En los últimos días, la reforma del poder judicial en México ha sido objeto de crítica de buena parte de los gobiernos y de los medios de Estados Unidos y Canadá. Buena parte del argumento de los funcionarios de la administración Biden y de los periódicos como el Washington Post en contra del “Plan C” están ligados a una pérdida de la independencia del poder judicial.
En este contexto, según el medio La Política Online, funcionarios de alto nivel del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sostuvieron una serie de conversaciones con emisarios del gobierno chino. Estos últimos le habrían prometido al gobierno de México que continuarán las inversiones chinas en nuestro país, aun si la reforma judicial iba adelante, bajo el argumento que China no se entromete en los asuntos de política interna de sus socios.
Este tipo de mensaje podría ser anecdótico, teniendo en cuenta la profundidad de la inserción de México en la cadena productiva norteamericana desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. No lo es. Se trata de un movimiento de fondo, en el cual la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China está tomando forma de manera cada vez más explícita en América Latina.
Es en América del Sur donde este movimiento es más visible. En efecto, Pekín se ha transformado en el primer socio comercial de la mayoría de los países sudamericanos, sean éstos gobernados por la izquierda (Brasil, Chile) o por la derecha (Argentina, Perú, Ecuador). Este vínculo económico construido por China con América del Sur durante los últimos veinte años ha transformado las dinámicas geopolíticas de la región. Si bien la mayor parte de la inversión extranjera directa hacia estos países sigue viniendo de Norteamérica, el nivel de la presencia china en la región se ha multiplicado, inclusive en sectores económicos estratégicos, como la generación y la transmisión de electricidad.
Frente a ello, los procesos de integración regional, que podrían conducir a disminuir la dependencia de los países de la región frente a Estados Unidos y China, se encuentran estancados. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que incluye a la totalidad de los países Latinoamericanos y del Caribe, nunca fue pensada como un mecanismo capaz de generar procesos institucionales de integración económica; más bien, se trata de un foro intergubernamental regional, en el cual los países pueden dialogar sobre los principales asuntos políticos latinoamericanos. Además, la polarización política y la existencia de grandes divergencias entre los dirigentes de la región (en particular, tras la llegada al poder de Javier Milei en Argentina) han impedido que las tentativas de relanzar los mecanismos de integración subregional como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), o el más reciente Consenso de Brasilia (lanzado el año pasado por el Presidente Lula) tengan éxito.
En este sentido, las prioridades para los gobiernos progresistas de la región no están en profundizar la integración regional, sino en evitar que las crisis se multipliquen en América Latina, como en los casos venezolano, nicaragüense y cubano en este momento. Por ende, si la prioridad no está allí, ¿hacia dónde se estarán dirigiendo los países de la región?
La respuesta no es única, y depende de una lectura fina en cada uno de los países de Latinoamérica. Sin embargo, sí es posible constatar una disputa creciente entre Estados Unidos y China para aumentar y/o mantener su influencia en la región.
Por el lado de Washington, existe una apuesta clara en aumentar el volumen de las inversiones privadas, en particular en materia de insumos críticos para la transición energética, como el litio. Para ello, las autoridades norteamericanas decidieron extender los beneficios fiscales ligados al Inflation Reduction Act (IRA) a algunos países de la región en función de sus intereses geopolíticos, como en el caso de México, o más recientemente, de Argentina.
También está dándole todo el respaldo a una iniciativa con vistas a aumentar las inversiones en semiconductores y tecnología informática en países aliados, como Costa Rica, Panamá y Colombia.
China, por su lado, está haciendo todo lo posible para que Brasil adhiera a la iniciativa de la franja y de la ruta (BRI, por sus siglas en inglés), lo cual sería un golpe geopolítico considerable, teniendo en cuenta el peso que tiene este país en América del Sur.
En este sentido, la próxima cumbre del G-20, que se llevará a cabo los 16 y 17 de noviembre en Río de Janeiro, será un buen indicador de los cambios de rumbo de Latinoamérica.

* Miembro del comité asesor de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

X: @Gaspard_Estrada