Durante el pasado fin de semana, la frontera entre Brasil y Venezuela ha sido el teatro de conflictos entre los habitantes brasileños del estado de Roraima y centenares de migrantes venezolanos que huyen de su país. En efecto, durante los últimos meses, el flujo de migrantes venezolanos ha llegado a niveles récord, no solamente en Brasil, sino también en toda la región andina. Hoy en día, el gobierno colombiano estima que más de un millón de venezolanos ha emigrado a Colombia, con picos de ocho mil personas que cruzan la frontera cada día. Estos migrantes intentan en buena medida ir a otros países, como Perú, Ecuador, Argentina o inclusive Uruguay. Se calcula que sólo a Ecuador emigraron 250 mil ciudadanos venezolanos durante el último año. De tal suerte que la crisis política, económica y social que vive Venezuela desde hace años, se está transformando en una crisis regional de consecuencias impredecibles.
Buena parte de los migrantes venezolanos llegan a las fronteras de Colombia, Brasil, Ecuador y Perú en malas condiciones de salud y alimentación ya que  desde hace varios meses el país vive una crisis sanitaria y alimentaria sin precedentes, lo que provoca que las personas no dispongan de las medicinas más elementales en caso de enfermedad. De ahí que la acción de las agencias de las Naciones Unidas para los refugiados en conjunto con los gobiernos nacionales se vuelva cada vez más imperiosa, para evitar conflictos entre los migrantes y las poblaciones asentadas en las fronteras. Pero las señales lanzadas por los gobiernos no han sido las mejores. El pasado fin de semana, los gobiernos de Ecuador y Perú anunciaron que pedirían la presentación de pasaportes a los venezolanos migrantes para acceder a su territorio, trámite del cual estaban exentos hasta entonces al tratarse de ciudadanos de la comunidad andina. Si bien en un primer momento el flujo de migrantes puede disminuir (buena parte no tienen pasaportes ni tarjeta migratoria andina), es probable que los flujos de migración informal aumenten con el paso del tiempo. Hoy en día, el gobierno venezolano no dispone de los recursos financieros para emitir pasaportes a sus connacionales.
El problema de fondo, sin embargo, no se encuentra únicamente en el tratamiento de las urgencias alimentarias y sanitarias, sino que reside en la solución de la grave crisis que vive Venezuela, que no tiene soluciones fáciles. Venezuela está colapsada en el plano económico. El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó que este año la inflación rebasará la cifra del millón. Como el inflacionario es un proceso que se retroalimenta, es muy difícil parar o inclusive frenar este movimiento, que afecta en primer lugar a los más pobres. Paradójicamente, el precio de la gasolina sigue subsidiado, a pesar de que la empresa estatal de petróleo, PDVSA, está en quiebra técnica. En un país que depende de las divisas ligadas al petróleo para funcionar, este subsidio no deja de ser sorprendente. Por ende, es difícil prever una salida económica rápida a la situación actual.
De manera más general, esta crisis migratoria, que se reproduce a menor escala en Costa Rica con varias decenas de miles de nicaragüenses que escapan de la situación de violencia que se vive en ese país, está generando por primera vez reacciones xenofóbicas en el seno de las poblaciones que reciben a estos migrantes. Hechos como los descritos anteriormente en Brasil, y la voluntad de varios países de la región –en particular Perú y Ecuador–, de restringir la entrada de venezolanos a su territorio al reclamar la posesión de un pasaporte para ingresar (hoy en día, el gobierno venezolano no puede emitir pasaportes al no disponer del papel necesario para su emisión), no son una buena señal para la gestión de esta crisis migratoria inédita por los países involucrados, y de manera más general para el futuro de la región.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada