En principio el GIEI debería haber resuelto el cómo y el por qué del brutal crimen que tuvo lugar en Iguala en 2014, pero al final lo que descubrió es que para llegar a la meta hay que empezar por investigar las razones por las cuales
la PGRhizo tan mal la investigación
original.

A estas alturas y frente al fracaso de la Procuraduría General de la República para dar respuesta creíble al cómo y al por qué ocurrió la tragedia del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, no hay más que dos posibilidades: o el actual gobierno es terriblemente incompetente para resolver una desaparición forzosa masiva –como el de Nigeria con el secuestro de 200 estudiantes por Boko Haram– o está dispuesto a pagar un precio político altísimo –interno y externo– con tal de encubrir el mecanismo que llevó a que esa noche se ordenara la desaparición de 43 estudiantes, se hiriera a otras 25 personas y se provocara la muerte de seis. Claro, también cabe la combinación de incompetencia y encubrimiento. En cualquier caso estamos frente a una de las causas de ese “mal humor social” que detectó el presidente Enrique Peña Nieto (EPN) el 25 de abril en Guadalajara.
En Guatemala, ante una situación sin salida en la lucha contra la corrupción el “factor externo” –la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala– desencadenó un proceso que terminó por llevar a la cárcel al propio presidente de ese país, general Otto Pérez Molina, en 2015. En México y también en 2015, un “factor externo” similar al de nuestro vecino del sur –el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– entró en acción cuando el gobierno se vio obligado a admitir que, por sí sólo, no podía hacer creíble la investigación del “caso Iguala”. Sin embargo, aquí el resultado ha sido diferente: tras poco más de un año de trabajo el GIEI no pudo resolver el enigma de la desaparición pero sí pudo mostrar las fallas y la falta de voluntad del gobierno de EPN para resolver un crimen que es motivo de atención mundial.
Ante la imposibilidad de lograr credibilidad a la tesis inicial de la PGR presentada el 27 de enero de 2015 –que los estudiantes habían sido muertos e incinerados por el crimen organizado (Guerreros Unidos) en el basurero de Cocula, Guerrero–, el gobierno mexicano se vio forzado a pedir la ayuda del GIEI –formado por cuatro latinoamericanos y un español– que empezó a trabajar en marzo de ese 2015.
En el inicio, la presencia del GIEI dio un respiro político al gobierno de EPN pero al final lo dejó en una posición aún más precaria. Y es que el GIEI salió del país no por voluntad propia sino a petición del gobierno mexicano, pero no sin antes haber abierto una serie de interrogantes que demandan una investigación sobre la investigación que ya había llevado a cabo la PGR e incluso ampliarla para explicar los obstáculos que el gobierno puso a la labor del grupo de expertos (Reforma, 1° de mayo).
Lo obscuro. En los días previos a la entrega del voluminoso informe final de abril 29, (https://drive.google.com/a/nytimes.com/file/d/0B3wuz7S3S9urY2YzdjlrUmpSQTQ/view?pref=2&pli=1), el GIEI hizo saber que desde meses atrás, al cuestionar en su primer informe algunos de los puntos centrales de la investigación original de la PGR, el gobierno mexicano había dejado de facilitar su labor e incluso se había iniciado una campaña de medios en su contra.
En principio, lo racional para EPN y su gobierno hubiera sido apoyar y apoyarse en el GIEI y dejar que la investigación de ese grupo corriera libremente hasta despejar toda una serie de incógnitas que incluyen no sólo el paradero de los estudiantes sino: ¿Quién torturó y con qué objetivo a los supuestos testigos de la supuesta incineración de los estudiantes? ¿Qué hacía Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y su equipo a orillas del río San Juan el 28 de octubre de 2014 y por qué no hubo nunca registro oficial de su actividad? ¿Qué policías federales estuvieron presentes la noche del secuestro y con qué propósito? ¿Á qué se debe que no aparezca “el quinto camión” tomado por los estudiantes la noche de la tragedia, posiblemente cargado de opio –la droga que se produce en la zona– rumbo a Chicago? ¿Qué es lo que realmente llevó al gobierno a oponerse a que el GIEI interrogara a miembros de la institución oficial más importante, sólida y con mayor información en Iguala: el 27 batallón de infantería?
El costo político que está pagando y seguirá pagando EPN por no poder dar respuestas creíbles a las interrogantes anteriores y al monstruoso enigma de Iguala, es enorme. Internamente, los padres de los normalistas siguen movilizando a la opinión pública y culpando al gobierno federal de ser el responsable directo o indirecto de la desaparición forzada de los 43 jóvenes. En Estados Unidos The New York Times considera que el gobierno de EPN simplemente está “huyendo de la verdad” (26 de abril) y en Europa TheEconomist asegura que “los mexicanos se preguntan a quién está protegiendo el gobierno” (30 de abril).
El GIEI ya se marchó pero, además de 20 recomendaciones puntuales, dejó este mensaje final: “La comunidad internacional puede contribuir a ayudar a superar algunos de los obstáculos que mantienen la impunidad e impiden gozar de una justicia pronta y eficiente, respetuosa de los derechos humanos. Pero el papel central es de México, su pueblo y sus instituciones.” Así pues, hemos vuelto a donde estábamos al principio pero sin “verdad histórica” y teniendo que investigar por nosotros mismos la supuesta investigación que llevó a esa “verdad”.

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