El gobierno de Juan Manuel Santos destituyó este lunes a la responsable de los recursos para la paz tras los cuestionamientos a la gestión de las aportaciones internacionales a los programas del posconflicto en Colombia. “Después de haber escuchado las sugerencias de los embajadores y organizaciones multilaterales y de haber realizado varias reuniones internas de revisión, el presidente ha tomado las siguientes determinaciones: el gobierno tomó la decisión de separar de la dirección ejecutiva del Fondo Colombia en Paz a la señora Gloria Ospina”, informó el vicepresidente, Óscar Naranjo. Esta decisión se produce en un momento complicado para el proceso de paz y la propia campaña presidencial que vive el país. En efecto, desde las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo, el candidato del partido Centro Democrático, cuyo líder es el ex presidente Álvaro Uribe, Iván Duque, ha crecido de manera consistente en las intenciones de voto, llegando a obtener más del 40% en las últimas mediciones publicadas por los medios de comunicación. De tal suerte que si las cosas continúan como están, la posibilidad que la derecha obtenga la victoria en la primera vuelta es real. Ante este panorama, la división existente en el campo de la izquierda y del centro izquierda preocupa. Si bien Gustavo Petro se encuentra en segundo lugar, con un promedio del 30% de los votos, sus índices se han estancado en las últimas semanas. De tal manera que la posibilidad de una coalición de último minuto entre las fuerzas progresistas parece ser la única posibilidad de evitar que los partidarios de una revisión, o inclusive de una cancelación, del acuerdo de paz con las FARC, ganen la elección presidencial.
Sin embargo, las cosas no parecen simples. En primer lugar, el arresto de uno de los principales mandos de las FARC y diputado electo por este mismo partido, Jesús Santrich, por supuestos actos de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz en 2016 a raíz de un pedido del gobierno de Estados Unidos, ha dado nuevos argumentos a los detractores del acuerdo de paz. Para ellos, la manera cómo fue negociado el acuerdo con las FARC fue excesivamente favorable a estas últimas, y sobre todo no ha impedido que las FARC continúen haciendo negocios. Si bien esta afirmación fue realizada por la DEA y es sujeta a confirmación por una autoridad judicial independiente, no cabe duda que los grupos políticos uribistas aprovecharán esta noticia para criticar el proceso de paz. En segundo lugar, los grupos políticos que apoyan la continuidad del proceso de paz no parecen capaces de llegar a un acuerdo para una candidatura única. En particular, parece imposible que el ex gobernador del departamento de Antioquia, Sergio Fajardo, esté dispuesto a declinar a favor de Gustavo Petro, o al menos de construir una alianza con el Partido Liberal, cuyo candidato, Humberto de la Calle, difícilmente llega al umbral del 10% de los votos, y es objeto de múltiples críticas de parte de la alta burocracia de su partido. Por otro lado, el pasado lunes los partidos Cambio Radical, dirigido por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, y el partido de la “U”, que dispone de la mayor bancada en el Senado, anunciaron una alianza de cara a las elecciones presidenciales de finales de mayo. Si bien el partido de la “U” y Germán Vargas Lleras como vicepresidente han sido parte del gobierno de Juan Manuel Santos, y por ende, han apoyado el proceso de paz en el Congreso, hoy en día no es imposible que esta nueva coalición quiera distanciarse del presidente y de su política. De tal suerte que si este nuevo bloque político toma posición en contra del acuerdo de paz, y si no hay acuerdos políticos en el campo del Sí, el proceso de paz podrá verse mermado en el futuro próximo.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en Paris.

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