En las últimas semanas, el número de personas infectadas por el coronavirus ha ido en franco crecimiento en Argentina, poniendo en jaque al gobierno del presidente Alberto Fernández.
Paradójicamente, este último había sido uno de los líderes en América Latina que más tomó en cuenta el riesgo sanitario inducido por la Covid-19 desde su llegada a la región, a principios del año 2020. Desde un principio, el gobierno argentino decidió priorizar a la salud frente a la economía. Tras consultar a sus pares europeos, el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de confinar de manera obligatoria a la población, para evitar el crecimiento del número de personas contagiadas.
Además de ello, extendió la mano a la oposición, en particular a su sector más moderado, encabezado por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Estos acuerdos con el alcalde de la capital, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires (y protegido de la vice presidenta, Cristina Fernández de Kirchner), Axel Kicillof, permitieron al jefe del ejecutivo argentino ver su popularidad aumentar de manera sostenida, llegando a niveles pocas veces vistos en América del Sur, con más del 80 por ciento de aprobación a finales de marzo.
Si en un primer momento, estas medidas restrictivas de confinamiento permitieron que el número de personas sea reducido en comparación con el resto de países de la región  –pensamos en particular en Brasil, gobernado por el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro–, la curva de personas contaminadas por el virus mantuvo su ascenso.
Progresivamente, el consenso que se había formado en torno a las medidas sanitarias instauradas por el gobierno de Fernández se fue erosionando. Poco a poco, la tradicional “grieta” de la Argentina (expresión que designa la polarización en la vida política de ese país entre los militantes peronistas y no peronistas) volvió a surgir. El ex presidente Mauricio Macri, que había mantenido una postura discreta tras su salida del poder, arremetió en contra de las medidas impulsadas por la Casa Rosada (sede de la presidencia de la República argentina), y respaldó las protestas callejeras en contra del ejecutivo (a pesar de la cuarentena y de las restricciones sanitarias).
Y es que la pandemia vino a romper toda la estrategia política de Alberto Fernández desde su llegada al poder, a finales de año pasado. Para este último, lo más importante era poder obtener una renegociación de la deuda pública con los acreedores públicos y privados internacionales de manera rápida, para tener un margen de maniobra fiscal que le permitiera al gobierno lanzar un programa ambicioso de obra pública y poner en marcha una serie de apoyos para las personas más humildes.
Sin embargo, la Covid-19 vino a dar al traste con esta estrategia. Los indicadores de la economía argentina se han hundido, como en toda la región latinoamericana. Si bien la renegociación de la deuda con los acreedores privados terminó siendo un éxito (el 99 por ciento de los acreedores privados ya aceptaron la oferta de Buenos Aires), todavía falta obtener el acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar ese capítulo.
Más aún, es indispensable que el capital privado regrese a Argentina, y que este dinero sea aplicado en inversiones productivas, y no en la bolsa de Buenos Aires, como fue el caso durante la gestión de Mauricio Macri.
Infelizmente, durante los últimos meses, la pobreza y el hacinamiento volvieron a ir a la alza. Esto ha tenido como consecuencia un aumento de la impopularidad del gobierno. Recientemente, la aprobación del presidente Alberto Fernández pasó por debajo del 50 por ciento.
Con pocos recursos para relanzar a la economía, con una mayoría política poco cohesionada y con una oposición cada  vez más empeñada en dificultar el trabajo del gobierno, el jefe del ejecutivo argentino tiene un panorama que luce complejo para los próximos meses. Para sortear este momento, el ocupante de la Casa Rosada tendrá que usar de toda su capacidad negociadora para reorganizar a su base política y obtener un acuerdo con el FMI.
No será fácil, pero es necesario hacerlo.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada