Pasaron más de 70 reuniones, acuerdos incumplidos, agresiones, recientemente más de 20 casas destruidas y más de 200 familias desplazadas de sus hogares a causa del conflicto para que el secretario de la Reforma Agraria hiciera presencia en uno de los lugares que es considerado foco amarillo por parte de la actual administración del presidente Fox.

Aproximadamente mil 500 personas del municipio indígena tlapaneco de Tlacoapa se reunieron este jueves en la comunidad de El Capulín para escuchar lo que Florencio Salazar, titular de la dependencia a cargo de la reforma agraria, tenía que decir para contribuir a la resolución de un conflicto que lleva más de 120 años entre dos comunidades tlapanecas ubicadas en la región de La Montaña guerrerense.

Tras los días de fuerte tensión que se vivieron desde el viernes 4 de noviembre por la tarde cuando un grupo de más de 200 personas de la comunidad de Moyotepec, municipio de Ocoapa, hicieron presencia con armas y amenazas en su vecino pueblo de El Capulín, municipio de Tlacoapa, el conflicto parece distenderse.

El jueves 10, con la presencia del secretario de la Reforma Agraria en El Capulín, se firmó el acuerdo mediante el cual ambas comunidades se comprometen a no incurrir en hostilidades mientras se desarrolla el diálogo. El lunes 14 una comisión de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) hará estudios técnicos y mediciones en la zona de las 456 hectáreas en disputa, y el 9 de diciembre presentará propuestas a ambas partes para resolver el conflicto.

A pesar de que la violencia se anunció desde principios de este año con actos de agresión cometidos por Moyotepec en contra de El Capulín como el secuestro de personas, el daño de propiedades y la quema de tres casas en septiembre, las autoridades federales no se presentaron directamente en el lugar de los hechos para atender el conflicto. Inclusive, el viernes 4 cuando los integrantes de El Capulín ya habían abandonado sus casas y alertaron a las autoridades agrarias federales y estatales para que se hicieran presentes en el lugar de los hechos, el subsecretario de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia, propuso que formaran una comisión para reunirse en Chilpancingo. Al día siguiente, integrantes de Moyotepec destruyeron 20 casas más a pesar de la presencia de la policía estatal en El Capulín.

La visita del titular de la SRA al lugar del conflicto ayuda a la distensión ya que constituye una señal de que finalmente se le está dando la importancia debida a un problema de gran magnitud. Sin embargo, como se lo hicieron saber directamente el jueves los representantes de los habitantes de El Capulín, no es suficiente. Las autoridades deben actuar con la mayor sensibilidad y darle la debida atención al problema mediante el cumplimiento cabal de los acuerdos y la presencia directa de los altos funcionarios que contribuyan a garantizar la distensión del conflicto.

Por lo pronto, los integrantes de El Capulín empiezan a regresar a sus casas después de cuatro días de permanecer en la montaña. Exigen que se les reparen debidamente los daños de que fueron objeto y establecen que están dispuestos a negociar pero que para ello deben darse las condiciones adecuadas, en primer lugar que haya paz.

Las autoridades estatales y federales tienen el reto de asumir la problemática en toda su dimensión. Se encuentran ante un conflicto eminentemente comunitario donde la resolución debe darse de frente y con la participación de todas las y los integrantes de ambas comunidades en conflicto. Deben, como de hecho lo manifestó el secretario, tener conciencia de lo que la lucha por el territorio significa y ha significado para las comunidades: es el espacio donde se generan las relaciones sociales y económicas, donde los pueblos se identifican mediante su lengua, tradiciones, formas de organización y sistemas normativos.

Los funcionarios deben saber escuchar con claridad la palabra de las comunidades, saber que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender su territorio, y darle una atención prioritaria a conflictos como estos que pueden derivar en consecuencias irreparables.

Ya lo dijeron el jueves los integrantes de El Capulín, y su palabra es clara: “Tomar las armas en nuestras manos nada nos cuesta porque también corre sangre por nuestras venas. Le decimos al secretario ¿qué se necesita para que pasemos de ser focos amarillos como ustedes decían a focos rojos, quieren que se derrame sangre para que sea una alerta máxima aquí en El Capulín, es lo que hace falta? Si es así, lo va a haber. Ahora entendemos que tienen voluntad para solucionar el problema, es por ello que están aquí. Pero no por el simple hecho de que el licenciado hizo todo lo posible por estar aquí se va a solucionar. Esperemos que empiece a agarrar cauce. Esperemos que a partir de aquí sea otra la historia para El Capulín, que sea otra la manera en la que nosotros vivamos. Nosotros exigimos como indígenas nuestros derechos y nuestras garantías. Y que se voltee a ver a nosotros, tanto agravio que hemos tenido…Vamos a exigir que también sea válida nuestra palabra, y vamos a defender porque estamos dentro de nuestro territorio donde nos corresponde defendernos.”

Las autoridades tienen ahora que cumplir con su responsabilidad y dar un seguimiento claro al conflicto con el fin de evitar que llegue a mayores consecuencias de las que ya llegó. Las personas de El Capulín estuvieron desplazas por cuatro días y ello no es cosa menor. El Estado mexicano se ha comprometido a cumplir con numerosos estándares internacionales en materia de derechos humanos uno de los cuales señala que “todo ser humano tendrá derecho a la protección contra desplazamientos arbitrarios que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia.” Al no darle a tiempo la atención necesaria a este conflicto, el Estado mexicano inclumplió con este estándar, hoy le corresponde llevar a cabo todas las acciones necesarias para evitar que se violen más derechos humanos en contra de estas comunidades indígenas de Guerrero.