“Los afectados manifiestan que están conformes con el apoyo recibido y que no se reservan ninguna acción o derecho alguno, para reclamar con posterioridad alguna otro apoyo económico al gobierno del estado de Guerrero con motivo de los lamentables hechos en el poblado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez el 28 de junio de 1995”.
Así dice la parte medular del convenio que el lunes firmaron los 26 sobrevivientes, deudos y viudas de la matanza de Aguas Blancas con el gobierno del estado.
Pero aquello de que ya no reclamarán nada con posterioridad al gobierno del estado se refiere a las gestiones que, año con año, encabezaba el abogado José Sánchez en busca de recursos para paliar la pobreza en que viven varias de las víctimas directas o indirectas.
El gobierno del contador Zeferino Torreblanca se quitará así de encima ese tipo de presiones que tanto le molesta, y de paso aparecerá como un gobierno humanitario. Pero aquí no terminó todo, pues sigue pendiente la reparación del daño. El millón 300 mil pesos que se entregó es sólo una “ayuda humanitaria”. De modo que cuando haya justicia en este país, y los gobiernos estén realmente al servicio de los ciudadanos, se resolverá dar una indemnización vitalicia a las personas que la ley identifique como las depositarias de ese beneficio al que acceden por el daño físico, psicológico y económico que el Estado les causó.
Y cuando se haga justicia, el gobierno del estado tendrá que hacer la erogación de recursos correspondiente. Otra vez. ¿O no abogado José Sánchez? ¿O no secretario Armando Chavarría? ¿O a cuál justicia se refirieron el lunes?
*****
A propósito, una auténtica reforma del Estado en Guerrero tendría que incluir por fuerza medidas para evitar que en el futuro los gobiernos acudan a la represión violenta contra los ciudadanos que se organizan y luchan pacíficamente por sus derechos.
Y qué mejor que la indemnización a las víctimas de esos actos, consagrada en la legislación internacional y nacional. Que sepa el Estado que tiene un costo económico la incapacidad de sus operadores para resolver los problemas por la vía del diálogo y del respeto a los gobernados.
Reabrir la investigación de la matanza de Aguas Blancas tendría que ser parte de las conclusiones de una auténtica reforma democrática de las instituciones del Estado, en una entidad como Guerrero.
Pero lo que hasta ahora se sabe de la tal reforma del Estado es que se perfila solamente una reforma electoral. Por eso molesta que haya funcionarios estatales que hasta engolan la voz para hablar de la reforma del Estado que promueve el señor gobernador, cuando poco o nada saben de lo que significa ésta.
Incluso un experto como el politólogo César Cansino dijo que sabía que se estaba cocinando una reforma ambiciosa, pero todos los ejemplos que dio en la entrevista con Ricardo Castillo (El Sur 14/08/06) fueron los de una reforma electoral. Será, dijo Cansino, una reforma “de fondo, que tiene que ver con partidos políticos, financiamiento, incluso la estructura del Consejo (Estatal) Electoral, muchísimas cosas”. Una reforma electoral de fondo, pues.
El contexto nacional, y la correlación local de fuerzas políticas dan para intentar transformaciones profundas en el funcionamiento de las instituciones de gobierno en Guerrero, y para la creación de otras. No es cierto que nos coman los tiempos electorales, como dijo el gobernador para justificar su apresurada convocatoria a comenzar los trabajos de la reforma. Las próximas elecciones locales son en octubre de 2008, de modo que hay tiempo físico y legal suficiente.
No hay pues nada que justifique posponer una verdadera reforma de Estado.
*****
Mientras tanto, el candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, emite otro discurso con evocaciones rupturistas. Por primera vez en su carrera política –dos veces candidato a gobernador de Tabasco, presidente nacional del PRD, jefe de Gobierno de la capital de la república– hace referencia al artículo 39 constitucional, redactado por los constituyentes de Querétaro para justificar el movimiento revolucionario que los había colocado allí, en el poder Legislativo. “El pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de modificar la forma de su gobierno”. Es decir, no solamente en los procesos electorales, sino también fuera de éstos. Es decir, tiene el derecho de cambiar a sus gobernantes no solamente por la vía de las urnas.
Ya veremos muy pronto las reacciones a este escalamiento en las posiciones de Andrés Manuel.