A 70 días de la nueva administración de Héctor Astudillo es posible vislumbrar qué tipo de gobierno se perfila para el 2016, tomando como referencia las acciones que ha emprendido en los meses de noviembre y diciembre.
La misma conformación de su gabinete nos muestra una recomposición de los grupos políticos que en los últimos años han disputado el cacicazgo histórico de los Figueroa. Los renejuaristas y añorvistas lograron reposicionarse políticamente en las pasadas elecciones, al tomar bajo su control las principales secretarías que manejan la mayoría de los recursos financieros. En este agandalle es muy difícil garantizar una verdadera gobernabilidad en un estado donde hay instituciones débiles y sumamente porosas, sobre todo con gobiernos marcados por el imperio de la impunidad.
Este gobierno y los grupos que lo acorazan no toman en cuenta que en la sociedad hay un malestar generalizado y un hartazgo propiciado por este tipo de prácticas que utilizan el poder como si fuera parte de su patrimonio. Ante tanto engaño y atraco, es imposible repensar un proyecto político diferente, que se nutra de la sociedad. Existe más bien un poder vacuo, que con sus clientelas cautivas y con una maquinaria reembobinada hace funcionar a las instituciones con la fuerza del poder omnímodo del Ejecutivo y con el centaveo a los liderazgos vetustos. Con discursos huecos dirigidos a una masa amorfa es imposible recomponer una relación seria con los ciudadanos y ciudadanas. Lo que persiste es el soliloquio del poder que sólo busca justificar sus acciones simulando un diálogo, cuando en realidad se avanza por el rumbo trazado por las elites del gran poder financiero, que buscan imponer un modelo económico que desquicia a la población pobre y despoja el patrimonio sagrado de los pobladores originarios.
La compleja problemática que enfrenta el estado tiene diferente vertientes: la inseguridad y la violencia que forman parte de un problema transversal que viene arrastrándose por décadas; la corrupción y la impunidad, que son el núcleo del problema estructural y endémico, porque han sido los factores que desencadenaron la grave crisis de gobernabilidad que enfrentamos en el estado. La pobreza que se expande en las ciudades, en la sierra y la Montaña ha orillado a que centenas de familias migren fuera del estado y del país para encontrar un modo digno de vivir. Un buen número de trabajadores del campo son atrapados por los grupos de la delincuencia, que con su poder devastador los ha hecho rehenes de su estrategia delincuencial, orillándolos a formar parte de la red del narcotráfico y de otras actividades ilícitas, para vivir al día sobre el filo de la muerte. La alta conflictividad social, causada por las desapariciones de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa y de decenas de personas que han sido desaparecidas en diferentes regiones del estado, son parte de un problema que hunde sus raíces en un sistema de gobierno corrupto que de manera sistemática violenta los derechos humanos de la población y que con la coraza de la impunidad alienta que las fuerzas de seguridad y las mismas fuerzas armadas, atenten contra la vida, la seguridad y la integridad física de las personas que luchan por un cambio.
La decisión cupular de nombrar a un general como comisionado para dirigir el nuevo plan de seguridad en el estado, sin hacer un balance previo de los demás planes federales que se han implantado en Guerrero desde el 2007, supuestamente para combatir al crimen organizado, nos muestra que la estrategia es la misma, que está restringida al ámbito policiaco-militar, sin ninguna participación de la sociedad y sin mecanismos que garanticen una mínima rendición de cuentas. Militarizar la seguridad, además de no arrojar resultados tangibles, va contra las mismas recomendaciones emitidas tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que plantean el retiro paulatino de los militares de tareas de seguridad y la imperiosa necesidad de trabajar en un modelo de seguridad ciudadana que demanda la profesionalización del órgano investigador, de los cuerpos policiacos, pero sobre todo requiere una estrategia efectiva que ataque de manera frontal la impunidad y la corrupción que persiste en las instituciones de seguridad y justicia del estado. Esta propuesta obliga a que las autoridades den cumplimiento cabal a las leyes y exista un respeto absoluto a los derechos humanos de la población. La tendencia de seguir militarizando un estado donde proliferan acciones delictivas de alto impacto, es más una reacción a la coyuntura que busca amainar el malestar de la población, que la aplicación de acciones integrales y de largo plazo que ataquen de fondo el problema de la inseguridad.
