Llega el gobierno de Héctor Astudillo a la tercera parte de su ejercicio, y el informe que consigna lo hecho en dos años de gobierno fue presentado conforme a la vieja usanza de la política mexicana, con el boato que en la Federación fue abandonado desde los tiempos de Vicente Fox.
Lejos está el optimismo con que el gobernador asumió el poder, cuando estaba seguro de cambiar lo que calificó como “las cifras de la vergüenza, del segundo lugar en pobreza extrema, de un Guerrero en primer lugar como el estado más peligroso del país, así como en primer lugar en la producción de la goma de opio y el primer lugar en corrupción”, por cifras y lugares más alentadores y menos vergonzosos.
Hay ahora un juicio más prudente, y más que una meta, un ejercicio de imaginación. Dijo en su segundo Informe: “Si Guerrero lograra contener y reducir el fenómeno de la violencia criminal y la delincuencia común, muchos de los problemas que enfrentamos se reducirían drásticamente; si lográramos contener a la criminalidad, el potencial económico, turístico, minero y agrícola, nos permitiría ofrecer una calidad de vida muy superior a los guerrerenses”.
La cuestión es cómo lograrlo. En ese cómo se ha pasado ya la tercera parte de su mandato. Justo al comenzar el sexenio, el gobierno federal apuntaló al estado con el anuncio del reforzamiento de los planes de seguridad y la llegada de mil quinientos elementos más al estado.
La terca persistencia de la violencia y la criminalidad han llevado a la conclusión de que el asunto es complejo, y a la necesidad urgente de revisar la estrategia. Astudillo enuncia desde la idea muy genérica de construir un nuevo pacto en la materia hasta el planteamiento muy concreto de revisar el funcionamiento policial y analizar la viabilidad de instrumentar el Mando Único, un modelo que ha ido y venido en los proyectos de seguridad de gobernantes y legisladores en todo el país, y que ha encontrado sospechosas resistencias cuyos orígenes van desde la conservación de cotos de poder hasta la evidente penetración de los intereses y los personeros del narcotráfico.
En tanto la estrategia urgente y el nuevo pacto se definen, las cifras de Guerrero siguen siendo las de la vergüenza, como señaló el gobernador al tomar posesión. Los números de homicidios dolosos, el indicador básico de la violencia, siguen desde hace años en alrededor de doscientos por mes en el estado. Y continúan cometiéndose asesinatos de líderes políticos, alcaldes y ex alcaldes, el más reciente caso el del fundador del PRD en el estado, Ranferi Hernández Acevedo, ejecutado junto con su esposa y su suegra. Unos días antes, también fue muerto el ex alcalde perredista de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neri.
La primera plana de El Sur de ayer es el mejor ejemplo de la realidad que vive el estado, más allá de las miles de palabras con que el gobernador intenta explicar el porqué del fracaso de sus estrategias de gobierno especialmente en materia de seguridad. El problema es mantener los criterios equivocados en la valoración y evaluación de la realidad. O sea, mantener oídos sordos u ojos ciegos a lo que verdaderamente ocurre en el estado. El problema fundamental es gobernabilidad, seguido por desigualdad y marginación, causas últimas del deterioro social, económico y político.
Ciertamente, el gobernador Astudillo ha ganado en humildad. Su discurso dejó de ser el cúmulo de problemas por resolver al tomar posesión, a una actitud más prudente. Los dos siguientes tercios irán más de prisa, porque aunque el tiempo rigurosamente sea el mismo, la sensación es que va ganando a los deseos.
Guerrero no sólo sigue siendo el principal estado productor y exportador de goma de opio, sino que todo indica que la producción del estupefaciente va en aumento sostenido. En cuanto a los índices de pobreza, el estado sigue ocupando entre el segundo y el tercer lugar en la escala nacional, según el matiz con que se califique la miseria que sufre la mayoría de la población.
Pero Astudillo presumió muchos avances, algunos de los cuales tienen que ver con el tratamiento de los medios de comunicación, otros que son reales aunque insuficientes, como un crecimiento económico reciente por encima del promedio que se observa en el país, el crecimiento de la ocupación hotelera en las temporadas turísticas, o una disminución de los conflictos sociales.
Lo cierto es que el estado tiene enormes desafíos que lo han puesto a la cola del desarrollo nacional, los cuales tienen que ver con la deficiente infraestructura, el rezago educativo, la falta de inversión, la informalidad y el elevado peso que aún tienen las actividades primarias en la economía, además de la violencia incontrolada.
Y también es cierto que dos años, un bienio, es un lapso demasiado pequeño para generar grandes cambios, aunque la campaña publicitaria en los medios electrónicos muestre resultados que no se ven por ningún lado. La mayoría de los funcionarios de gobierno compran la idea de que las campañas de publicidad comunican y gastan millones y millones de pesos (y de dólares) en spots repetitivos que tienen nula credibilidad, igual que la de sus patrocinadores. Esas campañas lejos de contribuir a la gobernabilidad o gobernanza acrecientan el descrédito de los funcionarios porque la población ve y vive una realidad que no se refleja en los spots triunfalistas.
Astudillo no ha podido abatir otros problemas candentes de su gobierno. Pero por lo menos, en Chilpancingo ya tiene uno menos, con la salida de Marco Antonio Leyva Mena de la alcaldía. Aunque el de la basura, ahí sigue.
Se inicia el segundo tercio de la administración Astudillo con un clima que no le es favorable porque el antipriismo nacional contamina aún más su gobierno. Aparte de intentar resolver problemas, o pretender que por lo menos no se agraven más, el gobierno priista de Guerrero tendrá que rendir cuentas al PRI por los resultados electorales del año entrante, por lo que la campaña se convierte en una tabla de posible salvación. Es decir, abandonar la idea de gobernar y mejor seguir prometiendo.