La violencia criminal que azota a México equivale a una guerra interna que se prolonga sin solución. Este es uno de los grandes problemas del nuevo gobierno y del nuevo régimen

Hoy, se dijo, se abre una ventana de oportunidad histórica que hay que aprovechar, pero ya. ¿De qué ventana se estaba hablando en el seminario Violencia y paz en El Colegio de México al discutir ¿Olvido, verdad o justicia? (17/07/18). Pues de la oportunidad que se presenta con el cambio de gobierno para redefinir la naturaleza de la política que se ha seguido para enfrentar la brutal violencia criminal que envuelve hoy a nuestro país.
Mónica Serrano sostuvo que la naturaleza de esta violencia es la propia de una guerra, de un conflicto armado no internacional. Y esa es también la conclusión de dos instituciones internacionales especializadas en el tema: The War Report 2017 de la Academy for International Humanitarian Law and Human Rights (Ginebra) y el Armed Conflict Survey del IISS (Londres). Y es que su definición de conflicto armado cuadra con nuestra realidad: “Confrontación sostenida, entre dos o más adversarios organizados que recurren a la fuerza armada de manera intencional”. En este sexenio, y hasta febrero último, se habían abierto 102 mil 327 carpetas de investigación por homicidios dolosos, que se suman a las 102 mil 859 del sexenio anterior (Sinembargo, 30/03/18).
Fue en este contexto que la magistrada en retiro y futura secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, presentó la posición del próximo gobierno sobre el tema.
La próxima responsable de esta secretaría clave, partió de aceptar lo evidente: que una violencia sin freno azota al país, que se acumulan por millares los asesinados, desaparecidos y desplazados y, que hasta ahora, los aparatos del Estado no han estado, ni de lejos, a la altura de la magnitud del desastre. Para la ministra, el gobierno que pronto heredará este desastre –un conflicto cuya intensidad no ha disminuido–, reconocerá, sin regateos, la magnitud de la tragedia que vive el país y el monumental fracaso de los últimos gobiernos al enfrentarla. La nueva administración se propone intentar ganar la paz, y en el proceso y en la medida en que tal cosa es posible, reparar moral y materialmente el daño brutal que se ha causado a la sociedad y, sobre todo, a las víctimas sobrevivientes, como son los familiares.
Es claro que el nuevo gobierno apenas está en la etapa de diseñar el proyecto para enfrentar tan complicado y aterrador problema. Y es por ello que, de entrada, se declara abierto a escuchar, discutir posibilidades e imaginar salidas. Es esta búsqueda de una o unas nuevas estrategias para encontrar la deseada “luz al final del túnel”, lo que hace que este sea un momento aún moldeable y que obliga política y moralmente a aprovecharlo.
Desde la perspectiva del nuevo gobierno puede y debe echarse a andar una “justicia transicional”. De acuerdo con las Naciones Unidas, esta comprende a “toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación” (Justicia transicional y derechos económicos, sociales y culturales [ONU: N.Y. y Ginebra, 2014], p. 5).
Olga Sánchez Cordero reafirmó que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en principio, aceptaba explorar todas las avenidas posibles para lograr la paz, incluso algún tipo de amnistía –no amnistía generalizada– y la formación de una comisión o comisiones de la verdad. Finalmente, el nuevo gobierno estaría dispuesto a discutir el espinoso tema de la legalización de sustancias prohibidas. Obviamente, esta agenda desembocó en una discusión de “alta intensidad”.
Para Javier Sicilia, generador del Movimiento por la Paz con Justicia y Libertad y víctima de la violencia (su hijo fue asesinado en Morelos en 2011), el término amnistía –relacionado etimológicamente con amnestia, es decir, con olvido o perdón–, no debía siquiera discutirse. Tras los comentarios de Santiago Corcuera y Mariclaire Acosta Urquidi sobre justicia transicional, fueron otros padres y madres de desaparecidos quienes centraron la discusión.
Para estas víctimas, que una y otra vez denunciaron la ineficacia, insensibilidad, corrupción y falta de recursos y de voluntad política de las autoridades y de la CNDH incluso, lo primero debería ser aclarar el destino de los desaparecidos, un universo trágico de cientos de fosas clandestinas y más de 30 mil desaparecidos, que incluyen no sólo a civiles sino a miembros de las propias policías.
En términos generales, el problema quedó esbozado así. El nuevo gobierno está dispuesto a enfrentar la peor de las herencias que recibe del régimen que está por concluir: la guerra inconclusa contra el narcotráfico. En materia de desaparecidos, está dispuesto a crear comisiones de la verdad, a oír a los interesados y, para hacerlas efectivas, incluso sería posible recurrir a fiscales y equipos profesionales internacionales, como en Guatemala. Después, y sólo después, se abordaría la naturaleza de la amnistía, que, en cualquier caso, deberá tener límites muy precisos, trazados con la aceptación de las víctimas.
En fin, la ventana de oportunidad está tan abierta como complicada, pues también está el factor externo: demanda de drogas, flujo de armas, blanqueo de dinero. Menudo problema no sólo para el nuevo gobierno sino para todos nosotros.

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