No sabemos el resultado de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no tenemos certeza de los móviles de la agresión, lo que sí tenemos claro es que la investigación realizada por la Procuraduría General de la República es un fiasco, y esa es la verdadera “verdad histórica”.
Y lo sabemos porque se desclasificó la carpeta de investigación tras una resolución del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Inai). Cuando pudimos revisarla comprobamos que se había realizado una indagatoria con altas deficiencias técnicas, manipulación y, en algunos casos, dolo; si el expediente no se hubiera abierto, la autoridad aún conservaría un dejo de credibilidad en ciertos sectores, y probablemente no se hubiera ordenado que se creara una comisión de la verdad, como lo hizo un tribunal federal de Tamaulipas hace unas semanas.
Seamos sinceros: el desaseo de la carpeta de investigación de los normalistas de Ayotzinapa no es una excepción, en realidad puede ser la norma de este país. La posibilidad es alta ante un sistema de justicia con estructuras de procuración anegadas de corrupción, con policías que han reprobado sus exámenes de control y de confianza y aun así siguen en nómina; con falta de personal y de tecnología; con salarios bajos y pocas garantías de seguridad familiar. Con jefaturas entregadas al “amigo del amigo del amigo de mi amigo” y no al empleado que lleva 20 años en espera de que se le reconozca el cargo; entregadas a la infiltración del crimen hasta la médula del sistema, la conveniencia política, al cañonazo de lana, al “no te metas en problemas”, al “no vale la pena”, al “nadie te va a defender”, al “el juez lo va a soltar”, al “mejor cuida a tu familia”, al “ya tienes hijos”, al terror de la indefensión y al desamparo institucional. Un sistema de justicia con una estructura que no funciona y que alimenta con aires cálidos y húmedos la tormenta de impunidad mexicana, basada en confesiones obtenidas con torturas o con testigos protegidos que lo único que quieren es una reducción en la condena y por ello hablan sin aportar elementos de prueba de sus dichos.
Si se abrieran todas las carpetas de investigación de este país, el sistema de procuración de justicia entraría en una crisis tan grande que se tendría que comenzar de cero. Ante el estado de desconfianza institucional justificada es necesario aumentar la apertura de casos trascendentes, de impacto social. Las razones jurídicas que llevan a las instituciones a mantener cerradas las carpetas es que abrirlas pondría en riesgo el cauce de las investigaciones, por lo tanto sólo es posible cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, así como en actos de corrupción.
Cuando un ciudadano solicita información relativa a las carpetas de investigación, la primera respuesta de la autoridad es un no sistémico. Ahí es cuando entran los órganos garantes, el Inai y sus pares en los estados que deben resolver cuando los ciudadanos se inconforman. Son pocos los comisionados que se animan a interpretar de manera abierta y con dimensión social sus votaciones.
Pasan años, matan a líderes sociales, a periodistas, a defensores de derechos, a políticos rebeldes, a ambientalistas y no podemos conocer si la autoridad está haciendo su trabajo correctamente o, lo que es peor, si está haciendo algo, cualquier cosa, y no se dedican a mantener las carpetas de investigación como hogares de arañas: empolvadas, en las esquinas, usadas para nivelar una mesa o algún librero descuadrado.
Sería importantísimo conocer las investigaciones de los periodistas Javier Valdez y Miroslava Breach. Ambas personas defendieron la libertad de expresión y merecen justicia. Aunque la apertura de las carpetas de investigación se ha discutido en el Inai, la mayoría de las votaciones han sido en el sentido de mantener cerrados los expedientes.
En cada región hay una o varias indagaciones en situación similar. En Sinaloa se dio el caso del líder comunero Atilano Román. Su comunidad y las aledañas estaban tranquilas en la sierra de Mazatlán cuando el gobierno llegó a construir la presa Picachos. Inundaron sus pueblos, los desplazaron. Emprendieron una lucha con movilizaciones, desplegados, cabildeos, marchas. A cambio recibieron asesinatos, privación de la libertad, represión y escasa compensación económica. Pasaron los años, mantuvieron la lucha, hasta que un día de octubre de 2014 dos hombres llegaron a la cabina de una estación de radio en el puerto y ahí, en vivo, mataron a Atilano Román, el líder del movimiento mientras conducía un programa.
Han pasado cuatro años desde entonces y la autoridad no ha esclarecido el crimen. La justicia en modo tortuga. Una reportera, Sibely Cañedo, solicitó la investigación y se la negaron. Atilano era un líder social que defendía a más de 800 familias, un hombre que fue hostigado por el Estado, reprimido por grupos criminales; una persona que luchó por sus derechos y los de su comunidad, un caso que se conoció en Sinaloa y en parte de México, un asunto de interés público en el que no ha habido justicia y no sabemos cuál es el estado de la investigación. ¿Qué pasaría si esa carpeta se abriera? Tal vez nos daríamos cuenta de que sucedió lo mismo que con Ayotzinapa, y tal vez eso es lo que realmente nos quieren ocultar: la manipulación, el desaseo, la falta de pericia, las pruebas insuficientes para llegar a una sentencia. El dolo. El fracaso del modelo de justicia mexicano en su estado puro.
Abramos las indagaciones de impacto social, fiscalicémoslas y corrijamos de fondo el sistema de investigación y justicia mexicano. Pongamos al escrutinio de la sociedad el trabajo de investigación de las fiscalías, pero también el trabajo de impartición de justicia del Poder Judicial. Pongamos lupa en la forma en la que están actuando.
Ya nos merecemos un poco de dignidad, un poco de justicia.