Muchos de los ambientalistas que luchan en la defensa de la naturaleza y los derechos humanos en asuntos ambientales, tanto en el pasado como en el presente, están realizando una actividad muy peligrosa. El Acuerdo de Escazú, sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, del cual México forma parte, y que el pasado 22 de abril entró en vigor, indica claramente en su artículo 9: “cada Parte (país) garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
El tema no es menor para México, la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (Semarnat), documenta en su Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020 un total de 560 conflictos sociambientales a lo largo y ancho del territorio nacional. Predominan los que detona la actividad minera (173 conflictos), seguidos por los que involucran temas de agua (86), energía (74), los proyectos turísticos (49), la expansión urbana (38), los recursos forestales (37), agrícolas (35) y los residuos tóxicos y peligrosos (34), entre los más importantes. Lamentablemente, en muchos casos, los protagonistas de estas expresiones de desacuerdo son acallados con la violencia más extrema: desde 1995 un total de 147 defensores ambientales han sido asesinados: 134 hombres y 13 mujeres (p. 82).” (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596232&fecha=07/07/2020)
Por ello, preocupan los datos más recientes para México. Conforme a la información que cada año documenta el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en el año 2020 fueron perpetradas 65 agresiones a ambientalistas, de estos 18 fueron homicidios, cinco de ellos en Guerrero, cuatro en Michoacán, dos en Oaxaca, dos en Chihuahua, uno en Baja California, uno en San Luis Potosí, uno en Morelos, uno en Veracruz.
Como señala en su informe el Cemda, en muchos de estos casos no se ha encontrado a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, generándose impunidad. El dato de 65 ataques a ambientalistas es preocupante ya que supera la de los tres años anteriores (57 en 2017; 49 en 2018, y 39 en 2019) (https://cemda.org.mx/miranos/).
El Cemda ha documentado un total de 436 ataques a personas defensoras del medio ambiente entre el año 2013 y 2018 (la anterior administración del gobierno federal). Ahora en los primeros 2 años de la actual administración federal, 2019 y 2020, se tienen un total de 104 ataques a personas defensoras de la vida, la tierra y el territorio.
Los que agreden según los datos del Cemda son el gobierno (40.0 por ciento; muy general ya que no se define los órdenes de gobierno) principalmente, agresores no identificados (40.0 por ciento), personas de la misma comunidad (6.2 por ciento), empresa privada (4.6 por ciento), paramilitares (3.1 por ciento), caciques (3.1 por ciento), gobierno y empresa (3.1 por ciento),
En general, se puede afirmar que los ambientalistas atacados, hombre, mujeres, comunidades completas, sufren un amplio catálogo de agresiones, en el 2020 no sólo hubo homicidios (20.0 por ciento), hay también amenazas (17.8 por ciento), intimidación (11.1 por ciento), criminalización (10.0 por ciento), estigmatización (10.0 por ciento), hostigamiento (7.8 por ciento), agresiones físicas (6.7 por ciento), secuestro (3.3 por ciento), desalojo forzoso (3.3 por ciento), desapariciones (2.2 por ciento), robo (2.2 por ciento), uso indebido de la fuerza (2.2 por ciento), privación ilegal de la libertad (1.1 por ciento), allanamientos (1.1 por ciento), difamación (1.1 por ciento), entre otras agresiones.
También se constata la diversidad de causas por sector de las agresiones principalmente por cuestiones forestales (24.6 por ciento), aperturas de vías de comunicación (24.6 por ciento), causas indeterminadas (16.9 por ciento), proyectos de minería (7.7 por ciento), proyectos de energía eléctrica (6.2 por ciento), proyectos hidráulicos (4.6 por ciento), biodiversidad (4.6 por ciento), desarrollo humano (4.6 por ciento), turístico (3.1 por ciento), construcción (1.5 por ciento) e industrial (1.5 por ciento).
De la información presentada me queda claro que nos falta más información de detalle sobre los ambientalistas que son agredidos en México. Me parece, además, que pese al notable esfuerzo de instituciones como Cemda por revelar la magnitud del problema, posiblemente exista un subregistro de los casos que se presentan, debido a que la información deriva del análisis de fuentes periodísticas, y en muchos casos las agresiones a ambientalistas simplemente no son conocidas por los medios de comunicación y mucho menos denunciadas. Además, aunque no se señala de manera expresa, es evidente que la mayoría de los casos son en los estratos más pobres de la sociedad, casi siempre en comunidades rurales y pueblos indígenas marginados o en áreas periurbanas de las ciudades. Esto, sin dejar de reconocer que existen ambientalistas en las clases medias y ricas del país. Pero no son ellos los que son normalmente agredidos como es el caso de los pobres del país.
Pero, lo peor, es que la degradación ambiental propiciada por agentes externos conlleva un aumento de los problemas de los ambientalistas más pobres. Por lo tanto, una medida necesaria es no sólo ser solidarios con la defensa de sus territorios y sus causas legítimas, sino reducir el patrón de vulnerabilidad que les da la pobreza. Por ello, se necesita hacer en verdad justicia económica y social, no sólo justicia ante los delitos de todo tipo que se realizan en su contra. Ellos requieren hacer realidad no sólo su derecho a no sufrir la destrucción ecológica, sino a aspirar a una vida digna. Eso significaría que toda política pública esté basada en respeto mutuo y la justicia para todas las personas, libre de cualquier forma de discriminación o prejuicio. Se trata de que puedan lograr el derecho de participar como beneficiarios equitativos en todos los niveles del proceso de toma de decisiones, incluyendo el asesoramiento de necesidades, planificación, aplicación, sanción y evaluación en los programas y proyectos en su territorio. En donde sea realidad su reclamo al uso integral, racional y sostenible de la tierra y los elementos naturales que se encuentran en ella. En la naturaleza, en donde los seres humanos habitamos.
Esto implica cambiar radicalmente los modelos económicos tradicionales, así como los patrones de poder, local y global. Donde los ricos prosperan gracias a los beneficios quitados a los pobres. Es decir, cualquier llamado a erradicar la pobreza será mera retórica, salvo que sea acompañado de propuestas económicas, sociales, culturales y ambientales para producir y distribuir de manera diferente la riqueza y otorgándoles poder real de decisión a los pobres, la indignante mayoría en este país. Esa construcción es un enorme reto y estamos lejos todavía de desarrollarlo.
Hoy ser ambientalista es un asunto peligroso en México y en muchos lugares del mundo, están de alguna forma bajo fuego. Los derechos humanos de muchos ambientalistas están siendo violados de manera constante por múltiples causas. Creo firmemente, que el desafío social y colectivo es el de que asumamos un compromiso solidario con aquellos que luchan a favor del ambiente, de la naturaleza, en la que todos nos encontramos. Ya que los ambientalistas arriesgan sus vidas para protegernos en nuestro país y en el planeta.