Del 13 al 16 de julio se llevó a cabo la Acción Global Coordinada Chiapas es México. Bajo la demanda “Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas”, colectivos, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y simpatizantes del movimiento zapatista en todo el mundo, realizaron protestas, movilizaciones, conversatorios, actividades culturales y jornadas contra la guerra informal bajo la que viven las comunidades zapatistas en Chiapas. En el llamado público realizado por el Congreso Nacional Indígena (CNI) para la acción global en solidaridad con las comunidades y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), afirmaron que “la guerra en Chiapas es un síntoma de lo que ocurre en México: militarización, narcotráfico, desaparecidos, feminicidios, trata de personas, encarecimiento de la vida, despojo de tierras, criminalización de la protesta, persecución y prisión política. La autonomía zapatista representa una de las expresiones más organizadas que confrontan esta guerra capitalista. Paramilitarismo, narcotráfico y programas sociales como Sembrando Vida, tienen a Chiapas al borde de una guerra civil”. Fueron esas razones que los llevaron a realizar el llamado final a la solidaridad y a la organización internacionales para detener esta barbarie. El elemento clave detrás de esta guerra contrainsurgente de baja intensidad –y que jamás admitirá el poder de vocación profundamente neoliberal autonombrado Cuarta Transformación– no es otro que un severo reordenamiento territorial. Especialmente en el sureste de México.
No se trata de una mera suposición. En el Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración federal se lee, al pie de la letra, lo siguiente: “El Tren Maya es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial de la región”. Más allá de la escandalosa magnitud del exterminio de vegetación con este tipo de megaproyectos –AMLO prometió que no se talaría “ni un solo árbol”–; de las especies animales como el jaguar, que han quedado cercenadas de sus pasaderos naturales, y de los cenotes y cuerpos de agua en riesgo latente en el trazo caprichoso del tren, es reveladora la confesión de la frase final del PND: los megaproyectos de la 4T como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico tienen el propósito último de llevar a cabo el reordenamiento territorial del sureste mexicano. A confesión de parte, relevo de pruebas.El pasado 7 de julio el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) presentó su informe Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del estado. En la introducción del detallado informe, el Frayba afirma que en Chiapas “nos encontramos en medio de una diversificación y opacidad de grupos armados que utilizan la violencia para el control social, político, económico y territorial marcada por la continuidad de una estrategia contrainsurgente; así como una impunidad fomentada por actores estatales que abona al despojo, explotación y marginación social. El aumento de esta violencia ha dejado graves violaciones a los derechos humanos, dentro de las que destacan situaciones de desplazamiento forzado masivo e intermitente, desapariciones, despojo de tierras, asesinatos, tortura, entre otras”.El reporte deja en claro que, al ambiente sembrado de incertidumbre entre los pueblos de Chiapas, se le suma también un denso proceso de remilitarización de la zona. Y hace hincapié en el probado y sistemático espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el estado. “Al mismo tiempo –se lee en el informe del Frayba– se consolida al Ejército mexicano, principal perpetrador de variados crímenes de lesa humanidad en la historia reciente de México, como un suprapoder con la posibilidad de controlar todas las esferas de la vida y dejando abiertas las puertas para el ejercicio de un gobierno neodesarrollista y autoritario. Se apuesta a una continuidad de la guerra que beneficia a los poderes fácticos en México, un ascenso de la violencia generalizada y el aumento de la crisis de derechos humanos”.Como resultado de esta guerra informal, en los últimos 12 años el Frayba ha documentado el desplazamiento forzado de 16 mil 755 personas. Actualmente en la frontera con Guatemala hay al menos 400 familias que debieron abandonar sus comunidades en este contexto de guerra por el control territorial de grupos criminales. El lapso en que se enfoca el reporte de derechos humanos (2020-2022) se distingue además por una clara disputa por las tierras recuperadas por el EZLN en 1994. Las pruebas aportadas por el Frayba dejan claro el actual proyecto contrainsurgente hacia el proyecto zapatista. “Son diversas las agresiones y hostigamientos cometidos por parte de organizaciones corporativistas alineadas con el Estado”. En el núcleo de todo esto se encuentra la reconfiguración territorial declarada abiertamente en el Plan Nacional de Desarrollo de AMLO: la consumación de los megaproyectos de la Cuarta Transformación por encima de la vida, la naturaleza, las comunidades y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.