El grueso de la estructura del gobierno federal es prácticamente la misma que con el ex presidente Enrique Peña Nieto, uno de los gobiernos más corruptos de la época reciente mexicana. Los que han cambiado son los puestos de alto mando y, claro, la presidencia de la República.
Andrés Manuel López Obrador todavía no cumple el año de haber rendido protesta como gobernante y el estudio más utilizado en el mundo para medir la corrupción de los países ya muestra una importante caída en la percepción de la corrupción.
El 23 de septiembre pasado Transparencia Internacional tituló así el comunicado de su informe: “Mexicanos perciben menos corrupción; uno de cada tres tuvo que pagar sobornos”. Y destacó que según la edición 2019 del Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, uno de cada tres mexicanos (34 por ciento de los encuestados) reconoce haber tenido que pagar un soborno para acceder a trámites y servicios, pero que el número de personas que considera que “la corrupción en México aumentó” pasó de 61 por ciento en 2017 a 44 por ciento en 2019.
Acabar con la corrupción ha sido la bandera principal de este gobierno. López Obrador ve a este flagelo como el mal de males, y cree que si disminuye la corrupción de manera estructural podrá también acabar con la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y potenciará el crecimiento de México. El mandatario nos lo dice una y otra vez en la conferencia mañanera y en los eventos públicos con una frase que va manos o menos así: “Se va a acabar con la corrupción y con la impunidad. ¡Me canso ganso!”.
La campaña de AMLO es amplia, es diaria, es masiva. Además, es un político con alta popularidad y con seguidores fieles que creen en su palabra. Con estas consideraciones cualquiera pudiera creer que buena parte del resultado de la medición se debe al apoyo al presidente de México, sin embargo, hay un dato que rompe con esta idea.
El Barómetro muestra que en 2019 una de cada tres personas (34 por ciento) tuvo que pagar un soborno en México para acceder a un trámite o servicio público, mientras que 2017 la mitad de los encuestados (51 por ciento) reportó haber incurrido en esta práctica: el número de personas que declaró haber pagado un soborno se redujo 33 por ciento entre 2017 y 2019.
“Los servicios públicos en los que un mayor porcentaje de mexicanos reporta haber pagado un soborno se relacionan con la policía (52 por ciento), con el acceso a la justicia (35 por ciento) y con la provisión de servicios públicos básicos (30 por ciento)”, se lee en el documento.
Aun así, México se ubica entre los países con un mayor porcentaje de personas que reconoce haber pagado sobornos, con 34 por ciento de los encuestados, sólo por encima de Venezuela, donde 50 por ciento reporta haberlo hecho.
López Obrador ha aceptado que la corrupción no se acabó cuando él puso un pie en Palacio Nacional, pero sí asegura que no hay corrupción tolerada, que el que cometa un acto irregular será procesado, así sea un miembro de su familia.
Frente a él ha tenido casos que lo han retado, y hasta el momento ha salido con saldo a favor: el superdelegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, fue acusado por Mexicanos Contra la Corrupción por conflicto de intereses al ser dueño de unas empresas farmacéuticas y proveedor del gobierno. El gobierno federal lo separó del cargo y la Función Pública le impuso una sanción; otro caso es el de Josefa González Blanco Ortiz Mena, ex secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La ex funcionaria no alcanzó a llegar a un vuelo y utilizó sus influencias para retrasar un vuelo comercial. A los días tuvo que renunciar al cargo.
El presidente ha sabido sortear las crisis y sacrificar a los funcionarios que han sido exhibidos por actos deshonestos. Ahora tiene un nuevo reto: la acusación de posible enriquecimiento ilícito y de falsedad de declaración de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad.
La definición de este caso marcará el primer año de gobierno de López Obrador.
Aún no sabemos si en este gobierno México dejará el sistema de corrupción en el que hemos vivido por décadas, pero hasta el momento hay signos de mejora.