El 17 de diciembre del año pasado la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) resolvió por unanimidad: primero, crear una Zona Libre en la Frontera Norte integrada por 42 municipios que colindan con Estados Unidos; segundo, aumentar el salario mínimo diario (SMD) en esta franja hasta 176.72 pesos (equivalente al 100 por ciento): tercero, decretar un incremento en el resto del país de 16.2 por ciento para establecer una cantidad de 102.68 pesos, es decir 14.32 pesos más que en 2018: y cuarto, aumentar los salarios mínimos profesionales bajo dos modalidades: en la zona fronteriza todos serán de 176.72 pesos diarios, lo que hará que en algunos casos los aumentos representen 53 por ciento, mientras que en el resto del país habrá una subida de sólo 5 por ciento.
Todas estas decisiones son inéditas y representan un cambio muy notable de las políticas aplicadas en las últimas décadas. En lo que respecta a la división por áreas geográficas, la creación de la Zona Fronteriza se empata con el decreto presidencial que otorga a estos mismos municipios un conjunto de subsidios, básicamente reducciones a los impuestos (ISR e IVA) y al precio de los energéticos.
Por su parte, el incremento salarial en el resto del país, aunque es más moderado, también significa una mudanza: debe recordarse que el poder adquisitivo del SMD sufrió una caída de 74.5 por ciento entre 1977 y 2001. Luego quedó estancado durante 15 años y en la última etapa del sexenio pasado creció unos puntos. Según cifras oficiales la recuperación, en términos reales, fue de 15.7 por ciento, cifra que parece un poco optimista. Aun así, y sumando el aumento más reciente, el SMD estaría todavía alrededor de 50 por ciento por debajo de los niveles de 1976.
Lo importante, sin embargo, es que el nuevo monto se ajusta al nivel de línea de bienestar del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval) para noviembre, calculada en 3 mil 62 pesos mensuales por persona en pesos corrientes. Hay que decir, sin embargo, que si consideramos que en una familia promedio sólo uno de sus miembros aporta ingresos y gana un SMD, ese hogar no alcanzará a superar la línea de la pobreza. Según la Conasami, más de 2 millones de trabajadores ganaban esa cantidad y de ellos al menos el 37 por ciento, eran jefes de familia.
Desde nuestro punto de vista, el objetivo a largo plazo debe ser que el SMD llegue a un monto aproximado a los 6 mil pesos mensuales (descontando la inflación). De esta manera se cumpliría con el precepto constitucional y se alcanzaría el nivel adquisitivo de hace cuarenta años.
Por otra parte, la Conasami ha reiterado que el aumento de 16 por ciento no debe ser utilizado como referente para fijar los incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado laboral (principalmente los contractuales).
De acuerdo a lo anterior, el 95 por ciento de los asalariados (con excepción de aquellos que laboran en la franja norte) no recibirán una mejoría de esa magnitud en sus remuneraciones. Debe señalarse, sin embargo que, para no perder poder adquisitivo, sus percepciones deberían aumentar nominalmente al menos un 6 por ciento , dado que ése fue el incremento que sufrió la canasta básica en 2018. Hay que recalcar que los salarios aumentaron durante el año pasado apenas en 1 por ciento real en promedio, lo que muestra el rezago histórico que existe en los ingresos laborales que obtienen la mayoría de los trabajadores.
A pesar de ello es innegable que una recuperación sostenida del SMD tendrá efectos positivos en el nivel de vida de la población tanto porque se beneficia a los más pobres, como porque puede ser un factor de cambio de la tendencia conocida en los últimos años, sobre todo desde la gran recesión mundial de 2008: los puestos de trabajo de tres SMD para abajo crecieron con mayor velocidad que aquellos con remuneraciones más elevadas.
Aunque el aumento del SMD tuvo el consenso explícito de las organizaciones patronales, la reacción conservadora no se hizo esperar. El Banco de México, pocos días después del anuncio hecho por la Comisión, elevó la tasa de interés para colocarla en 8.25 por ciento, la más elevada en los últimos diez años. La institución adujo que la inflación enfrenta “riesgos de carácter estructural derivados de la posible adopción de políticas que pudieran conducir a cambios profundos en el proceso de formación de precios en la economía”. En primer lugar, señaló la “magnitud de los aumentos recientes en el salario mínimo”, pues “además de su posible impacto directo, se enfrenta el riesgo de que estos propicien revisiones salariales que rebasen las ganancias en productividad y generen presiones de costos con afectaciones en el empleo formal y en los precios”.
Los dos argumentos son, creo, insostenibles. El impacto directo en los precios será, como ha sido en el pasado inmediato según diversos estudios, prácticamente nulo. Y el riesgo de que los salarios contractuales se incrementen en una cifra cercana al 16 por ciento está también muy lejos de suceder. Ello por dos razones, la primera, la baja capacidad de negociación de la parte obrera, dado el control que ejercen en la inmensa mayoría de los casos los sindicatos fantasmas bajo el esquema de contratos de protección patronal, y en segundo lugar debido que el país no sufre un proceso inflacionario agudo. A ello hay que agregar que el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso ha sido reconocido ampliamente como un proyecto conservador.
En cambio, el aumento decretado a la tasa de interés puede tener efectos inflacionarios más severos y producirá un freno al crecimiento. La incongruencia de las autoridades del Banco de Mexico salta a la vista. No pueden ver con simpatía un esfuerzo, incluso moderado, para recuperar el consumo de las familias.
Ahora bien, el caso de la franja fronteriza es distinto. En lo que toca a las empresas, la reducción de impuestos seguramente compensará el incremento salarial. Además, según cifras oficiales, en la industria maquiladora, una de las ramas más importantes en esa porción del país, las horas trabajadas aumentaron 4.5 por ciento en 2018 mientras que las remuneraciones medias lo hicieron en 1.9 por ciento, lo que quiere decir que hay condiciones propicias para una mejora significativa de las percepciones obreras.
Lo interesante será observar si la actividad económica y la creación de nuevos empleos formales se eleva en mayores proporciones en que se redujeron los impuestos. De otra manera, el esfuerzo gubernamental sólo habrá servido para elevar las ganancias de las empresas y no tendrá efectos en la mejoría del nivel de vida de los trabajadores que residen en esos municipios. Si el crecimiento del conjunto de la economía para el próximo año se calculó en apenas 2 por ciento, debe suponerse que la franja fronteriza lo hará a un ritmo mucho más elevado. Este deberá ser el criterio para medir la eficacia del proyecto.
El panorama laboral para 2019 se renovará no sólo por las decisiones de las Conasami. A todo lo anterior deberán agregarse las reformas pendientes a la Ley Federal del Trabajo que sin duda se discutirán en el Congreso en los primeros meses de 2019. Morena ha presentado ya su proyecto, mismo que tienen altas probabilidades de ser aprobado con las adecuaciones que se requieran. Asimismo, entrará en operación el programa para becarios trabajadores que pretende beneficiar a más de dos millones de jóvenes y que representa también un apoyo directo a las empresas.
Así pues, para el próximo año tenderemos un panorama laboral muy diferente al de los años anteriores. La apuesta por mejores salarios y mayores puestos de trabajo se basa en todos estos ingredientes. La mezcla es prometedora, a pesar de los malos augurios que se observan en la escena internacional y de los obstáculos puestos por el Banco de México y de los seguidores, dentro y fuera del gobierno, de una politica ortodoxa que pretende que todo siga igual.
Y, claro, la respuesta de los trabajadores ante estas novedades también será una interrogante que veremos resolverse en este 2019. Ante situaciones inéditas seguramente surgirán réplicas novedosas.

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