A 38 días de la desaparición del defensor de la Montaña Arnulfo Cerón Soriano exigimos su presentación con vida.

Seis días después de la conmemoración de los 517 años de la invasión y genocidio de los españoles contra los pueblos de América, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, se propuso visitar las regiones indígenas de México “con el objetivo de escuchar los sentimientos y necesidades de las comunidades y tener un diálogo horizontal y respetuoso con los 68 pueblos indígenas y afromexicanos del país”, iniciando su periplo en el municipio Asunción, Nochixtlán y en San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca. En 30 días ha visitado los estados de Oaxaca, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Sonora, Durango y Jalisco.

Ha tocado temas de interés nacional como la construcción del Tren Maya. Ante los cuestionamientos que se han dado desde diferentes sectores de la sociedad y de las mismas comunidades indígenas, este viernes 15, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Proceso de Consulta Indígena y Jornada de Ejercicio Participativo Ciudadano sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya. En este ejercicio se convoca a las autoridades e instituciones representativas de los municipios y las comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos indígenas maya, ch’ol, tseltal, tsotsil, y otros, de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El presidente aseguró que esta consulta se realizará “para tener el sentir de los habitantes por donde va a pasar el Tren Maya”. Comentó que si la población se opone respetará la decisión. Con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación, manifestó que no se destinarán recursos adicionales para organizaciones “porque el presupuesto se tiene que destinar al pueblo y se tiene que entregar a los beneficiarios, sin intermediación, para eso es el gobierno, y es el gobierno del pueblo”.

El presidente de la República llegará a Guerrero en un momento critico por la violencia desatada en varias regiones del estado. Por una parte, los campesinos de la sierra se encuentran en una situación de pobreza extrema, por la caída de los precios de la amapola y por la embestida del Ejército que ha reactivado las fumigaciones aéreas, que además de destruir los cultivos ilícitos, afectan cultivos básicos, contaminan los mantos acuíferos y causan daños en la salud de los pobladores. La violencia se ha exacerbado, al grado que las balaceras no cesan entre grupos de la delincuencia y con el Ejército como sucedió en Tepochica, municipio de Iguala. La quema de tráilers, autobuses, urvan y coches en los municipios de Petatlán, Zihuatanejo, La Unión e Iguala, ha mostrado la capacidad que tienen las organizaciones criminales para imponer la ley del fuego y causar terror entre la población. El miedo ha paralizado las actividades comerciales en varios municipios. Los grupos de autodefensa se han multiplicado y han desafiado también a las autoridades al tomar el control de algunas cabeceras municipales.

En Chilapa, la violencia es atizada por grupos de la delincuencia organizada que desde hace cinco años han causado un gran número de personas asesinadas. Para el Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos, existe un registro de aproximadamente 500 casos desde el 2014. Manifiestan que solamente se denuncia el 40% por el miedo que existe entre los familiares de perder la vida. Un número significativo lo conforman familias indígenas. En el municipio de Zitlala, donde la población es nahua, existen más de 30 familias desplazadas a causa de la violencia, y los desplazamientos forzados también se han dado en los municipios de Leonardo Bravo, Petatlán y Coyuca de Catalán.

Los municipios de Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera forman parte de la Montaña baja y pertenecen al pueblo nahua. Su situación es sumamente precaria, por el trato discriminatorio y la política voraz de los grupos políticos ligados a los grandes caciques del estado. Es una región sumamente rica en recursos naturales. Sus tierras son muy productivas y muchas familias han desarrollado habilidades artísticas con la hoja del maíz. El mezcal y el pozole forman parte de la fama nacional e internacional de Chilapa. El tianguis dominical le daba el colorido a esta región sumamente religiosa y pacífica. Por ser puerta de la Montaña alta y paso para el centro del estado, Chilapa se transformó en una ruta estratégica para el trasiego de la droga. La complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno y la permisibilidad de los cuerpos de seguridad y hasta del mismo Ejército, hicieron de estos municipios indígenas la caldera del diablo.

Es muy significativa la visita del presidente de la República a uno de los cinco municipios más violentos del estado. Un municipio donde la autoridad ha sucumbido ante el crimen organizado y a pesar de que el Ejército mantiene sus retenes de forma permanente, los asesinatos se consuman diariamente. Los conflictos agrarios entre las comunidades indígenas han sido fuente de confrontaciones violentas, de venganzas y de incursiones armadas que las han obligado a conformar sus grupos de autodefensa y de la misma policía comunitaria. La presencia del crimen ha sido funesta porque se ha infiltrado tanto en las instituciones del gobierno municipal como en las instancias comunitarias.

