Tras el plebiscito sobre el acuerdo de paz negociado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), que se llevó a cabo el pasado domingo 2 de octubre, Colombia entró en un periodo de gran incertidumbre política. El resultado, totalmente sorpresivo inclusive para los partidarios del No, dirigidos por el ex presidente Álvaro Uribe, cimbró al país y a la comunidad internacional, que apostó fuertemente a favor del proceso de paz. A raíz de este hecho político, el gobierno colombiano, de manera conjunta con las FARC-EP y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), decidieron en un primer momento darle continuidad al proceso, a sabiendas de que el Uribismo, a pesar de haber obtenido la mayoría de los votos, no disponía (ni dispone hoy en día) del capital político suficiente para decretar el fin del proceso iniciado hace seis años. El problema radica en la capacidad de esta última fuerza política de hacer inviable cualquier tipo de acuerdo de paz definitivo de aquí a las elecciones presidenciales de 2018, en las cuales Juan Manuel Santos no podrá ser candidato a la reelección.
De manera implícita, pero a la vez extremadamente explícita, Uribe y su equipo dan señales de querer marcar la agenda del país, y en particular del proceso de paz. Si bien nadie en su equipo llama a las partes a abandonar las negociaciones, porque eso los transformaría automáticamente en “defensores de la guerra”, todo indica que su objetivo es impedir que éstas prosperen en el corto plazo. Desde la óptica uribista, varios factores juegan en favor de esta estrategia: en primer lugar, la impopularidad del presidente, que permitió que la campaña del plebiscito no gire en torno a las propuestas concretas incluidas dentro de las 297 páginas del acuerdo de paz, sino acerca de las pautas pensadas por los estrategas norteamericanos y brasileños contratados por el equipo de Uribe, con el objetivo de sembrar miedo y confusión dentro de los grupos sociales más vulnerables. En segundo lugar, el exceso de confianza de los partidarios del Sí que provocó un aumento de la abstención diferencial, es decir, que una buena parte de los potenciales electores de esta opción política decidieron no acudir a las urnas al pensar que la elección ya estaba resuelta, cuando por el contrario la opción del No estaba creciendo en las encuestas de opinión no publicadas por la prensa colombiana. A nivel territorial, queda claro en el mapa de los resultados que la mayoría de los votos a favor del Sí se encontraron en Bogotá, la capital, así como en la mayoría de las zonas rurales más afectadas por el conflicto armado. Por su lado, la opción del No fue mayoritaria en una buena parte de los centros urbanos, y en particular dentro de las clases medias, como en los departamentos de Antioquia (de donde es el ex presidente Álvaro Uribe), Cundinamarca y Santander, entre otros.
Si bien todos estos elementos juegan en contra del mantenimiento de este proceso de paz, el gobierno de Juan Manuel Santos todavía tiene varias cartas bajo la manga. Por un lado, el respaldo de la comunidad internacional al proceso de paz quedó en evidenciado el pasado viernes, cuando Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de la Paz, lo que constituyó una señal contundente de apoyo a la política del presidente. Todavía es prematuro decir si este galardón le permitirá al gobierno salir de las cuerdas en las que se encontraba, sin embargo quedó claro durante el fin de semana que el grupo uribista fue sorprendido por esta distinción, que lo dejó temporalmente sin discurso sobre el proceso de paz. Por otro lado, el anuncio, el pasado lunes, de la apertura de negociaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra guerrilla importante en Colombia, puede constituir una nueva ventana de oportunidad para llegar, finalmente, a un nuevo esquema de acuerdo final de paz, antes de las elecciones presidenciales del 2018. Si las partes dan muestras de un verdadero compromiso, este acuerdo podría extenderse a las FARC, lo cual permitiría, si el pueblo colombiano así lo decide, darle punto final a esta guerra que se prolonga desde hace más de 50 años.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.