Lo que también constatamos en los primeros días de gobierno fue la llegada de policías federales al estado, supuestamente como parte de la nueva estrategia de seguridad. Esta acción fue más bien el preludio de lo que sería el apertrechamiento policiaco para blindar la sede donde se realizaría la evaluación de los maestros en Acapulco. Fue contrastante el hecho de que el mismo día que llegaban policías federales, los habitantes de Carrizalillo retenían a cinco policías federales y un halcón que supuestamente pertenecía al grupo delincuencial de Guerre-ros Unidos. El papel que desempeñan los grupos policiales deja mucho que desear a la población que ha podido identificar que varios de ellos están en contubernio con grupos delincuenciales. Estas denuncias regularmente no prosperan, por el contrario, la población que se arriesga a hacerlas queda inerme, porque es común que los acusados actúen con mayor virulencia contra los agraviados.
En medio de este maremágnum tuvimos la visita del nuevo secretario de desarrollo social, José Antonio Meade, quien con total desfachatez anunció que ya se habían invertido los 32 mil millones de pesos destinados para el Plan Nuevo Guerrero. El escenario de los nuevos funcionarios de la pobreza siempre es Acapulco, porque necesitan un lugar confortable para hablar cómo se gastan el dinero de los pobres. Con esta información quedaba claro que todas las empresas constructoras creadas al vapor por los políticos y por grupos empresariales ligados al gobierno federal, se les extendía una carta de impunidad para las obras que no hicieron y los trabajos inconclusos y de mala calidad que dejaron de hacer en las comunidades indígenas de la Montaña y en varias cabeceras municipales de otras regiones del estado. Se tranzaron el dinero sin ningún rubor y sin que nadie se preocupe por auditar los trabajos.
El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, conformado por 185 localidades de 13 municipios de la región, tomó la decisión de marchar a la capital del estado para entablar diálogo con los funcionarios federales de la Sedesol y la Sedatu y pedir informes sobre las obras programadas desde el 2013, en cuanto a la construcción de viviendas, escuelas, clínicas, albergues, puentes vehiculares, puentes colgantes y carreteras, sin embargo, por ser indígenas los ignoraron y lo peor de todo, el mismo gobierno del estado se prestó para simular una reunión con los funcionarios federales, convocando a representantes gubernamentales que son parte del problema. No imaginábamos la manera como se iba a tratar a un contingente de más de dos mil personas que luchan a diario por su sobrevivencia y que piden que les rindan cuentas sobre los millones de pesos que supuestamente se gastaron para las comunidades indígenas de la Montaña.
Es contrastante constatar por los medios impresos cómo el gobernador Astudillo anunció inversiones millonarias para el 2016 en varias regiones del estado, sin que exista certeza de saber qué monto de dinero se va a invertir, en qué se va invertir y qué empresas son las que se van a encargar de hacer las obras. Es lamentable que no haya interés en emplazar al gobierno federal para que llame a cuentas a las empresas que defraudaron a las familias damnificadas y que con su mala actuación han cometido delitos contra la población más expoliada.
Las acciones persecutorias contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y los maestros y maestras que se opusieron a la evaluación de la SEP marcaron nítidamente el alineamiento del gobernador a las directrices impuestas por el gobierno federal, sobre todo a la postura represiva que impera en la Secretaría de Educación, de utilizar la fuerza pública como amedrentamiento para obligar a que los maestros y maestras se sometan a una evaluación punitiva. En estas acciones de criminalizar a los estudiantes y de blindar la sede del examen en recintos de lujo con policías federales, vemos cuál es la función real de la gendarmería y de la policía federal. Están preparados para contener y reprimir el movimiento social, para impedir que se descarrile la reforma educativa y para que se imponga el modelo económico que busca privatizar los recursos estratégicos de la nación.
Las elites económicas se han congraciado con estos cuerpos de seguridad porque en las vacaciones de Navidad y Año Nuevo garantizaron tranquilidad a los paseantes y aseguraron ingresos millonarios a las empresas. Por eso el gobernador Astudillo no tuvo empacho en decir a los medios que “Acapulco está llenísimo y Guerrero está bien”, es decir, que el bien radica en la ganancia vía la actividad turística, porque con esos ingresos estarán bien, no el pueblo de Guerrero que sigue sufriendo el flagelo de la violencia y el hambre, sino los grupos de poder que tienen el control de las instituciones, los grandes empresarios y hasta los grupos que realizan actividades ilícitas bajo el amparo del poder. Con esa noticia de que tuvimos el 97.5 de ocupación hotelera en Acapulco, recibimos el Año Nuevo con una clase política vetusta anclada al poder para lucrar seis años en un estado marcado por la impunidad, la violencia y la pobreza.