METALES PESADOS

Andrés Manuel López Obrador eligió a las fuerzas armadas como su principal aliado y beneficiario desde su primer día en el poder. Hay indicios sistemáticos, no obstante, que apuntan a que los militares jamás han estado subordinados al Poder Ejecutivo durante este sexenio. Ni tampoco que lo harán en ninguno de los múltiples ámbitos de la vida pública en los que se les ha dado carta abierta. Eso, al menos, durante los próximos seis años.
El sometimiento de AMLO ante los militares no sólo es simbólico sino, en términos materiales, pecuniario: 20 por ciento del PIB anual estará destinado –gracias al partido del presidente en el poder– a los bolsillos castrenses, la élite más privilegiada e intocable de este sexenio.
Hace unas semanas, el periodista John Gibler, autor de la crónica Ayotzinapa: una historia oral de la infamia, publicó a través de Quinto Elemento Lab una entrevista con Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA). Desde su estadía confidencial en Estados Unidos –un exilio obligado tras renunciar a su cargo en la UEILCA–, Gómez Trejo afirma que una “orden de Estado” fue lo que llevó a cancelar en 2022 las múltiples órdenes de aprehensión contra 20 de los militares involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
En cambio, a decir de Gómez Trejo en la detallada entrevista con Gibler, por el mismo mandato de Estado fue en que tan sólo veinticuatro horas se construyó la carpeta que permitió judicializar al ex procurador Jesús Murillo Karam, autor de la llamada “verdad histórica”.
Quizá lo más revelador de la charla con el ex titular de la UEILCA es cómo desde el propio gobierno se propició el boicoteo y la final desarticulación del órgano supuestamente encargado de las indagaciones sobre la desaparición forzada de los normalistas. Esto a pesar de que el propio AMLO se montó en la desgracia y el dolor de las familias de los desaparecidos para hacerse del poder durante su campaña a la presidencia. (No hay que olvidar nunca que el primer decreto que firmó durante su gobierno fue el acuerdo para resolver el caso de los 43 estudiantes.) Las investigaciones oficiales, no obstante, están prácticamente en el mismo sitio en que el gobierno de Enrique Peña Nieto las dejó.
En el texto de John Gibler se detalla cómo el viernes 12 de agosto de 2022 Alejandro Gertz Manero, actual fiscal general de la República (FGR), llamó a su oficina al responsable para el caso Ayotzinapa: “Omar –cuenta Gómez Trejo que le dijo el fiscal–, necesito un favor, una ficha de trabajo donde me diga cómo va el caso, qué hay, qué avances. Tengo un desayuno el próximo lunes”.
Lo que Gómez Trejo no pudo imaginar es que a ese mismo desayuno asistiría el propio presidente AMLO; el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el entonces ministro presidente de la Suprema Corte de la Nación, Arturo Zaldívar, y el ahora exsubsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas (quien acaba de tirar la toalla en el caso Ayotzinapa y la Comisión de la Verdad sin pena ni gloria para irse, como todos los de su clase, de campaña política).
“Él no lo sabía ni tenía cómo saberlo, pero en ese desayuno todos se pondrían de acuerdo y darían luz verde a una serie de acciones que dinamitarían la investigación del caso Ayotzinapa, y provocarían su salida del país. Ajeno a lo que se desataría ese viernes de verano, en el piso 25 del edificio de la Fiscalía General de la República (FGR), Gómez Trejo le dijo a su jefe que sí, que manos a la obra”, cuenta Gibler en su texto.
“Yo me voy a Israel. Salen las órdenes de aprehensión”, cuenta Gómez Trejo. “Y después, cuando regreso, no tengo policía, no puedo seguir investigando, me van a hacer una auditoría y todo eso. Y hay un equipo por otro lado que está queriendo cancelar las órdenes de aprehensión. Y ahí el fiscal dice: ‘usted ya no se mueva, usted ya no haga nada’. Ahí quedé paralizado”.
En ese lapso, como afirma Gibler, llamó al subsecretario Encinas: “Dijo que estaba pasando algo que no entendía. Es porque judicializaste a militares. Le digo: pero esa fue la petición. O sea, sí hubo una petición, nosotros estábamos listos para judicializar y lo hicimos. Pues no fue así, dijo Encinas, porque te excediste en cuanto al número de militares. Al final me explicaron que al parecer no se pusieron de acuerdo entre las distintas instancias que tomaron esos acuerdos”.
La realidad es mucho más elocuente que cualquier discurso de las conferencias matutinas. AMLO, al final de su sexenio, ha tenido la desfachatez no sólo de proteger a los militares en casos probados de crímenes de lesa humanidad. Sino que, encima, ha condecorado en días pasados a algunos de sus verdaderos patrones. Como el general Salvador Cienfuegos, implicado por la cadena de mando en la desaparición forzada de los 43 normalistas al fungir como secretario de la Defensa Nacional, y además con acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero en una corte de Estados Unidos.