¿Alguien ha visto a Vicente Suástegui Muñoz?

En platica sostenida con mi amigo de mil batallas -dentro y fuera de la administración pública–, en pro del desarrollo rural de los estados de Morelos y de Guerrero, el economista, Jorge Melo Bahena, coincidíamos en que el costo promedio de la canasta básica de consumo familiar, ha tenido un incremento no menor de 40 por ciento, del que tenía antes del inicio de la pandemia del Covid-19.
También estuvimos de acuerdo que los ingresos promedio familiares se redujeron sustancialmente al incrementarse el desempleo laboral y con el cierre de pequeños y medianos negocios. La drástica caída de la economía de México en el primer año de la pandemia, que fue del 8 por ciento, tuvo como resultante el incremento de la pobreza social, que ahora afecta a poco más del 66 por ciento de la población. El crecimiento de la economía nacional para este año, el Banco de México la estima en solo 2.4 por ciento. Es decir, seguiremos teniendo una economía semi estancada.
Reconocimos que, si no fuera por los programas sociales establecidos por el actual Presidente de la República, estaríamos en una situación social mucho más grave. Esos programas, con diferentes nombres y modalidades, han redistribuido el ingreso nacional a favor de millones de mexicanos vulnerables; es decir, transfieren en forma directa y sin intermediarios, miles de millones de pesos en efectivo a la clase pobre del país, para aumentar su exiguo poder adquisitivo.
Ante este panorama, en Guerrero podemos fortalecer los procesos productivos del sector privado y social, con una mayor aproximación e integración de las micro, pequeñas y medianas empresas con los consumidores finales de escasos recursos, cuyas adquisiciones giren en torno a los productos de la canasta básica.
En una economía frágil y no muy diversificada; contando con una población con pobreza generalizada; una estrategia viable y posible es la de acercar al productor de bienes alimentarios y artesanales, con el consumidor final de los mismos. Se trata de acortar la distancia entre los que generan productos y los que finalmente los consumen. Eliminar a los intermediarios innecesarios; que son los que sustraen y se quedan, parasitariamente, con buena parte del valor agregado en los diferentes eslabones de la cadena producción-consumo.
Ejemplificábamos: el precio al que vende un productor rural de Costa Chica, un kilo de jamaica a pie de parcela, es de 40 pesos; mientras que el consumidor final, lo paga, ya empacado, en el mercado de Acapulco, a 190 pesos. O sea, los intermediarios (necesarios e innecesarios) retienen un monto de 150 pesos.
Supongamos que la intermediación necesaria para que el producto llegue al consumidor final, genera un valor de comercialización (transporte, empacado, almacenamiento y distribución minorista) de alrededor de 80 pesos; entonces estaríamos estimando que el precio al consumidor final debería de ser, en números gruesos, de no más de 120 pesos. De tal suerte que la diferencia de 70 pesos (que es la cantidad que sustraen los coyotes) se distribuiría por partes iguales entre los productores de la Jamaica y los consumidores finales de Acapulco.
Esta estrategia exitosa de retención, en lo local, de riqueza generada en el sector agrícola, bajo la modalidad de economía circular, es decir, de procesos económicos inclusivos y no meramente extractivos, la aplicamos en el maíz y la copra en épocas anteriores. Hoy en día y con las condiciones de austeridad presupuestal que imponen las circunstancias, se puede retomar el espíritu y propósitos últimos de la economía circular, con las modalidades específicas que marcan las políticas públicas establecidas.
PD1. En el balance del mes febrero, destaca que el municipio de Chilpancingo pasó a ser el epicentro de la pandemia activa en Guerrero; además, que la cámara de diputados local sigue en su laberinto de ineficiencias, por sus pocos consensos y muchos disensos.
PD2. Coincido con el secretario general de Gobierno en la urgencia de “poner en orden las finanzas del estado, que recibimos con enormes carencias e irregularidades”. (Del gobierno desastroso de Héctor Astudillo Flores, añado yo).
PD3. Como gobernador moral de Guerrero lamento mucho que el Instituto Nacional Electoral coloque de nueva cuenta a Guerrero en el último lugar nacional en el Índice de Desarrollo Democrático 2021. ¡Uf!

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