El gobierno de la 4T convocó a una celebración nacional en Tijuana el pasado 6 de junio. A ese festejo viajaron funcionarios de los tres poderes, e incluso gobernadores priistas. Se reunieron en la frontera norte para aplaudir en un acto público las recientes negociaciones con el gobierno de Donald Trump, el presidente estadunidense. El lema de la concentración: “En defensa de la dignidad de México”.
Dignidad.- Del latín dignitas, quien es merecedor.
Simultáneamente ocurría algo muy poco digno y bastante desmerecedor de este gobierno en cuestiones migratorias y de derechos humanos. Cristóbal Sánchez fue detenido por la Policía Ministerial ese mismo día por defender la dignidad y los derechos de las personas en tránsito por México. Cristóbal Sánchez es un activista que pertenece a la organización Colectivo Migrante y es parte del Programa de Estudios Migratorios de la Universidad Iberoamericana. La Fiscalía General de la República lo acusa de “introducción ilegal de personas en territorio nacional”. Tráfico de personas. La orden de aprehensión fue girada en Tapachula, Chiapas, el 29 de marzo. A él lo detuvieron en Ciudad de México, donde se encontraba la fecha de la comisión del delito del que se le acusa en el sureste del país.
Las autoridades negaron la libertad bajo caución a Cristóbal por considerar que su trabajo de acompañamiento a los migrantes en tránsito no es sólo un delito, sino que él –como muchos otros activistas y defensores de derechos humanos y de la tierra, por extensión– representa una alta “peligrosidad social”.
Cuando Cristóbal fue privado de su libertad no le presentaron una orden de aprehensión. A decir de agrupaciones que le acompañan en su caso, los policías ministeriales amenazaron con armas de fuego a quien iba con él e intentó evitar su arresto. Mientras el gobierno de la 4T sigue auto-adulándose por el acuerdo con Estados Unidos en asuntos migratorios, que incluye enviar 6 mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur, Cristóbal podría ser trasladado a un reclusorio con una pena de hasta 24 años de cárcel.
Irineo Mújica, director de Pueblo Sin Fronteras –organización que ha acompañado a las grandes caravanas migratorias centroamericanas de los últimos meses por territorio mexicano– también fue detenido el pasado 5 de junio en el estado de Sonora. Se le acusa igualmente de tráfico de personas.
Pueblo Sin Fronteras ha denunciado que el arresto de Irineo y el de Cristóbal no son sino detenciones políticas motivadas por la presión que Washington ejerce sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia migratoria y arancelaria: “El gobierno mexicano los detuvo para presentarlos como trofeos para Trump”.
Lo cierto es que la empatía, la solidaridad y la defensa de los derechos de los migrantes jamás han sido un delito.
El gobierno de la 4T –que en campaña prometía ser leal a los derechos de las personas en tránsito por el país– ha dado muy pronto evidencia para ser interpretado como una extensión subordinada a las políticas xenófobas, criminalizantes y antimigratorias impuestas por Trump. En los seis meses del gobierno de López Obrador éstas se han reproducido en territorio mexicano: 72 mil 410 migrantes detenidos en lo que va de este gobierno hasta mayo.
Vale ampliar el panorama para tener el mapeo sobre las políticas de la 4T tocantes a los derechos humanos durante 2019. Los casos de Cristóbal e Irineo se suman a los más de 10 defensores de derechos humanos y del territorio asesinados; a las 122 agresiones contra periodistas –según datos de la Red de Periodistas de a Pie–, y a los siete comunicadores asesinados en estos mismos seis meses: Samir Flores, Telésforo Santiago, Rafael Murúa, Omar Camacho, Francisco Romero, Gustavo Cruz y Santiago Barroso.
“México no estaba cooperando en la frontera (…), y ahora tengo plena confianza, especialmente después de hablar con su presidente ayer (8 de junio), de que serán muy colaboradores y querrán hacer el trabajo correctamente”.
El tuit de Trump fue publicado cuando 6 mil efectivos de la recién instaurada Guardia Nacional viajaban a la frontera sur para militarizar el río Suchiate, el Usumancita y el Hondo. Lo que en sus sueños más alocados Trump no pensó siquiera conseguir –un muro físico y la militarización de la frontera con México–, lo ha logrado con creces por medio de los recientes acuerdos con el gobierno de López Obrador: está en curso la construcción de tres cuarteles de la Guardia Nacional en zonas de paso de migrantes en Chiapas.
El gobierno de la 4T de México es el muro soñado por Trump.
Dignidad.- Del latín dignitas quien es merecedor, dotado de libertad, quien no es un mero súbdito. En su ejercicio de renuncia a las prioridades humanas de un país tan violentado y pauperizado, de renuncia a la libertad y autodeterminación en aras de evitar la imposición de aranceles a mercancías, el gobierno de la 4T sólo ha acatado y materializado como súbdito los caprichos y ocurrencias de Trump frente a una profunda crisis humanitaria. ¿Qué dignidad, entonces, festejó López Obrador en Tijuana el pasado 6 de junio?