Mal comienza la semana a quien ahorcan en lunes, dice el refrán popular, por cierto cargado de razón, pues mal inició la semana la Secretaría de Marina y su titular, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos realizó una investigación en donde están involucrados, aparentemente, altos mandos de la dependencia que gozaba de prestigio de incorruptible y de ejemplo de las corporaciones vinculadas a la seguridad en el país.
Precisamente sólo por la existencia de la corrupción, también en esta dependencia, puede explicarse el fracaso en la búsqueda de seguridad en varios estados de la república, en especial Guerrero en el que la Marina ha encabezado distintos programas de pacificación y combate al crimen organizado y el narcotráfico, cuyos resultados aún están por verse.
Guerrero Seguro y Acapulco Seguro fueron iniciativas en las que la Secretaría de Marina, junto con el Ejército y las policías federales, estatal y municipal participaron con resultados adversos, ya que la violencia y el crecimiento de distintas bandas criminales ha ido en aumento.
Ya con anterioridad hemos resaltado el papel que los miembros de las distintas religiones han debido ocupar en Guerrero. Se han citado, inclusive, las participaciones que tanto obispos como sacerdotes, especialmente de la Iglesia católica han tenido para intentar detener, desde el púlpito en homilías y mensajes a los feligreses, la ola y aumento en la violencia, el miedo y la inseguridad que se vive en todo el estado y en otras entidades del país.
La jerarquía católica, por cierto, está inmersa en un proceso profundo y decidido de reestructuración después del papel que jugó el cardenal Norberto Rivera Carrera, a quien se responsabiliza del deterioro de la autoridad y desprestigio de la fe católica. Su mandato de más dos décadas, aisló y comprometió a los jerarcas religiosos con la clase gobernante tanto a niveles estatales como federal, tanto que ocurrió un distanciamiento con el gobierno Vaticano. Al jubilarse Rivera Carrera, su sustituto el cardenal Carlos Aguiar Retes, ha iniciado una decidida tarea de reorganización y recuperación del papel de la Iglesia católica en el país.
Por lo pronto, ya rehizo los vínculos y la comunicación con la Santa Sede y con el propio papa Francisco, quien ha mostrado en diversas ocasiones su preocupación por el deterioro de la gobernabilidad en México, así como por la ausencia y la corrupción de sus gobernantes. Ante este vacío de autoridad municipal, estatal y federal la jerarquía católica se apresta a jugar un papel protagónico en la transformación del país. Sin participar en política partidista, pero sí en el ejercicio pleno de su ministerio religioso.
En este ámbito debe analizarse el papel de los obispos en todas las comunidades azotadas por la violencia y en las que el gobierno civil y laico ha perdido amplios espacios. Guerrero es uno de los mejores ejemplos de este grave problema. No es la primera vez que los obispos de Guerrero han hecho llamados a las organizaciones criminales para que detengan la escalada de violencia tanto vinculada al narcotráfico como al crimen organizado.
Fieles, religiosos, sacerdotes y la jerarquía de la Iglesia católica han sido obligados a actuar para detener el deterioro de la gobernabilidad y la incapacidad para enfrentar pobreza, marginación, exclusión y carencia, frente a la opulencia de muchos funcionarios y ex funcionarios de gobierno que gastan fortunas en fiestas y francachelas, motivo de escándalo nacional e internacional.
Pero no hay marcha para atrás. La jerarquía religiosa actúa y lo hará con mayor intensidad, pues no le queda de otra. El mejor ejemplo es la presencia de los principales candidatos a la Presidencia de la República, esta misma semana, ante los obispos que se reúnen en las instalaciones religiosas de Lago de Guadalupe, en el Estado de México. Allí está latente lo que ocurrió en la última semana en Guerrero.
Polémica como pocas resultó la revelación del obispo de la diócesis de Chilpancingo- Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, de su reciente reunión con un capo del narco no identificado, a quien solicitó y obtuvo la promesa de no asesinar a más candidatos a puestos de elección popular, postulados en el actual proceso que culminará el 1 de julio próximo.
