Se cumplieron ocho años de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, y los mexicanos seguimos esperando que se aclare el destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que sepamos quiénes participaron en la desaparición de los muchachos y cuáles fueron sus móviles. Desde luego, es igualmente exigible que se señale a los responsables, se les detenga, se les enjuicie y paguen por sus delitos.
Sin embargo, lejos de aclararse los hechos y sus móviles, durante estos años hemos recibido muy diversas versiones, la mayoría inverosímiles, como es la llamada “verdad histórica”, que por confusa, incompleta, mentirosa y manoseada ha servido para crear más confusión, además de que lastima a las familias de los 43 y hasta ahora lo único plausible es el encarcelamiento del autor de la gran farsa.
En medio de versiones, contraversiones y diversiones, por fin, gracias al informe de Alejandro Encinas, parecía empezar a conocerse algo de lo realmente ocurrido. Se giraron nuevas órdenes para aprehender a los involucrados y se detuvo a algunos de ellos. Pero algo pasó, porque se cancelaron órdenes de aprehensión, se liberó a ciertos detenidos y finalmente todo se diluyó, como siempre, en las turbias aguas de los intereses corporativos.
Pero no se detiene ahí la historia. Uno de los acusados en el reciente informe de Encinas, el general retirado José Rodríguez Pérez, en una entrevista periodística que fue trasmitida por el canal 40, acusa al subsecretario de Gobernación de haber incurrido en difamaciones en el citado documento. Y lo peor, ahora los abogados de los militares presos o señalados han decidido acusar a Alejandro Encinas por difamación y hasta amagan con ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La reacción presidencial, no recurrió a la conocida cantaleta de acusar a los neoliberales y conservadores, pero dejó en un plano de ambigüedad el asunto, pues si bien confirmó que su gobierno no dará carpetazo al asunto y que se abrirán todos los archivos que sean necesarios, contribuyó a la confusión al decir que se quiere debilitar al Ejército, aunque no aclaró quiénes ni por qué.
El mandatario salió en defensa del actual Ejército mexicano, el tercero de nuestra historia independiente, pues el primero, de origen colonial, fue derrotado por la fuerza popular creada por los liberales, la misma que resistió la invasión francesa y acabó echando a los enviados de Napoleón, que salieron con el rabo entre las patas. Lamentablemente, aquel ejército popular y juarista acabó pudriéndose al ser el más firme apoyo de la dictadura porfiriana, que enviaba a sus oficiales a capacitarse en Europa, sobre todo en Alemania, con los mentores de los futuros oficiales nazis.
El ejército porfirista tenía, como el actual, un origen popular y revolucionario, pero eso no impidió que terminara reprimiendo toda protesta obrera o campesina y que su alta oficialidad se corrompiera por las concesiones y halagos del poder político.
Las fuerzas armadas de hoy en algunos casos han repetido la historia, pues si bien tenemos marinos y soldados mexicanos respetabilísimos, como nos consta a todos, tiene también elementos que se apartan del cumplimiento del deber y operan en función de su propio interés.
Si la investigación no avanza, si no se aclara el paradero de los 43 muchachos, si ni siquiera la ejecución de un elemento militar en la noche de Iguala mueve a dar un apoyo decidido a la investigación, entonces se despierta la sospecha de que algo terrible se está gestando, algo que no merecen los mexicanos ni su gobierno. La embestida contra Encinas es un acto más de esta tragedia de enredos. Lázaro Cárdenas se enfrentó a un fenómeno similar que tuvo como protagonistas a los altos jefes que obedecían a Calles, no al Presidente de la República. ¿Sabrá hacerlo el presidente López Obrador?