Con la irrupción de Xóchitl Gálvez en el escenario electoral, la pregunta que muchos nos hacemos en privado, pero que parecía carecer de sentido en público, cobra vigencia. ¿Está dispuesto López Obrador a aceptar una derrota electoral de Morena el año entrante? Y se vuelve pertinente el corolario de una de las respuestas a la misma interrogante: ¿qué hará el Ejército si AMLO rechaza los resultados?
La relevancia de la pregunta debe ser obvia. Con una oposición dividida, sin candidatos atractivos, y ante una Morena unificada, medio México daba por sentada la victoria del oficialismo en 2024. Con una oposición unida (sólo falta la mitad de la mitad de MC; saquen las cuentas solitos), con candidaturas competitivas, con Morena fragmentada y sin brújula, la posibilidad de un triunfo opositor se torna verosímil. Solo eso, pero ya eso. Por lo tanto, saber qué hará López Obrador, y que harán las fuerzas armadas, se vuelve un objeto necesario de especulación.
No me hallo muy convencido de que López Obrador acepte la derrota de su candidata, ni el fin de la 4T sólo porque perdió unas elecciones. Nunca ha aceptado perder una votación, ni en Tabasco (1988 y 1994) ni a nivel federal (2006 y 2012). Hoy hay mucho más en juego para él, incluyendo la situación de su familia. Sus ataques al INE, al Tribunal Electoral, a la legislación electoral y a todo el Poder Judicial y a los medios pueden convertirse en una plataforma de lanzamiento ex ante de un cuestionamiento de las elecciones mismas, ex post. Tendría una parte importante del Congreso de su lado, junto con la calle y tal vez Estados Unidos, que quizás prefieran malo por conocido… etc. Y parte de los poderes fácticos van a prodigar pronto consejos a colegas y empleados de que mejor que gane Morena, para evitar este tipo de enfrentamiento. No sé qué tan fuerte pueda ser la resistencia institucional en México, comparada con Estados Unidos o Brasil para impedir un intento de esta naturaleza.
Las fuerzas armadas desempeñarían entonces un papel primordial. Un artículo reciente en The Financial Times reveló cómo los militares de Estados Unidos se involucraron de lleno en Brasil el año pasado para convencer a sus colegas de ese país de rechazar cualquier tentación de apoyar las prédicas anti institucionales, y luego francamente golpistas, de Bolsonaro. ¡Qué paradoja, dirán algunos! Después de ser cómplices del golpe militar de 1964, Washington en 2022 disuadió a los militares brasileños de dar otro golpe. No sé, obviamente, que piensan las fuerzas armadas mexicanas al respecto, ni mucho menos si las de Estados Unidos conversarían con ellas.
El ejército mexicano fue institucional en 2000, con la alternancia, en 2006, con el intento de López Obrador de revertir los resultados electorales en la calle, y en 2018, de nuevo con una alternancia heterodoxa. Lo más sencillo consiste en suponer que lo será nuevamente en 2024, en caso de que el presidente, su Comandante en Jefe, contradiga las decisiones de los dos órganos electorales existentes en México: el INE y el Tribunal Electoral.
Pero la sencillez puede no ser un confidente confiable. El sector castrense se ha beneficiado como muy pocos de la generosidad presupuestaria de la 4T. Las oportunidades de acumular poder y riqueza han sido enormes, y no todos han resistido las consiguientes tentaciones. Generacionalmente, el grupo dominante actual se ha distanciado de los oficiales en retiro, y de los que vienen abajo en la jerarquía. Si López Obrador les pide que sean leales a su versión de México, al pueblo, y a él y al proyecto que encarna, más que a la Constitución (“no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”), no estoy seguro qué ocurrirá. Los militares en todos los países son institucionales hasta que no lo son, no sólo en América Latina, sino en Francia, en España, en Grecia y en… Estados Unidos. Me parece que nos encontramos aquí ante un tema de debate obligado.