EL-SUR

Martes 27 de Septiembre de 2022

Guerrero, México

Opinión

Alias El Marro, la prueba de seguridad para AMLO

Silber Meza

Marzo 09, 2019

DE NORTE A SUR

En la manta firmada por “El señor Marro”, se lee: ”Presidente Andrés Manuel López Obrador, te exijo que ya saques a chingar a su madre a la Marina, Sedena y fuerzas federales del estado, sino (sic) te voy a empezar a matar gente inocente para que vea que esto no es un juego y que en Guanajuato no los necesitamos. Ahí te dejo un regalillo en mi refinería para que vayas viendo cómo se van a poner las cosas”.
El regalito era un supuesto explosivo dentro de una camioneta antigua color naranja.
Eran los primeros días de febrero de este año y la lucha contra el robo de combustible –mejor conocido como huachicol– emprendida por el presidente de la República se intensificaba. Una de las zonas más difíciles no fue Puebla y su famoso triángulo rojo, sino Guanajuato; y de Guanajuato, el municipio de Villagrán; y de Villagrán, la zona de Santa Rosa de Lima, el hogar de José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, que ha sido identificado por las autoridades federales como el líder del robo de combustible en la zona del Bajío, al grado que le disputa el poder del hurto de hidrocarburos al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación.
Alias El Marro se dio cuenta de que amenazar al presidente era una bomba de tiempo, tal vez por eso utilizaron redes sociales para desmentir la información y culpar a sus enemigos de Jalisco, comandados por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. En realidad no se sabe quién colocó la advertencia.
La pelea entre ambos ha sido a muerte y sin cuartel. Pemex estima que el robo de combustible en México supera los 60 mil millones de pesos al año, y Guanajuato representa una enorme tajada del pastel.
Por la amenaza al presidente, por el dinero que representa el huachicoleo y por el creciente problema de inseguridad que vive Guanajuato no hubo otra opción: había que intervenir Santa Rosa de Lima. No fue fácil entrar a la zona: bloquearon carreteras y quemaron vehículos. La orden del grupo criminal era no permitir la entrada de los marinos, militares y policías federales, lo que en poco tiempo llamaremos la Guardia Nacional.
Pero la barrera fue filtrada por el gobierno. Aceptar que amenacen de muerte a un presidente podía llevar a México al laberinto de la ingobernabilidad.
Desde el lunes pasado se intensificó el operativo al que llamaron Golpe de Timón y que, según las versiones proporcionadas por las autoridades locales y federales, tiene el objetivo de tomar el control de Santa Rosa de Lima: recuperar el terreno, quitarle la guarida al cártel, aprehender a alias El Marro y desbaratar la estructura de mandos medios. Si resulta cierta la versión de la autoridad, pudiéramos estar frente a un experimento exitoso: ocupar un terreno perdido, extinguir dominios del crimen, regresar la paz social, desarticular financiera, operativa y políticamente a la organización. Este último punto es tan importante, tal vez más, que los dos que le preceden.
Información de la Policía Federal que se filtró a medios de Ciudad de México expone que un hermano y dos sobrinos de Juan Lara Mendoza, alcalde de Villagrán, Guanajuato, se hallan dentro de la estructura criminal del cártel de Santa Rosa de Lima. El gobernador del estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, ha mencionado que el alcalde Lara ha puesto resistencias de colaboración con las autoridades que buscan erradicar al grupo criminal de su municipio. Estaríamos entonces ante un caso de delincuencia organizada en plenitud, como pocas veces se muestra claramente, donde se ven los brazos políticos, sociales, económicos, operativos y armados del crimen organizado mexicano.
El éxito del operativo está por verse. La “guerra contra el narco” iniciada por Felipe Calderón Hinojosa y continuada por Enrique Peña Nieto nos ha dejado claro que los golpes espectaculares no funcionan, y al contrario, muchas veces arrojan una situación aún más adversa con la atomización de los grupos delictivos y el surgimiento de nuevas células criminales que dejan de pelearse estados y municipios para luchar por colonias, calles y esquinas.
Aquí viene la segunda prueba de seguridad para López Obrador, y tal vez la más compleja: desarticular a un cártel poderoso e instalar la paz y el Estado de derecho perdido.