Es lamentable constatar cómo a lo largo de los siglos, los pueblos indígenas de México han tenido que enfrentar las políticas etnocidas implementadas por los gobiernos criollos y mestizos, que han fragmentado y despojado sus territorios; han desmantelado sus formas de gobierno, los han sometido a través de un aparato de seguridad y justicia estatal que es etnocéntrico, racista, mercantilista, persecutor y represor, y también los han aniquilado con la intervención del Ejército.
La experiencia de la población indígena en su relación con las autoridades de procuración y administración de justicia es de una violencia sistemática, que va desde el uso de un lenguaje desconocido e impuesto, hasta los tratos crueles e inhumanos que tienen toda la intención de denigrar la dignidad de los indígenas, de generar en ellos un sentimiento de inferioridad y de poco aprecio por la vida.
Nada más amargo y doloroso han tenido que asimilar los pueblos originarios que la fuerza bastarda de la ley que se traduce en una práctica recurrente de violaciones a los derechos humanos. Para muestra de ello, basta decir que en nuestro estado ninguna institución académica tiene en sus planes de estudio la enseñanza de los derechos humanos. Los abogados que egresan de las universidades aprenden más las triquiñuelas de cómo violar la ley, que los fundamentos básicos de los derechos humanos. Lo que más detestan y ponen de mal humor a los ministerios públicos, policías ministeriales, jueces y defensores de oficio son los requerimientos e informes que solicitamos los organismos de derechos humanos con el fin de conocer sus actuaciones. Más bien se empeñan en desprestigiar el trabajo de los defensores con el argumento falaz de que defendemos a los delincuentes, tratando de cubrir toda la red de complicidades urdidas al interior del aparato de justicia que se nutre de la corrupción.
Las mismas autoridades estatales que tienen recomendaciones porque violan los derechos humanos, se atreven a rechazarlas y a descalificarlas porque saben que éstas no tienen fuerza jurídica y que las autoridades superiores les brindarán su apoyo y protección.
Por eso cuando se consuman casos graves de violaciones a los derechos humanos como desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias, las autoridades sin ningún recato, cierran filas para impedir que se castigue a los responsables de actos deleznables, dejando en total indefensión a las víctimas, que regularmente son de familias pobres. La justicia en Guerrero sigue siendo una mercancía cara, que se vuelve inalcanzable para los trabajadores del campo y la ciudad.
Ante esta violencia institucionalizada por las leyes que protegen a los que tienen poder y por los aparatos represores del Estado, los pueblos indígenas han tenido que construir sus propios caminos para proteger su patrimonio y sus derechos individuales y colectivos. Esta ardua tarea siempre ha sido calificada como un peligro para el sistema político dominante simplemente porque los pueblos indígenas se niegan a integrarse a los planes neocolonialistas del gran capital y porque se aferran a sus tradiciones, catalogándolas como obsoletas y reductos del atraso.
Este conflicto estructural que enfrentan los pueblos indígenas con el Estado, ante la falta de un marco jurídico apropiado que reconozca a los pueblos como sujetos de derecho público y a su libre autodeterminación, ha provocado un asedio permanente por parte de las corporaciones policiacas, agentes investigadores y el Ejército mexicano en las regiones indígenas donde han surgido organizaciones de base que han desafiado al sistema que los sojuzga, para construir nuevas formas de lucha que posibiliten el ejercicio de sus derechos, como son los casos de la Policía Comunitaria que es un sistema eficaz de seguridad y justicia comunitaria sustentado en la normatividad internacional sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas; el caso de la radio comunitaria conocida en español como La Palabra del Agua, de Xochistlahuaca; los casos de las organizaciones independientes de los pueblos me’phaa y mixteco del municipio de Ayutla de los Libres que desde la masacre de El Charco, han denunciado casos graves de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano.
