Por lo que respecta a mi persona, indiscutiblemente que el principal anhelo es recuperar la paz en Guerrero. Pero no basta desear, sino ir raudos y veloces en pos de ella. Nuestra participación debe ser en base al conocimiento veraz de las múltiples causas que obstaculizan disfrutarla. Entre los factores se encuentra, en primer lugar, la pérdida de soberanía estatal. El gobierno federal, desde hace dos años, prácticamente tomó en sus manos las riendas del gobierno en Guerrero. Eso fue así, a partir de los variados errores y negligencias gubernamentales estatales que culminaron con la tragedia de Iguala, en septiembre del 2014; así como a la frivolidad gubernamental con la que enfrentó la tormenta Manuel, meses atrás.
Por lo que se refiere a los hechos criminales contra los normalistas de Ayotzinapa, fue el secretario de Gobernación quien, por disposición presidencial, asumió la responsabilidad de la coordinación para los efectos judiciales conducentes, junto con el Procurador General de la República, quien como resultado de sus investigaciones dio a conocer una inverosímil y aberrante “verdad histórica” de la barbarie cometida en Iguala. Lo cierto es que no restauraremos la paz si no aflora la verdad íntegra de los trágicos sucesos.
El presidente de la República también nombró a Rosario Robles Berlanga, a la sazón titular de la Sedesol federal, como su representante personal en el estado, a fin de que coordinara a todas las instituciones federales para atender las emergencias de reconstrucción socioeconómica y de infraestructura pública, provocadas por la tormenta tropical Manuel. Hasta finales de octubre del año pasado, el gobierno estatal permaneció solamente como figura decorativa. Como convidado de piedra. Reconozco la voluntad política del ahora gobernador, Hector Astudillo Flores, de asumir plenamente las responsabilidades inmanentes a su investidura.
Otro elemento a considerar es la fallida estrategia aplicada al combate del narcotráfico y a la inseguridad pública. La sola acción punitiva adoptada ha demostrado sus serias limitaciones. Es grave la infiltración de las bandas de narcotraficantes en todas las policías que tiene el Estado mexicano y en el funcionamiento, deficiente y tergiversado, de la impartición de justicia, en términos generales. Los gobiernos municipal y estatal quedaron desbordados por la violencia derivada de las rivalidades entre grupos delincuenciales, en su disputa por el dominio de territorios y de las rutas de trasiego. Agravándose lo anterior, cuando los delincuentes comenzaron a quitarles en forma violenta sus patrimonios económicos a los pueblos y familias.
Ante eso, los civiles tomaron las armas con propósitos de legítima defensa familiar. Lejos de coordinar y regular los levantamientos populares, el Estado mexicano ha tratado de neutralizar la acción ciudadana provocando la división, cooptación, corrupción y represión de líderes de las policías comunitarias y defensas populares. El ejemplo, patente y patético, simple y llano, es el caso de la lideresa Nestora Salgado.
Otra incidencia que no permite tener paz en Guerrero es el predominio antiguo de la ineficiencia, corrupción e impunidad como estilo de gobierno. Seguiremos siendo mal gobernados, careciendo de un gobierno ético y cercano al pueblo, mientras continúe el saqueo del erario público, en sus múltiples formas, al amparo del autismo y simulación gubernamental.
Conseguir la paz se ve difícil, pero no imposible; siempre y cuando participemos activamente todos los ciudadanos. Esta tarea importante y urgente no se la podemos seguir dejando únicamente a los gobernantes y políticos.
PD1. ¡Aguas! Aproximadamente el 30 por ciento del fertilizante subsidiado es aplicado a la siembra de estupefacientes. La depuración de beneficiarios y hectáreas es obligada, máxime si va a ser gratuito este año.
PD2. El Movimiento Ciudadano no se opuso, como partido político, a los resultados de la consulta realizada en el municipio de Ayutla para que pudieran elegir a sus gobernantes por usos y costumbres. Eso iría contra sus principios políticos.