“Si es necesario vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas; no descartamos el perdón. Se debe perdonar si está de por medio la paz y la tranquilidad del pueblo”, expresó Andrés Manuel López Obrador al culminar un mitin el 2 de diciembre pasado en Tixtla. Un día después matizó en el sentido de su intención de promover una consulta nacional sobre ese tema. Este planteamiento le ha acarreado al precandidato a la Presidencia de la República severas críticas, tanto viscerales como razonadas, a las que nadie de su equipo ha respondido.
Creo yo que por tratarse de un tema tan delicado y tan sentido por la población que ha sido afectada por la violencia y por la inseguridad, no debiera haber planteamientos que queden en suspenso. Debiera haber mayor responsabilidad a la hora de plantear soluciones para la compleja situación del país, como en este caso. Hablar de amnistía para los capos del narcotráfico, sin más, no está ayudando a buscar caminos ciertos para superar la crisis de violencia y de inseguridad en México. Si bien es cierto que los gobiernos de Calderón y de Peña han tomado muy malas decisiones en torno a este asunto, también es cierto que hay que explorar otros caminos que sí resuelvan la dolorosa situación del país. Quiero pensar que eso es lo que intenta López Obrador, aunque debiera ser más explícito.
En lugar de plantear una posible amnistía para los criminales, que suena a la ya horrorosa impunidad que padecemos con los gobiernos priístas y panistas, creo que lo que requiere el país es un proceso de justicia transicional, como un recurso que ayude a responder a las violaciones sistemáticas, masivas y generalizadas a los derechos humanos. Lo que ha estado sucediendo en México desde hace aproximadamente una década es un deterioro grave de la sociedad y un grave debilitamiento de las instituciones políticas y judiciales, tales como las policías, las fuerzas armadas, los tribunales, los gobiernos y las cámaras legislativas. En el país hay cientos de miles de víctimas del delito y de los derechos humanos, que requieren justicia y, por otro lado, miles de victimarios coludidos con autoridades que debieran ser sometidos a juicio. El sistema de justicia convencional no tiene la capacidad para resolver esta grave crisis de justicia, lo que se ha evidenciado en el altísimo e histórico nivel de impunidad.
¿Por qué es necesaria la perspectiva de derechos humanos, que sustenta la justicia transicional para resolver el gran rezago de justicia y la crisis de inseguridad? Porque el Estado con todas sus instituciones tienen la obligación de promoverlos y de garantizarlos… y ha fallado. Ha permitido y ha colaborado por presión o por colusión a que la delincuencia vulnere a la sociedad de manera masiva y sistemática. La delincuencia organizada ha aprovechado la debilidad institucional, las ambiciones políticas y la corrupción pública para hacer de las suyas. Y para hacer frente a la delincuencia organizada se hace necesario hacerle frente a la disfuncionalidad del Estado y de sus instituciones, que no han hecho su trabajo de garantizar seguridad ni de preservar la paz. Por ello, si hay que poner en su lugar a los delincuentes, primero tenemos que poner en su lugar a las autoridades y hacer las reformas legislativas e institucionales necesarias para que haya condiciones para la seguridad humana. Para eso es la justicia transicional.
La justicia transicional, que se hace necesaria en sociedades que se transforman a sí mismas después de periodos de violaciones masivas a los derechos humanos o de regímenes autoritarios, corruptos y violadores de las garantías individuales, busca crear instituciones responsables y confiables para hacer accesible la justicia, sobre todo para los sectores más vulnerados. También busca facilitar los procesos de paz y la resolución duradera de los conflictos, atendiendo a sus causas y, también, se enfoca a generar procesos de reconciliación social. Implica procesos penales para los responsables de los crímenes, procesos de esclarecimiento de la verdad, acciones para la reparación de los daños, garantías para la no repetición de los crímenes y reformas jurídicas e institucionales que aseguren la procuración y administración de la justicia.
La justicia transicional tiene un enfoque holístico en cuanto que contribuye a la reconstrucción del tejido social, al fortalecimiento de las instituciones públicas, al impulso de la democracia, y a construir caminos de reconciliación y de paz. Se trata de dar un salto hacia adelante para abatir los factores de la violencia mediante la participación social, sobre todo de las víctimas, y el fortalecimiento del Estado de derecho. La transición hacia la justicia no sólo se incluye en el acto de castigar al culpable de un crimen ni en la reparación del daño, sino en la construcción de las condiciones necesarias para que el acceso a la justicia sea una realidad para todos.
Esto quiere decir que la justicia transicional busca establecer las condiciones para que los derechos humanos sean garantizados a todos, construyendo un contexto de seguridad ciudadana en el que tendrían que considerarse el desarrollo integral y sustentable, la democracia participativa y la cultura de la paz.
La justicia transicional requiere una mirada de largo alcance, más allá del periodo de un sexenio de gobierno, aunque requiere también de decisiones políticas inmediatas como las relacionadas con la corrupción y la impunidad, con las políticas públicas favorables a los sectores más vulnerables y con el talante ético de la administración pública. México estaría muy bien servido si en un sexenio se pusieran las bases para una transformación profunda de los factores que han generado y desarrollado la violencia, como un cáncer doloroso.
La justicia transicional implica el esclarecimiento de la verdad de los crímenes y de las violaciones a los derechos humanos, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, la reparación de los daños, el castigo restaurativo a los criminales, procesos de perdón y de reconciliación, preservación de la memoria histórica y reformas legislativas e institucionales. Además se hace necesario el respaldo de organismos internacionales.
¿Qué hacer con los delincuentes? Hay que transformar el sistema de justicia y el sistema penitenciario para someterlos a un proceso de restauración que los recupere para la sociedad. No basta con castigarlos, hay que restaurarlos para que recuperen su dignidad. Esta es una de las tareas de la justicia transicional: sanar a nuestra sociedad enferma, ofrecer la oportunidad de reparación a quienes reconozcan sus crímenes y dignificar a las víctimas del delito y de violación de los derechos humanos. ¿Podrán los políticos que andan en precampañas, cambiar su mirada convenenciera para mirar con compasión a nuestro México que clama por verdad, justicia, reconciliación y paz?