 años, y Abatuel, de 9, murieron en el lugar. Adalí, de 15, e Isaac, de 19, junto con Albertano Peñaloza, quedaron heridos de gravedad.
El campesino ecologista es uno de los 14 dirigentes de la OCESP contra los que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero ha dictado órdenes de aprehensión por su presunta participación en el asesinato de Abel Bautista Guillén, hijo del cacique maderero Bernadino Bautista Valle, ocurrido en 1998. Por este hecho Felipe Arreaga fue detenido y juzgado injustamente.
En este último caso se demostró que para los defensores del medio ambiente no hay garantías de defensa de sus derechos humanos, como tampoco una investigación escrupulosa de parte de las autoridades.
La situación jurídica actual de Albertano Peñaloza se encuentra en etapa de investigación. Empero, después de un año del intento de asesinato en su contra, la investigación “inmediata, exhaustiva e imparcial” –que dicen guiar las autoridades encargadas– carece de avances. Los responsables intelectuales y materiales siguen libres.
En este 12 informe de Tlachinollan destacamos la sentencia absolutoria dictada a favor del ecologista Felipe Arreaga Sánchez, detenido el 3 de noviembre de 2004, inculpado por el cacique maderero Bernadino Bautista de haber matado a su hijo, Abel Bautista Guillén.
Arreaga Sánchez fue encarcelado injustamente con base en pruebas ministeriales fabricadas. Se le atribuyeron los delitos de asociación delictuosa y homicidio calificado de acuerdo con una supuesta averiguación previa iniciada en 1998 en su contra.
Sus abogados defensores, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, ofrecieron más de 30 pruebas (entre las que destacan testigos de descargo y un video) para demostrar que el campesino ecologista simplemente no pudo haber cometido esos ilícitos por encontrarse en un sitio distinto al lugar donde ocurrieron los hechos que se le imputaban.
Felipe Arreaga estuvo preso en el Penal de Zihuatanejo por 10 meses. En ese lapso fue reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional (AI), uno de los principales organismos internacionales de defensa de los derechos humanos con representación en México. Arreaga Sánchez recobró su libertad el 15 de septiembre 2005 y hoy, al lado de su esposa Celsa Valdovinos, sigue en la lucha por la defensa del medio ambiente y por la exoneración de sus demás compañeros ecologistas inculpados.
Ambos trabajan en la Sierra de Petatlán instruyendo a la población campesina sobre el cuidado del medio ambiente. Lo hacen a pesar de no contar con alguna garantía de seguridad por parte de las autoridades estatales o federales, impedidas para repeler cualquier otra agresión en contra de esta familia.