Jesús Mendoza Zaragoza
Mayo 06, 2019
Se ha constatado que en los cinco meses del nuevo gobierno federal no ha habido una significativa reducción de la violencia, es más, se ha manifestado más agresiva y apabullante. Es evidente que, en tan corto plazo, no es posible esperar resultados que llamen la atención, pues se trata de un problema sistémico de muy profundas raíces. El caso es que se levantaron grandes expectativas que necesitan moderarse para no dar lugar a frustraciones.
Si el gobernador Héctor Astudillo tuvo que reconocer que su consigna de “orden y paz” con la que ofrecía resolver sustancialmente el problema de la violencia en un año, no correspondía a la realidad tan compleja de Guerrero, el gobierno federal debiera reconocer que ni todo el sexenio alcanzará para resolverlo, pero que sí puede dar pasos significativos poniendo las bases para avanzar en el camino hacia la paz.
Hay que entender que hablar de paz y de seguridad pública son dos cosas muy diferentes. La seguridad pública busca contener la violencia, mientras que la paz está más en consonancia con el concepto de seguridad humana o ciudadana, que implica establecer todas las condiciones necesarias para garantzar todos los derechos humanos, los derechos de las cuatro generaciones. Con un diagnóstico certero, se puede prever que este estructural problema de la violencia necesite dos o tres sexenios para empezar a cantar victoria. Desde luego, si es que se atina en las estrategias adecuadas, entre las que la más importante no es la de la fuerza militar y policiaca.
Por ahora, quiero indicar algo que nos ha enseñado la experiencia de los dos sexenios pasados. Los gobiernos no pueden por sí solos lograr la eficacia que se necesita en los temas de seguridad y de paz. Necesitan de la sociedad, de todos los sectores, los ya organizados y los no organizados aún. Para comenzar, ante las señales de desconfianza que el presidente de la República tiene hacia las organizaciones de la sociedad civil, habrá que rediseñar y recomponer el tipo de relación que el gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil han de establecer. Sería dañina para todos una mala relación. Hay que entender que la sociedad civil es heterogénea y muy plural, donde hay de todo. Desde organizaciones parásitas que han vivido del erario público hasta organizaciones de primer orden por su capacidad de incidir en diversas áreas que tienen que ver con la construcción de la paz, tales como la educación, los derechos humanos, la transparencia, y la ecología, entre otras. Y se ha visto que en muchas organizaciones hay grandes capacidades que prestan servicios invaluables al país.
Esta sociedad civil organizada constituye lo que podríamos describir como una élite social, compuesta por profesionistas, empresarios, especialistas en diversas áreas, académicos, entre otros, que tiene conocimientos, capacidades profesionales, técnicas, académicas y cuenta con relaciones valiosas en el ámbito nacional y en el internacional. Todo esto debiera ponerse al servicio de la construcción de la paz. Para nada debería mirarse con desprecio.
Pero hay otro gran recurso que debiera incluirse en un proyecto nacional de paz: el recurso popular que incluye sectores organizados y otros no organizados aún. Pienso, por ejemplo, en los pueblos indígenas que cuentan con una preciosa organización comunitaria que puede significar un gran aporte para el país. Pienso, también, en los campesinos organizados en sus propias comunidades, en las que persisten elementos de carácter democrático real. Pienso, también en las organizaciones de colonos en las periferias de las grandes ciudades y en las pequeñas ciudades del país, que pueden representar un recurso valioso para la construcción de la paz.
Y no hay que dejar fuera a todo ese segmento popular que aún no está organizado que, a mi juicio, es mayoritario. Pueden buscarse formas de participación en las que pueda aportar su parte. Este segmento ha estado tradicionalmente marginado y sólo ha sido manipulado por las élites políticas y económicas. Pero puede representar un gran potencial para la paz si se generan y se desarrollan procesos comunitarios en los que puedan convertirse en sujetos de su propio desarrollo, a partir de sus circunstancias concretas.
Lo que quiero señalar es que la sociedad tiene que ser tomada en cuenta para un proyecto nacional de construcción de paz y tiene que convertirse en protagonista. Es más, debiera tener un protagonismo de primer nivel, mayor que el de la misma Guardia Nacional. La paz, hay que repetirlo cuantas veces sea necesario, es una construcción colectiva, en la que todos sumamos y en la que a nadie se excluye. Gobiernos y sociedad debieran ir de la mano, cada uno desde su propia responsabilidad y buscando siempre el bien común.