Después de dos años de conflicto entre el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a
la Presa la Parota (Cecop) con el gobierno federal, representado por la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) y el gobierno del estado, los campesinos en resistencia han logrado
demostrar a pulso que la razón jurídica les asiste y al mismo tiempo, han desenmascarado
todas las tropelías y complicidades realizadas por la Procuraduría Agraria (PA) que sin
ningún recato ni respeto a los derechos de los campesinos opositores, se ha encargado
de realizar un trabajo sucio al interior de los núcleos agrarios en conflicto, con el apoyo de
líderes esbirros, para imponer a cualquier costo social y económico el proyecto
hidroeléctrico.
La posición del gobierno del estado se ha mantenido inalterable a pesar del cambio del
partido en el poder. No hay ninguna diferencia en la forma de atender este conflicto entre el
Ejecutivo estatal pasado y el actual: los dos se han alineado a los dictados del gobierno
federal y a los intereses comerciales de los grandes consorcios financieros; por sus actos,
los dos se han definido como gobiernos anticampesinistas; los dos le han apostado a la
represión y criminalización del movimiento opositor; los dos han encarcelado a los líderes
del movimiento; los dos se han empeñado en violar de manera sistemática el derecho que
tienen los pueblos a ser informados con veracidad, a ser consultados de manera
apropiada, a ser escuchados y a saber respetar sus decisiones, en un marco de pluralidad
y tolerancia.
En todo este tiempo se ha mantenido la misma posición gubernamental: sí a la presa la
Parota, por encima de las muertes de campesinos que ha ocasionado este conflicto y por
encima de la polarización y confrontación comunitaria. Las autoridades estatales le restan
importancia a las recomendaciones de los organismos internacionales; desatienden las
preocupaciones y planteamientos de los relatores especiales de la ONU; no valoran en su
justa dimensión las observaciones presentadas por los estudios de impacto ambiental; no
toman en cuenta las normas internacionales y nacionales que protegen los derechos de
los pueblos; no escuchan el reclamo legítimo de los campesinos opositores; no existe
disposición para distender el conflicto y no se vislumbran espacios y oportunidades para el
diálogo y la concertación.
Por su parte los campesinos opositores se han visto obligados a resistir y a defenderse de
todas las artimañas jurídicas, de enfrentar la persecución, el encarcelamiento y la
represión por parte de la fuerza policíaca. Se han organizado como lo que son, campesinos
pobres dispuestos a defender sus tierras, porque saben que es el único patrimonio que
tienen. La expropiación de sus territorios no será otra cosa que su extinción como clase
campesina, su desaparición como pueblos con plenos derechos, su destierro forzoso y su
confinamiento como parias del capital. Hoy son campesinos que tienen tierras y agua,
mañana serán reducidos a simples trabajadores eventuales, ambulantes y migrantes,
extranjeros en su propia tierra, desheredados y sin un lugar seguro para vivir y morir con
dignidad.
Como campesinos no son parte fundamental del proyecto hidroeléctrico porque el trabajo
agrícola tiene que desaparecer en la zona de la represa, porque el cauce del río Papagayo
tiene que encapsularse y violentar su curso natural; porque la flora y la fauna nativas serán
pérdidas inevitables que no desestabilizarán económicamente al proyecto. Lo que sí
importa en este proyecto es la expropiación de las tierras, arrancarle a los campesinos su
aprobación al costo que sea, cambiar el uso del suelo, transformar su hábitat, obligar su
desplazamiento, meter la maquinaria pesada, abrir los caminos para construir la cortina y
poder implantar tecnologías de punta para la generación y comercialización internacional
de la energía eléctrica.
