Todo nuestro respaldo a la Misión Civil de Observación, conformada por organismos no gubernamentales nacionales e internacionales
que visitarán nuestro estado para documentar
violaciones graves a los derechos humanos.

La imagen atroz de cuatro personas asesinadas el pasado martes 12 de septiembre en la comunidad del Zapote, municipio de Coyuca de Benítez, nos desquicia por el horror y por lo que representa esta escena, al ver inertes a jóvenes abatidos con el tiro de gracia. La misma playera que portaba uno de ellos llevaba el nombre de México salpicado de sangre.
Esta realidad abominable se ha transformado en parte de nuestra cotidianidad. Para las autoridades es muy normal que asesinen a niños, jóvenes, mujeres, adultos y personas de la tercera edad, porque la cultura de la muerte se ha arraigado en las entrañas de la vida pública. La violencia es el pan de cada día que consumimos con amargura y desesperación. La orfandad se torna más trágica con la actitud indolente de las autoridades y la complicidad rampante de quienes tienen la obligación de investigar y castigar a los responsables.
La institucionalidad gubernamental está ausente en las calles y colonias donde gobierna la delincuencia. La ley simplemente es un recurso retórico que utilizan las autoridades para justificar su inacción y repetir como simple cliché “se castigará a los responsables con todo el peso de la ley”. Esta frase hueca es la que retroalimenta la impunidad y envalentona a los grupos de la delincuencia organizada. Las imágenes pulcras de los funcionarios, que se esmeran en aparecer como personajes que se pasean por las pasarelas para exhibir sus atuendos, contrastan con realidades que nos muestran con toda su crudeza a las víctimas de la violencia.
El hastío nos ha atrapado y resignado a vivir en el fatalismo. No se vislumbran posibilidades de que los gobernantes puedan hacer algo para contener la violencia y permitir que la población duerma tranquila. Son las familias y las mismas comunidades las que tienen que soportar esta forma burda de gobernar y de tolerar la incapacidad de los funcionarios.
El desfondamiento del Sistema de Seguridad y de Justicia que ha dejado en total indefensión a la población guerrerense, ha obligado a las comunidades indígenas y campesinas a tomar el control de las instituciones de seguridad y se han erigido como los guardianes de sus territorios. De nada han servido los planes que desde el 2011 se han aplicado en nuestro estado, teniendo como primera versión el llamado “Guerrero Seguro”. Actualmente se mantiene el mismo esquema de militarizar el estado con el anuncio de más despligues de soldados y policías en las regiones convulsionadas por la violencia, sin que la ciudadana o ciudadano se sientan más seguros.
El aumento de la violencia criminal y de las violaciones a los derechos humanos demuestra que las autoridades están fallando en sus funciones esenciales. Han dejado que los grupos de la delincuencia adquieran más poder y se expandan sin ningún control por las diferentes regiones del estado. Es inconcebible ver los patrullajes ostentosos del ejército en los lugares donde tiene el control de la plaza alguna célula del crimen organizado. En municipios como Chilapa el Ejército lleva más de dos años instalando retenes en las entradas de la ciudad, sin embargo la disputa entre las bandas de la delincuencia no ha cejado, más bien se ha incrementado el número de asesinatos y la pelea ha sido más encarnizada. La población considera infructuosa una presencia armada que sólo aterroriza a la gente y deja el campo libre a quienes se disputan el trasiego de la droga.
En este escenario del caos sobresale la descomposición del Sistema de Seguridad y Justicia Estatal, prevalece el desánimo y el fatalismo en vastos sectores de la sociedad. No se ve alguna luz en este caminar tenebroso; tampoco se restablece la confianza en quienes están llamados a brindar seguridad. Impera el miedo, la zozobra y el distanciamiento con las corporaciones policiales y el ejército. Ante este pesado viacrucis de la violencia, las mismas comunidades han tenido que tomar decisiones extremas al constatar la ineficacia de las fuerzas de seguridad del estado y ser testigos de la colusión que existe con los jefes del negocio de la droga.
Con la fuerza que poseen como pueblos históricos que cuentan con una organización de base cimentada en los acuerdos de la colectividad, han emergido en todos los lugares del estado, la defensa comunitaria para hacer pública su decisión de defender su vida y los derechos colectivos, teniendo como referencia el modelo exitoso de la Policía Comunitaria que nació en octubre de 1995 en la comunidad me’phaa de El Rincón municipio de Malinaltepec.
Los pueblos indígenas y campesinos de Guerrero se han asumido como sujetos de derechos, y han ejercido su derecho a la autonomía. Cuentan con una organización social y política que por siglos la practican como parte de su identidad y de su historia. Tradicionalmente se han guiado por sus sistemas normativos cuyos procedimientos y principios se orientan a garantizar la seguridad y la justicia comunitaria. Desde este núcleo duro de la colectividad han podido librar un sin número de batallas para hacer frente a las amenazas externas, ante la proliferación de los grupos de la delincuencia organizada y la inacción de las autoridades para enfrentarlos y desmantelar sus estructuras. En los últimos dos años se han multiplicado modelos de seguridad comunitaria que expresan la diversidad cultural y política que persiste entre las mismas comunidades indígenas y campesinas y que dejan de manifiesto la pluralidad de experiencias y de luchas que nos remiten a lo que ellos mismos han denominado como policía comunitaria, policía ciudadana o policía rural.