A pesar de que los organismos multilaterales han documentado el grave deterioro de las condiciones de vida de los pueblos originarios de México y que han recomendado una serie de reformas orientadas a promover el desarrollo desde las propias capacidades y recursos humanos y materiales con que cuentan los pueblos pobres de nuestro país, vemos que se siguen reforzando las políticas privatizadoras auspiciadas por los grandes emporios financieros que buscan colonizar los territorios indígenas para globalizar mejor sus ganancias.
La pobreza ancestral que se vive en La Montaña y en la Costa Chica es producto de la discriminación, el olvido y la gran corrupción de los gobiernos surgidos desde la época colonial. No es casual que Hernán Córtes se haya adjudicado la encomienda de La Montaña como una de sus principales empresas porque sabía que los indígenas de esta región tributaban oro y que existía un gran reservorio de este metal tan codiciado. La creación de grandes estancias, haciendas y ranchos permitió el fácil enriquecimiento de españoles y criollos en Tlapa, Olinalá, Ometepec y San Luis Acatlán que conformaron los cacicazgos políticos y le dieron carta de naturalización en las regiones indígenas, para esclavizar y explotar la mano de obra de los verdaderos dueños de estas tierras.
Las revueltas indígenas para recuperar sus tierras como la de Chilapa, Ometepec, Tlapa fueron siempre reprimidas por policías y el Ejército al servicio de los caciques.
La presencia del Ejército en La Montaña y la Costa Chica después de la guerra sucia, tuvo el gran pretexto de combatir la siembre de enervantes que en la práctica ha sido una lucha infructuosa, porque no se ha podido abatir la siembra de estupefacientes, al grado que La Montaña sigue ocupando el primer lugar de siembra de enervantes. En los hechos esta guerra perdida contra el narcotráfico es una guerra que ha derrotado y diezmado a los pueblos indígenas, ha sido una lucha contra los pobres que los criminaliza y los considera como los principales causantes del gran problema del narcotráfico.
En Guerrero el gasto militar ha sido muy alto, al grado que toda la infraestructura militar que se ha construido en los últimos años rebasa la inversión en el gasto social que se realiza en las regiones indígenas. La justificación de esta alta inversión responde a las recomendaciones del gobierno de Estados Unidos que demanda una política antinarcóticos auspiciada por el Ejército para enfrentar la amenaza continental del tráfico de drogas. Un factor interno que ha justificado la militarización es la falta de políticas de seguridad pública, la incapacidad de las instituciones para hacer valer la ley ante el incremento del crimen y por la inseguridad creciente.
Esta nueva política militarista responde al concepto de la seguridad hemisférica de los grandes imperios que ven un grave riesgo con el modelo de la economía de mercado ante el crecimiento de amplias franjas de pobres que son excluidos de los beneficios sociales básicos y que son un potencial político que pone en riesgo la estabilidad del sistema neoliberal.
En Guerrero se sigue utilizando al Ejército para hostigar a los pueblos y organizaciones que se organizan de manera independiente, a ocupar sus territorios como parte de una guerra de baja intensidad, a amedrentar a la población y a perseguir a los luchadores sociales que son parte de la lista negra de los sistemas de seguridad considerados como miembros de grupos disruptores. El papel del Ejército se ha concentrado en las regiones pobres porque saben que son una amenaza para la estabilidad política y porque puede vulnerar la seguridad de los estados. Lo paradójico es que no ha concentrado sus fuerzas para desmembrar las poderosas redes del narcotráfico, por el contrario, parece que ha perdido la batalla refugiándose en las regiones indígenas para poder justificar el alto costo económico que implica su sostenimiento como un Estado dentro del Estado y que su presencia se traduce en la causa de la pobreza extrema de quienes ellos se empeñan en perseguir y criminalizar. De nada nos ha valido la elección de un nuevo gobierno si el papel del Ejército sigue siendo un tema prohibido para ser abordado dentro de los grandes problemas que enfrentamos como guerrerenses.