El maíz y el frijol que han sido el pilar del desarrollo comunitario de los pueblos indígenas y
campesinos de Guerrero y que forman parte de la civilización mesoamericana, no tienen
nada que hacer en este nuevo escenario de la privatización del campo, porque desde la
lógica empresarial son un obstáculo para el desarrollo capitalista, por lo mismo, el modo
de vida campesino tiene que desaparecer del mapa gubernamental, sobre todo en esta
región intentarán a toda costa desmantelar al movimiento del Cecop, porque lo consideran
como una amenaza a sus planes aviesos.
Ante la urgencia del gobierno federal por iniciar los trabajos de la hidroeléctrica y ante un
escenario adverso para las instituciones encargadas de sacar adelante el procedimiento
agrario que garantice la expropiación de las tierras, los gobiernos se han confabulado para
implementar una estrategia de confrontación entre los mismos campesinos con el fin de
ubicar al Cecop, como un movimiento radical y colocarlo fuera de la legalidad. Las
autoridades se han negado a reconocer que los campesinos opositores le han apostado a
la vía jurídica para hacer valer sus derechos, logrando evidenciar en todos los juicios las
triquiñuelas que realizaron las autoridades agrarias cuando convocaron a las asambleas
amañadas. Durante todo este tiempo el Cecop se ha armado de paciencia para esperar el
veredicto de las autoridades competentes, ha depositado su confianza en las instituciones
y ha concentrado todas sus energías en la lucha jurídica para poder dirimir el conflicto
causado por la CFE. Los resultados han sido favorables a su causa, sin embargo las
autoridades del estado los sigue acorralando para impedirles que avancen en su lucha de
resistencia y reivindicación de sus derechos .
Ante el alargamiento de estos juicios que son expresión de la razón jurídica que tienen los
opositores, las autoridades decidieron aplicar otro plan, con el fin de restarle fuerza y
legitimidad al Cecop y forzarlo a entrar a otra dinámica, echando por deante todos los
recursos necesarios y todo el aparato gubernamental.
De la noche a la mañana el gobierno decidió convocar a una nueva asamblea en el núcleo
agrario de Cacahuatepec, repitiendo la misma estrategia de realizarla en una comunidad
alejada de la sede, perteneciente al municipio de San Marcos, que reúne las características
geográficas para tener el control territorial y poder manipular la asamblea, con el aval de las
autoridades agrarias y el respaldo de las fuerzas policiacas.
Esta decisión tomada desde las altas esferas ha calculado los costos sociales de esta
asamblea y le está apostando a la confrontación entre los mismos campesinos para dar el
golpe de timón. Se trata de una provocación y de una convocatoria a la confrontación para
crear un escenario adverso al Cecop que los ubique como rijosos y los coloque fuera de la
legalidad.
En estos días se ha creado un ambiente hostil hacia los campesinos opositores y hacia
nosotros que contribuimos como asesores jurídicos, desvirtuando la lucha pacífica del
Cecop y el trabajo legal y legítimo que realizamos desde hace 13 años como defensores
de derechos humanos, y que está avalado por los pueblos indígenas y campesinos de
Guerrero y reconocido internacionalmente por la ONU y la OEA dentro del marco de la
declaración de los defensores de derechos humanos.
Es sumamente preocupante la actitud beligerante y parcial de las autoridades estatales
ante el grave conflicto de La Parota. Hay un intento de circunscribirlo a un ámbito local y de
reducirlo a un grupo opositor de 50 personas, de desvirtuar el trabajo jurídico impecable y
de desconocer al Cecop como un actor legítimo que debe ser escuchado dentro de los
cauces institucionales.
Se corre el riesgo de que se imponga la línea dura del gobierno federal y estatal sobre el
tratamiento a los movimientos sociales y que se le apueste a la fuerza y la confrontación,
para sacar adelante la aprobación de un proyecto económico que puede aumentar la
espiral de la violencia fraticida.
Ante este riesgo eminente alertamos a la opinión pública nacional e internacional para que
estén atentos al devenir de este conflicto y para que puedan participar en la misión civil de
observación en San Juan Grande, municipio de San Marcos.