El domingo 24 de noviembre Andrés Manuel López Obrador, se reunirá con los pueblos me’phaa, na’savi y nahuas de los 19 municipios de la Montaña alta y algunos municipios de la Costa Chica, donde habitan los ñomndaa y los afromexicanos. Prevalece la pobreza extrema, el olvido, la discriminación y el abuso de las autoridades mestizas. Es una región históricamente combativa, los pueblos indígenas han tenido que resistir y pelear contra los gobiernos usurpadores. Desde Hernán Cortés hasta la fecha existe la codicia por el oro. La llegada de los españoles a esta región fue con el fin de saquear esta riqueza. Por otra parte, la población indígena siempre fue utilizada como mano de obra esclava para la construcción de obras en Acapulco y en las haciendas de los españoles. La misma región de la Montaña es vista por una buena parte de los guerrerenses como el enclave de los montañeros, es decir, de los indios que nos encontramos en el atraso.

La realidad es grave porque la desigualdad social se expresa en muertes maternas, desnutrición infantil, analfabetismo, baja producción de alimentos, desempleo, deforestación, migración interna e internacional, añejas disputas agrarias y multiplicidad de violencias ejercidas por las autoridades civiles y los militares, dejando en total indefensión a las mujeres indígenas que son víctimas de feminicidio.
Ante este abandono secular los pueblos mantienen vivo el sentido de comunidad; la asamblea sigue siendo el máximo órgano para la toma de decisiones, la propiedad comunal es el eje rector que dinamiza la vida comunitaria. Los cargos comunitarios son la expresión más tangible del poder como servicio y la visión sagrada de su territorio es la que les ha dado consistencia a sus luchas para hacer efectivo su derecho a ser pueblos con historia, con un hábitat propio y con autonomía. La Costa-Montaña es la cuna de la policía comunitaria que nació para defender al pueblo, para proteger sus derechos y para evitar que la justicia mestiza los discrimine y los extorsione. Los pueblos de la Montaña alta se organizaron para parar el proyecto de la reserva de la biosfera en seis municipios, como parte de la privatización de una región estratégica para las empresas mineras. El caso de San Miguel del Progreso municipio de Malinaltepec es un ejemplo exitoso de como una comunidad del pueblo me’phaa gana dos amparos contra la Secretaría de Economía haciendo valer su derecho al territorio. Recientemente el Juzgado Segundo del Tribunal Colegiado de Acapulco, resolvió a favor de la comunidad de San Miguel, quedando firme la decisión que es inapelable. Es un precedente histórico donde el Poder Judicial realmente aplicó la justicia para el pueblo de San Miguel del Progreso. Este triunfo fortalece la lucha que están realizando los pueblos indígenas de la Montaña que se han articulado en el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), donde 29 núcleos agrarios han declarado a sus territorios como libres de minería y han pugnado para que las autoridades de tres municipios de la Montaña alta –Malinaltepec, Iliatenco y San Luis Acatlán– hayan declarado de igual modo a sus municipios como libres de cualquier actividad minera. Son experiencias que marcan el derrotero de la Montaña, donde la voz de los pueblos es determinante y sobre todo el respeto a sus territorios y a sus formas de gobierno.

La visita de AMLO a la Montaña es de suma relevancia para hacer visibles realidades dolorosas que se han enraizado en estas regiones a causa de gobiernos racistas que abusaron de su poder y siempre vieron a los pueblos indígenas como esclavos y como clientela cautiva. Muchos triunfos que obtuvieron gobernantes mestizos fueron por la compra y coacción del voto, por las migajas y engaños que impusieron como parte de los usos y costumbres de políticos corruptos y pendencieros. Es importante que el presidente sepa que varios gobiernos municipales, ante esta ambición de poder se han coludido con los grupos de la delincuencia organizada. Han permitido que al interior de los ayuntamientos se infiltren intereses delincuenciales. Con gran cinismo varios políticos permiten que sus campañas sean apadrinadas por personajes siniestros. Esta situación ha traído la debacle de los gobiernos municipales que le han dado la espalda al pueblo y se han enfermado de codicia para hacer negocio con los recursos públicos. Los ciudadanos y ciudadanas que han levantado la voz son perseguidos y criminalizados. La desaparición reciente del compañero Arnulfo Cerón Soriano es un caso grave que muestra la descomposición social que se vive en el municipio de Tlapa por esta conjunción de actores estatales y no estatales que mezclan sus intereses particulares, pisoteando los derechos de la población indígena y mestiza. Que la presencia de AMLO sirva para remover estos escombros y reposicionar la lucha de los pueblos indígenas en el plano nacional. Para ello se requiere el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas a nivel estatal y en el ámbito nacional. En el estado y en la región urge que pare la violencia y que las familias de personas desaparecidas encuentren verdad y justicia.