“La pobreza y la ignorancia son nuestros peores enemigos, y a nosotros nos toca resolver el problema de la ignorancia. Yo soy en estos instantes, más que nuevo rector que sucede a los anteriores, un delegado de la Revolución que no viene a buscar refugio para meditar en el ambiente tranquilo de las aulas, sino a invitarlos a que salgamos con él a la lucha, a que compartan con nosotros las responsabilidades y los esfuerzos. En estos momentos yo no vengo a trabajar por la Universidad, sino a pedir a la Universidad que trabaje por el pueblo”.
Eso dijo José Vasconcelos en su discurso de toma de posesión como rector de la Universidad Nacional en junio de 1920.
En estos tiempos de oscuridad para la educación pública nos hacen falta voces potentes como la de José Vasconcelos, para devolverle a la escuela su esencia dialógica y transformadora, que vuelvan a hacer de nuestras instituciones educativas un poderoso motor del cambio social, formando a los niños y jóvenes para atender las diferentes necesidades científicas y sociales; además de educarlos para ejercer su derecho a ocuparse de la cosa pública.
La tarea de educar ha pasado a ser un imperativo ético y pedagógico, por la dimensión del desafío educativo, el cual sólo puede ser equiparable con la necesidad que tenemos de reformar radicalmente a nuestras escuelas.
Por supuesto, una reforma educativa no se puede hacer con una visión tecnocrática y excluyente, sino que tiene que empezar por repensar en serio el problema educativo, para poder responder al enorme rezago que tenemos y trascender la mediocridad de la calidad de los servicios educativos que ahora se ofrecen.
Para responder a ese desafío, necesitamos una convocatoria como la que hizo Vasconcelos hace casi un siglo, pensando precisamente en la esencia del problema y no sólo en ocupar un cargo en la administración pública, como ha pasado en las últimas décadas con todos aquellos que han ocupado la silla de tan ilustre educador, quienes han estado más pendientes de su futuro político que de la enorme responsabilidad que significa educar a las nuevas generaciones.
Me parece que ese es el vacío de la mal llamada reforma educativa actual, que en lugar de convocar a un amplio diálogo sobre los problemas de las escuelas, ha propiciado una confrontación inusual con el magisterio, con lo que ha pasado a ser parte del problema y no de la solución de la problemática educativa, situación que ha tenido un costo muy alto para los guerrerenses. Es incomprensible la actitud de un secretario de educación que promueve una reforma educativa, que pondera las “bondades” de la evaluación y la calidad educativa, pero que no explica porqué se tienen que cancelar derechos de los maestros ganados en luchas históricas y que además esa reforma no toca lo que es el corazón del problema de la educación, esto es, el rezago educativo y que la evaluación no empiece por donde la lógica elemental enseña que debería empezar: por la casa y por el mismo titular de la SEP, porque si el secretario de Educación y toda su estructura no son evaluados, la misma aplicación discrecional de la ley descalifica a la reforma.
Esa misma actitud ha evidenciado a la reforma educativa como una simple reforma laboral que tiene como fin el despido de los maestros y el control de las escuelas, al priorizar una evaluación descontextualizada y alejada de la realidad que se vive en las aulas. Lo mismo pervierte a la escuela pública la nefasta costumbre de heredar las plazas que el nombramiento de los altos funcionarios en la administración de los servicios educativos, sin más mérito que el de ser amigos del gobernante en turno. ¿Cómo elevar la calidad de la educación si los propios funcionarios adolecen de un analfabetismo funcional con relación a los problemas educativos? ¿Cuándo determinó el INEE si son “idóneos” o “no idóneos¨ para ocupar los cargos que tienen?
Pero lo que resulta todavía más incomprensible con la reforma educativa es que los mismos principios que se propone aplicar dogmáticamente a los maestros, como por ejemplo, el que se refiere a la permanencia, no se aplique en un sentido más amplio, es decir, que se contemple también la permanencia de los niños y jóvenes en las escuelas, para que el Estado garantice que los niños que ingresen al nivel preescolar, tengan los apoyos suficientes para egresar del bachillerato, en tanto que así lo establece la ley. Esto implica que el Estado tiene que dotar de mecanismos institucionales a las escuelas para garantizar la permanencia de los niños y los jóvenes en las aulas, y que esa obligación no la puede delegar en los padres de familia.
Sería una contradicción inadmisible que si el Estado no puede garantizar la permanencia de los alumnos en las escuelas –incumpliendo con ello su obligación constitucional–, sí pretenda condicionar la permanencia de los docentes sólo porque no aprueben un examen descontextualizado, que está probado que no ayuda en nada a mejorar la calidad de la educación, y que además no fue diseñado por el INEE, sino por una empresa privada como lo es el Ceneval (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior).
En ese marco, el gobierno no puede aplicar una reforma educativa empezando por encarcelar a la disidencia o despidiendo a los profesores sólo porque se oponen a una reforma en la que no fueron tomados en cuenta, porque si se empieza por abrir las cárceles y cerrar las escuelas, y por añadidura, incrementar el número de desempleados, el futuro será más oscuro de lo que ya es por la ineptitud y corrupción de los propios gobernantes.
Por todo ello, es un imperativo ético convocarnos a un gran diálogo por la educación de Guerrero, desde el nivel básico hasta el superior, porque en esa ausencia de diálogo se están perdiendo las posibilidades de trascender los grandes problemas que se viven en las escuelas. Ese diálogo posible tiene que estar mediado por una gran acuerdo entre todos los actores: los maestros, los padres de familia, el Estado, los académicos y todos los interesados en un fin superior: el gran Proyecto Educativo de Guerrero para el Siglo XXI. Es probable que sea una utopía pero en un contexto como el actual –donde impera la sinrazón y la brutalidad de la violencia–, es, tal vez, el único camino posible que todavía nos queda.
En esa perspectiva, me parece que hay que repensar a la educación de Guerrero y diseñar nuestra propia agenda educativa:
–Hay que diseñar el gran proyecto educativo de Guerrero para el 2021, en el marco del bicentenario de la independencia nacional.
–Nos hace falta promover una política educativa de Estado para la educación pública, y la prioridad tiene que ser la de terminar con la corrupción de nuestro Sistema Educativo Nacional, auspiciada por la propia burocracia oficial y sindical.
–Por una Agenda Educativa propia y estratégica para reordenar y reestructurar el sistema educativo en Guerrero, que tenga como prioridad atender el rezago educativo.
–Diseñar una estrategia de formación de cuadros en la gestión del conocimiento en las escuelas y la gestión administrativa, bajo el principio de que sea lo académico lo que norme lo administrativo.
–Un proyecto para recuperar toda la experiencia pedagógica que permita refundar a la escuela pública desde la raíz.
Estas son las razones por las que me parece que hace falta abrirse a un gran diálogo por la educación de Guerrero. Nuestro estado, por sus enormes reservas culturales y por su glorioso pasado histórico, merecen ese diálogo.