A partir de que Rangel reveló que el Viernes Santo se reunió en un pueblo de la sierra de Tlacotepec con un jefe criminal, se desataron toda suerte de reacciones que saturaron la semana de Pascua. Actores locales y nacionales se pronunciaron, unos escandalizados que consideraron incluso un hecho delictuoso el encuentro, otros en apoyo del religioso, y unos más que aprovecharon para señalar la extrema gravedad de lo que ocurre en territorio guerrerense y la ausencia de gobierno en vastas regiones.
Por supuesto las voces más críticas vinieron de los funcionarios públicos, particularmente de aquéllos cuya responsabilidad es la seguridad y la gobernabilidad, tanto a nivel federal como estatal.
El Estado no negocia la aplicación de la Ley, aseveró el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en tanto el secretario general de Gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame, lo secundó al señalar que el obispo Rangel “está incurriendo en actos violatorios a la ley, y hay que recordar que en México hay una separación de la Iglesia y el Estado, somos un Estado laico”.
Entre quienes han defendido al obispo de Chilapa, la reflexión obvia ha sido que la negociación con el narco ocurre en un contexto en que la autoridad ha sido incapaz de cumplir con su deber primario de brindar seguridad a la población, y que el líder eclesiástico no estaba negociando la ley, sino sólo haciendo lo que está en sus manos para mitigar la violencia y el derramamiento de sangre que en la entidad y el país se ha desbordado desde hace más de una década.
En el encuentro mencionado no hay realmente ninguna novedad, pues el propio Rangel Mendoza se ha encargado de dar a conocer que desde pocos meses después de que llegó a su actual diócesis, en 2015, ha considerado adecuado tener contacto y diálogo con los capos.
Su origen en una orden franciscana le ha permitido a Rangel aludir a la fábula poetizada de Los motivos del lobo, de Rubén Darío, en que el santo de Asís busca y conversa con una fiera carnicera que mantiene asolada a la comunidad.
Rangel Mendoza ha sido muy claro en sus motivos, que desde luego no justifican a los criminales, pero dejan muy mal paradas a las autoridades. “Guerrero está en manos de los narcos; la autoridad oficial ha sido sustituida por los narcotraficantes”, y señala lo innegable: alcaldías y diputaciones en la región han sido ocupadas por los candidatos de la delincuencia.
Mucho se puede decir al respecto, aunque los hechos son de una contundencia dramática, por ejemplo que en diciembre pasado el papa Francisco designó a Rangel, sin abandonar sus responsabilidades en Chilapa y Chilpancingo, administrador de la diócesis de Ciudad Altamirano, donde el anterior obispo, Maximino Martínez Miranda, tuvo que dejar su encargo luego de que el crimen organizado mató a tres de sus sacerdotes e intentó secuestrarlo a él.
Los funcionarios encargados del gobierno y la seguridad no pueden sino sentirse incómodos por las palabras y las actuaciones del obispo. La ley les da la razón, pero la realidad los atropella.
Hablar de la seguridad en Guerrero es tratar de asuntos mayores. Pero basta con referir que el pasado fin de semana hubo un paro del servicio de transporte urbano en la Costera de Acapulco, amedrentados por las amenazas y extorsiones del crimen organizado.
Si ya ni un autobús puede circular por la Costera sin el permiso del narco, pese al patrullaje de militares y policías de todos los niveles, ¿qué puede esperarse en las comunidades aisladas y los caminos solitarios de la sierra?
Por lo pronto, los camioneros de Acapulco deben estar pensando en invitar al obispo Rangel a ver si puede convencer a los delincuentes de que permitan a sus unidades rodar sin contratiempos. Porque el camino de la ley está lleno de baches.
La clase gobernante, incluidas las iglesias, están rebasadas y en la católica se gesta ya un movimiento que tendrá repercusiones. A la autoridad civil y militar le disgusta el protagonismo de sacerdotes y jerarcas católicos que exhiben aún más su incapacidad o su corrupción.