Las llamadas reformas estructurales que se vienen imponiendo al país desde hace más de tres décadas han marcado la historia reciente de México. Han sido el sello distintivo de la etapa del neoliberalismo. Son su mayor orgullo y su divisa de cambio. Han representado el triunfo de una minoría tecnocrática que ha conducido los destinos de la nación. El signo ideológico de las primeras reformas se basó en el llamado “Consenso de Washington” y prepararon el terreno para la apertura comercial y financiera del país a la globalización que culminó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Después vinieron otras, como la transformación del sistema de pensiones, manejadas ahora por empresas privadas, orientado por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que profundizaron el “cambio estructural” a finales de los años noventa. La nueva ola de reformas comenzó en 2012 con las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y continuó bajo el Pacto por México, con la privatización de los energéticos y la mal llamada reforma educativa, entre las más importantes.
Todas ellas han tenido como propósito abrir el paso a las fuerzas del mercado por encima de los intereses de la sociedad; eliminar las regulaciones del Estado para que las empresas y las inversiones fluyan sin obstáculos; destruir o eliminar resistencias de trabajadores, comunidades, pueblos y actores sociales colectivos con el propósito de que sea el capital el que imponga las condiciones, maneras y ritmos del desarrollo. Según el proyecto neoliberal, de esta manera habría más crecimiento económico, mejores empleos y mayor prosperidad para los mexicanos.
Pero los resultados alcanzados hasta ahora no han demostrado el éxito anunciado. Por el contrario, desde hace treinta años el crecimiento económico es bajo, la desigualdad y la pobreza han aumentado y, lo que hay que recalcar especialmente, el proyecto neoliberal ha profundizado la tensión social, la inseguridad y el temor a un futuro incierto. Con ello, la brecha entre las instituciones del Estado y los ciudadanos se ha vuelto más profunda. El Estado de derecho, la aplicación de la ley y la gobernabilidad se han deteriorado. La “libertad” otorgada a las fuerzas del mercado no ha construido un nuevo orden social y político: han promovido más bien las condiciones para que el fuerte se imponga sobre el más débil; para que las violaciones a la ley se puedan comprar más fácilmente, generalizando la corrupción; para que gobernar para unos cuantos se haya vuelto una práctica más común que atender el interés de la nación.
Un buen ejemplo lo podemos encontrar en las reformas a la Ley Federal del Trabajo aprobadas hace tres años, el 30 de noviembre de 2012. Bajo el propósito de “flexibilizar” las normas laborales para que el empleador pueda bajar costos y manejar con menos trabas a sus empleados, las reformas impusieron básicamente nuevas formas de contratación (por horas o por temporada, a prueba, a distancia y mediante empresas intermediarias) y nuevas causales de rescisión y reglas para los juicios laborales (que no podrían durar más de 12 meses en el caso de los despidos).
Aunque estaba explícitamente señalado en los propósitos de la ley, la transparencia y la democracia sindical quedaron en buenas intenciones pues un conjunto de propuestas redactadas para ese efecto recibió el rechazo de los legisladores del PRI y del PAN. Ambos partidos mostraron así plena identidad en sus propósitos: impulsar la flexibilización, pero mantener la corrupción sindical, los contratos de protección y el poder de dirigentes sindicales impuestos por el gobierno y que nunca han sido elegidos por sus agremiados.
Además, el trabajo legislativo fue muy defectuoso. El nuevo texto que supuestamente regula la subcontratación es intrincado y al mismo tiempo permisivo, pues no se incluyó una adecuada supervisión para su cumplimiento. También se puede encontrar una redacción confusa de los artículos sobre el salario por hora que permite diversas arbitrariedades de los empleadores en perjuicio del trabajador.
La verdad es que estas reformas trataron de legalizar lo que ya sucedía en los hechos. La flexibilización se había impuesto en México desde hacía tiempo, violando abiertamente la ley vigente. Las reformas, al tratar de acomodarse a esa realidad intentaron también regularla. Es decir, incorporaron la flexibilización, pero quisieron que ésta se aplicara con algunos controles que beneficiarían mínimamente a los trabajadores. El resultado final fue un trabajo legislativo turbio y confuso que no dejó satisfecha a la representación patronal ni protege realmente a los trabajadores bajo las nuevas reglas. Y para colmo, dejó sin cambios un aspecto esencial: el control del gobierno sobre el registro y la vida interna de los sindicatos.
Aun y con todo esto, podría haberse esperado que las reformas dieran algunos frutos. Sin embargo, en un reciente trabajo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, titulado Evaluación de los primeros resultados de la Reforma Laboral (disponible en cefp.gob.mx), se señala que el ritmo de personas ocupadas después de la reforma fue inferior a los años previos. En particular destaca que “el empleo de los jóvenes disminuye en los años posteriores a la reforma”. También expone que no ha habido un impacto en la reducción de la informalidad, es decir de los trabajadores que no tienen acceso a la seguridad social. En cambio, el número de trabajadores eventuales registrados se ha incrementado en mayor medida que los permanentes.
Por otro lado, si bien disminuyó el número de huelgas y aumentaron las acciones de conciliación (entre trabajadores y patrones) en las juntas respectivas, el salario mínimo no ha crecido, los salarios medios (del IMSS) apenas están al mismo nivel de 2007 (antes de la crisis mundial) y se ha presentado una caída en el salario manufacturero. El estudio subraya asimismo que el salario que obtienen las mujeres se ha reducido, por lo que “la reforma laboral no está generando una mejora evidente en la igualdad de género”. Y para disgusto de la tecnocracia el informe muestra que tampoco ha habido “cambios sustantivos en la productividad laboral”.
En conclusión, podemos afirmar que las reformas no allanaron el camino para el desarrollo económico. Tampoco para el empleo, mayores oportunidades para los jóvenes, mejores salarios, ni mayor protección de la seguridad social para los asalariados. Lo que sí han logrado aumentar es la inseguridad laboral y doblar más fácilmente las resistencias sindicales, colectivas e individuales de los trabajadores. Gracias a las reformas, la pregonada libertad de las fuerzas del mercado ha significado, simplemente, fortalecer el poder de las empresas. Para los trabajadores no ha habido ningún beneficio material ni algún avance en la capacidad de defensa de sus intereses. Este es el verdadero cambio que aportan las reformas neoliberales: fortalecer el poder de las élites y tratar de debilitar la resistencia de la sociedad.
Por ello, los “reformadores” del mundo del trabajo han dejado sin cambios el andamiaje legal y político heredado del viejo régimen que hace muy difícil una cosa tan sencilla como que los trabajadores puedan elegir libremente al sindicato al que se quieren afiliar y a sus representantes. La libertad y la democracia que proclama la tecnocracia no llega hasta acá. Se queda en la esfera de los mercados.
Los resultados de las reformas neoliberales están mostrando que este camino es intransitable. La aparente paz social en las relaciones laborales oculta una falla enorme: el desarrollo económico no se podrá elevar ni sostener sin la participación de los trabajadores y esto implica, necesariamente, de una manera u otra, una transición a la democracia en el mundo del trabajo. Ésta es la reforma que el país necesita, y la más importante.

@saulescoba