Octavio Klimek Alcaraz

El pasado lunes 13 de febrero de 2023 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “DECRETO por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado”. Este decreto deroga el “DECRETO por el que se establecen las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus competencias, para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente”, que fue publicado hace dos años, el 31 de diciembre de 2020 también en el Diario Oficial de la Federación (ver artículo en El Sur del 9 de enero de 2021).
Algunos comentarios antes de entrar al análisis del nuevo Decreto.
En Alemania seguramente no habrá uso del herbicida glifosato a fines de este año 2023, así que le podrán decir adiós en el 2024. Lo anterior conforme al “Programa de Acción para la Protección de Insectos” del gobierno federal de Alemania (ver artículo en El Sur del 17 de abril de 2021). Algo muy significativo dado que la empresa Bayern/Monsanto, mayoritariamente de capital alemán, es la que ha sido el productor y comercializador original de dicho herbicida. Pese a ello, el gobierno alemán, hasta donde entiendo, ha resistido las presiones de sus propias empresas, atendiendo el conocimiento científico sobre los efectos adversos del uso del glifosato.
Además, es conocido que con la introducción de cultivos genéticamente modificados como el maíz y la soya transgénica se amplió el uso del glifosato, dado que, la modificación genética de dichas plantas las hace resistentes al glifosato, y pueden rociárseles con el herbicida sin causarle daño, mientras que las otras plantas que compiten con el cultivo mueren.
Sobre los múltiples inconvenientes del uso del glifosato en la agricultura convencional, escribí un artículo en 2018 en especial sobre sus daños comprobados a la biodiversidad al ser un impulsor de la extinción de insectos en el mundo, así como las evidencias de ser potencialmente carcinógeno para la salud humana (ver artículo en El Sur del 10 de febrero de 2018).
Un caso de los efectos negativos del uso de glifosato para la biodiversidad, es el de que existen evidencias de que su uso están contribuyendo a la reducción de las poblaciones de la mariposa monarca, ya que en los campos agrícolas del medio oeste americano se rocía con glifosato los campos de maíz y soya transgénica, donde crece la planta de algodoncillo de la que las orugas de la monarca se alimentan. En consecuencia, se rocía con glifosato y se acaba con la planta de algodoncillo sustento de las orugas de la monarca (ver artículo en El Sur del 23 de junio de 2020). Este sería un caso para analizar la posibilidad de iniciar una demanda de México en contra de Estados Unidos, por lo menos ante la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, por acelerar la extinción de una especie migratoria como la monarca, debido al uso indiscriminado de glifosato en sus cultivos transgénicos.
Ahora bien, ambos decretos no se circunscriben meramente al tema del glifosato, sino también al tema del maíz genéticamente modificado o transgénico. La presencia del maíz transgénico es un riesgo a nuestra diversidad biológica, así como a nuestros propios valores culturales y espirituales, dado que somos centro de origen del maíz. Aquí en México se encuentra la mayor diversidad genética de maíces y sus parientes silvestres. Las comunidades campesinas e indígenas han cuidado de nuestros maíces. Nuestro deber colectivo es cuidar de ellos, ya que esta enorme variedad de maíces es el seguro para mantener nuestra soberanía y seguridad alimentaria. Ser contaminados por maíces transgénicos nos compromete, por ello no deberían entrar ese tipo de maíces al país, en realidad se sabe poco o nada sobre los impactos ecológicos y a la salud humana de la contaminación genética de nuestro maíz. De hecho, el principio precautorio debería prevalecer y no permitir el ingreso de maíz transgénico al país sería lo idóneo. Pero se sigue importando maíz transgénico y es un hecho que no existen controles seguros de su destino, no hay mecanismos para asegurar que las tortillas que día a día consumimos no están contaminadas con maíz transgénico.
Ahora bien, este nuevo decreto es una consecuencia evidente de las presiones del gobierno de los Estados Unidos y diversos actores del lobby agroindustrial de ese país hacia el gobierno de México, para que ellos puedan seguir exportando maíz transgénico hacia México. Un gran negocio para ellos y los que lo adquieren en México. Las leyes del mercado en las que se privatizan las ganancias y se sociabilizan las pérdidas.