Este fenómeno es multicausal y tiene su origen en la profunda crisis que enfrenta el estado ante el colapso de sus instituciones de seguridad. El proyecto histórico de la Policía Comunitaria es la raíz de todos los procesos organizativos relacionados con su autodefensa y aplicación de su sistema de justicia comunitaria. La génesis de este modelo responde a las amenazas externas que enfrenta la comunidad y que no encuentra el respaldo ni la protección de las autoridades. Su organización es para dar respuestas desde la perspectiva de los derechos colectivos a un problema que pone en riesgo la vida y la convivencia pacífica de los pobladores.
Las mismas encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) están mostrando que los mexicanos viven con mucho miedo, que nadie se siente tranquilo en su ciudad y que prefiere mantenerse en su domicilio para evitar cualquier agresión. Las comunidades indígenas y campesinas se han topado con grupos que portan armas y que cometen delitos graves como secuestros, extorsiones y asesinatos. Saben que las autoridades municipales y que las corporaciones policiales no van a salir en su defensa, tampoco se interesan en desarmar ni detener a los agresores. Dejan que pululen libremente y más bien hacen alianzas para esquilmar el precario patrimonio de las familias que viven del campo. Por eso ya no hay comunidad en el estado que quiera pedir permiso a las autoridades para garantizar su defensa como pueblo. Son los acuerdos comunitarios los que le dan fundamento a la conformación de sus grupos de autodefensa que definen como policía comunitaria.
En este proceso de creación de los grupos que se arman para salir al frente de las organizaciones que delinquen, hay diferentes motivaciones que explican su surgimiento. La mayoría de ellas son legítimas y nacen de una preocupación genuina. Se organizan para contener la avalancha delincuencial. Sin embargo, en este ambiente de descomposición tanto de las instituciones como de la misma sociedad que se ha contaminado de la influencia que ejercen las organizaciones delincuenciales, han aparecido grupos de civiles armados que se han autodenominado policías comunitarios que no necesariamente nacen del seno de una asamblea, ni responden a una amenaza inminente de algún grupo delincuencial. Más bien se crean a iniciativa de personajes que tienen intereses económicos basados en actividades ilícitas. Son ellos quienes promueven la creación de estos grupos comprando los atuendos de las policías comunitarias y otorgándole armamento de grueso calibre. Por lo mismo se trata de utilizar una figura legal y legítima que está enraizada en la vida de las comunidades indígenas y campesinas pero ahora su apropiación está siendo utilizada por agentes privados y públicos que con dinero mal habido se dan el lujo de formar sus propios grupos armados autodenominándolo como policía comunitaria.
La experiencia exitosa de la Policía Comunitaria y su arraigo en las regiones donde se encuentran las Casas de Justicia comunitarias creadas expresamente para velar por la seguridad de la población y aplicar justicia, ha sido un modelo que han replicado otras organizaciones que se moldean de acuerdo a sus necesidades más urgentes. A lo largo de los años se ha podido documentar que existen varias expresiones de la Policía Comunitaria que se desprendieron del proyecto histórico como las que se encuentran ubicadas en la Costa-Montaña, en la Cañada, Zona Centro y Costa Chica.
Hay otra vertiente que responde más al modelo de autodefensas porque su estructura está centrada en la conformación de grupos de policías sin que estén avalados por asambleas comunitarias y regionales. Tampoco cuenta con una estructura de autoridades que ejercen la función de aplicadores de justicia dentro de su misma comunidad como serían las o los coordinadores de la misma Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC). En esta corriente se encuadra mejor la Unión de Pueblos y Organizaciones de Estado de Guerrero (UPOEG) y el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
Actualmente la proliferación de estas experiencias aunada a las diferencias y divisiones que mantienen esta diversidad de grupos, ha permitido que el modelo de la Policía Comunitaria se desacredite y se deteriore, dando pie para que las mismas autoridades del estado se encarguen de confundir a la población y descalificar un sistema de seguridad reconocido por las leyes internacionales y respaldado legítimamente por los sistemas normativos de los pueblos indígenas.
En este ámbito la CRAC-PC ha emprendido un camino novedoso estableciendo un diálogo plural y respetuoso con algunas fracciones parlamentarias para abonar en una propuesta legislativa que logre incorporar al marco constitucional de nuestro estado. Es un esfuerzo valioso que nace de un interés genuino de contar con un instrumento jurídico que reconozca plenamente los derechos de los pueblos a su autonomía y libre determinación. Es muy importante respaldar la iniciativa de la CRAC-PC enriquecida por otras organizaciones sociales y civiles para que pueda aprobarse una reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en materia de derechos indígenas y afromexicanos. Esta lucha se sigue dando en varias regiones. Los pueblos no se cansan ni claudican en la defensa de sus derechos, por eso este domingo el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, la misma CRAC-PC, el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos en la Montaña, realizaron un foro intercomunitario en la comunidad de Plan de San Miguel, municipio de Copanatoyac para difundir y defender su iniciativa popular de Ley Indígena. Es claro que ante el desastre de la seguridad pública, la sociedad guerrerense no tiene otra alternativa que la defensa comunitaria.