EL-SUR

Martes 27 de Septiembre de 2022

Guerrero, México

Opinión

Acusados de tortura y narcotráfico, pasaron exámenes de confianza

Silber Meza

Junio 29, 2021

DE NORTE A SUR

 

Pasada la elección, sumamente cuestionada, que ganó por un margen mínimo de votos y donde su principal opositor decidió no reconocer su triunfo al punto de llamarle “espurio”, Felipe Calderón llegó decidido a emprender la mano firme y mandar el mensaje de que el control del país y de la fuerza lo tenía él, y nadie más que él. Así inició la llamada “guerra contra el narco” del político panista, batalla cruenta de la que los mexicanos no nos hemos podido librar, ni con el fin de su gobierno, ni con el de Enrique Peña Nieto ni con el actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque él diga lo contrario.
Cuando los militares fueron sacados de los cuarteles para que combatieran el narcotráfico se hallaron con policías locales sumamente corrompidas, por eso era necesario unirse a los parámetros internacionales y establecer los exámenes de control de confianza, con la idea de que todos los agentes y mandos policiacos del país estuvieran certificados, es decir que tuviéramos elementos de primer mundo: bien capacitados y honestos.
Así, en 2009, se promulgó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí se establecieron los criterios para la certificación policial y se ordenó la creación de una costosa estructura para lograrlo: cada examen cuesta alrededor de 6 mil pesos.
Las pruebas califican la situación médica, toxicológica, psicológica, poligráfica y el entorno socioeconómico. La intención es comprobar que el servidor público sea honesto, mental y físicamente sano.
Pero tras 12 años de ese impulso el modelo no se ha podido consolidar.
Este domingo publiqué en El Universal el reportaje “Pasan examen, investigados por corruptos”, donde expongo que –de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información– en el periodo de enero de 2015 a mayo de 2020 fueron evaluados 175 mandos de seguridad en el país y sólo tres reprobaron.
En opinión de María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, esto pasó porque desde el gobierno de Peña Nieto, cuando Miguel Ángel Osorio Chong estuvo al mando de la Secretaría de Gobernación y de la Seguridad Pública, se desestimaron los exámenes.
Ejemplos hay varios.
Uno de los personajes que aprobó el examen de Control de Confianza, por ejemplo, fue el exfiscal de Nayarit Édgar Veytia, ahora preso en Estados Unidos por narcotráfico. Mientras lo investigaban las agencias estadunidenses, en México le extendían una certificación policial. Veytia sembró el terror en la población nayarita.
Otro de los que aprobaron fue el actual fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, quien ha sido el titular del Ministerio Público en dos ocasiones: primero de 2000 a 2005, y después con el gobierno de Enrique Alfaro, como fiscal del estado. En ambos periodos ha sido acusado de que su fiscalía viola derechos humanos, reprime y tortura a manifestantes. La primera ocasión fue en mayo de 2004, durante la Tercera Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Entonces Solís comandaba la Procuraduría del estado, y tras operativos de prevención y procuración de justicia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó 70 casos de personas incomunicadas y retenidas ilegalmente, más de 50 sometidas a tratos crueles o degradantes y 19 torturadas. En mayo de 2020, tras el asesinato de Giovanni López a manos de policías municipales, se generaron protestas sociales a las que personal de investigación de la Fiscalía reprimió con palos. Ese perfil de mando pasó los exámenes de control de confianza.
En la revisión que hice encontré mandos que han sido acusados de violación de menores, de no investigar violencia de género, de torturar directamente a personas para que confesaran, entre otros señalamientos graves. No entiendo cómo pasaron el examen de confianza.
Siempre es necesario aclarar que no todos los policías tienen malos perfiles, sin embargo con este modelo de control se intenta lograr el filtro necesario para que se queden fuera del servicio público los elementos negativos, y no se ha logrado.
La solución que plantean activistas y defensores de derechos humanos es que el sistema de control debe continuar pero con cambios importantes, como fijarse más en el patrimonio y menos en el polígrafo, además de incluir perfiles que respeten derechos humanos y de no agresión a las mujeres.