Entrando al Decreto del 31 de diciembre de 2020, en su artículo sexto, ahora desechado, se mandataba a las autoridades en materia de bioseguridad a no otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado. Además, de que ya no habrá más autorizaciones para el uso de maíz genéticamente modificado “hasta sustituirlo totalmente en una fecha que no podrá ser posterior al 31 de enero del 2024”.
Aunque en el artículo sexto del actual Decreto del 13 de febrero de 2023 se mantiene el mandato de no otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado, así como para otorgar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado para alimentación humana, dejan sin fecha concreta el dejar sin autorización el uso de maíz transgénico en México, es decir se entiende que ya no sería el 31 de enero de 2024.
Esto se manifiesta en el artículo séptimo del actual Decreto que indica que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios podrá otorgar autorizaciones de maíz genéticamente modificado para alimentación animal y de uso industrial para alimentación humana, dejando en responsabilidad de quien lo utilice que no tenga el destino de ser utilizado para alimentación humana mediante nixtamalización o elaboración de harina, que es lo que se realiza en el sector conocido como de la masa y la tortilla.
Es decir, en la realidad se podrá seguir importando las 15 o 16 millones de toneladas anuales de maíz transgénico de Estados Unidos tal como hasta ahora se ha hecho, y solo se manifiesta de manera ambigua, sin fechas concretas, que se sustituirá gradualmente el maíz transgénico para alimentación animal y de uso industrial para alimentación humana.
En el artículo tercero del Decreto se mantiene la restricción para que el gobierno federal adquieran glifosato, igual que en el artículo segundo del Decreto derogado, con el agregado de que se incorpora la prohibición de adquirir maíz transgénico por el mismo. Supongo que es un poco para guarda el honor del país, ya que se dejó abierta para el gran ingreso de maíz transgénico destinado a la industria y la ganadería.
Asimismo, al Decreto derogado decía en su artículo primero que se tenía hasta el 31 de enero de 2024 para lograr la sustitución total del glifosato”. Ahora queda escrito de manera ambigua, ya que se elimina de manera expresa la frase de “sustitución total del glifosato” y dice en el nuevo Decreto, en su artículo cuarto, que las acciones para sustituir el glifosato tienen un plazo de dos meses más “hasta el 31 de marzo de 2024”. El diablo está en los detalles. Extraña esa eliminación, dado que no se explica la causa de dar dos meses más a las acciones escalonadas para sustituir el glifosato. En otros países, como Alemania, dijeron que se prohíbe el glifosato en una fecha determinada de manera expresa. Me temo que está escrito en lenguaje de abogados para ser interpretado a conveniencia. Habrá que ver, en esa fecha, dentro de un año, que se informa al respecto.
En conclusión, creo en lo personal que sólo el educar a la población tanto en México, como en Estados Unidos en las consecuencias del uso de maíz transgénico y el glifosato es la única salida a este problema.
Por un lado, se requiere con urgencia reformar la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados para que se incluya el etiquetado transgénico en aquellos productos que los contengan. Los consumidores tenemos el derecho a saber lo que consumimos, en especial en nuestros alimentos.
Por otro lado, se requiere el impulso a las prácticas agroecológicas, que debe ser una política pública prioritaria frente a la agricultura convencional que cultiva transgénicos y es por tanto consumidora de agrotóxicos, como el glifosato y otros agroquímicos. Los consumidores necesitamos oferta económica de alimentos y productos alimenticios sin contenido transgénico. Para ello, deben funcionar los etiquetados ecológicos, donde se diga que no tienen contenidos transgénicos. Hay que impulsar una política de alimentación sana. Hasta ahora, los productos con sellos verdes son caros para la población en general. Se requiere de una política pública que fomente su consumo para quienes no podemos adquirir de manera cotidiana productos de ese tipo.
México tiene que mantener una posición firme de soberanía nacional frente a Estados Unidos, negociar, si es necesario, los tiempos para dejar de importar de manera gradual su maíz transgénico. Pero tienen que dejar de enviar en algún momento cercano maíces transgénicos, que nos hacen daño como nación. Es nuestro derecho adquirir nuestros alimentos sanos en donde mejor le convenga al país.