De tan obvio que es, a los gobiernos se les olvida que sólo con salud y educación cualquiera progresa. El problema de México es que los sistemas de salud públicos se han abandonado y a la educación se le convirtió en un objeto de negociación política, con lo que se cancela el futuro de los que vienen empujando. Los problemas de hoy pudieron prevenirse si los sistemas de enseñanza hubieran continuado y no se abandonaran a negociaciones sindicales primero y políticas después. Ahora, luego de aplazarse hasta en dos ocasiones –primero en septiembre, luego hace unos días–, la evaluación docente que ya se ha aplicado en la mayor parte del país se ha programado del 3 al 6 de diciembre en Guerrero.
La estrategia de las autoridades educativas fue dejar para el final las entidades donde advirtieron algún riesgo, sobre todo aquéllas donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, tiene mayor presencia y fuerza.
Como no hay plazo que no se cumpla, el pasado fin de semana se llevó a cabo el ejercicio de evaluación en varios estados, con resultados positivos, pues las cifras indican que más del noventa por ciento de los profesores se presentó a sus exámenes, con excepción de Michoacán donde se presentó menos de la mitad de los convocados.
Claro que no fue sencillo. Lo más lamentable es que una actividad académica se haga bajo vigilancia policiaca, para evitar que los centros de aplicación de las pruebas fueran cercados y se impidiera el libre acceso de quienes acudieron a presentarlas. Y que incluso se den connatos de violencia, el más notable de ellos donde nadie se lo esperaba, en Veracruz.
Ya veremos, al final de este ciclo, si en los estados del sureste, y en particular en Guerrero, las evaluaciones se realizan en estos parámetros, y la educación entra de veras en un proceso de mejora en su calidad y de normalización en sus contenidos y resultados.
Junto con la salud, la educación es el gran motor para que la población alcance mejores niveles de vida. Generalmente se habla del desempeño económico, de las oportunidades de empleo, del ingreso, de los salarios. Todo eso viene después. La fuerza de un pueblo para el progreso es que tenga una alimentación adecuada, la atención médica necesaria y los mejores niveles posibles de educación.
Estos son derechos que el Estado debe tutelar y proteger, pero lo más grave es cuando se organizan fuerzas sociales y gremiales, no para apoyar y fortalecer estos servicios, sino para medrar con ellos, reducirlos o escamotearlos a quienes los requieren.
Por estos días, nada menos, los profesores de la CETEG hace patente su oposición a ser evaluados, pues aseguran que es un paso para quitarles su empleo. Por el contrario, la Secretaría de Educación hace referencia a la ley, que prácticamente hace imposible despedir a quienes no muestren aptitud para dar clases, les da repetidas oportunidades, y al final en el peor de los casos los desplazará a labores no docentes, administrativas.
En el fondo, lo que está en juego es el derecho plasmado en la Constitución de una educación de calidad y gratuita. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que entre el derecho de los educandos y el de los profesores, debe prevalecer en todo caso el de los niños y jóvenes a recibir enseñanza.
En Guerrero, los datos muestran el resultado de décadas de desinterés oficial y de apropiación gremial del tema educativo. Nuestros jóvenes egresados de bachillerato ocupan el último lugar nacional en las pruebas de comprensión de lectura, y el penúltimo en las habilidades matemáticas que debían haber adquirido.
En las escuelas normales, en donde se forma el personal docente, ni siquiera hay ahora forma de evaluar sus conocimientos, ni la ha habido hace muchos años, pues sus alumnos estaban de antemano protegidos por la costumbre de asignarles plazas docentes automáticamente al concluir sus estudios.
Ahora eso va a cambiar, ha prometido el secretario Aurelio Nuño, e incluso deberá aplicárseles examen previo como requisito de contratación.
Todo suena muy bien. Sólo falta que maestros y normalistas lo acepten y que las autoridades federales y estatales no se doblen ante la presión de marchas, plantones y protestas.
Si se logra cambiar de fondo el esquema educativo, empezando porque los maestros enseñen y los alumnos aprendan, es posible que en Guerrero comience a verse otra perspectiva de la vida, y por lo pronto sirva como un antídoto para la espiral de violencia que nos invade, rubro en el que sí nos situamos actualmente en los primeros tétricos lugares de México y del mundo.
Pocos tienen presente que Hilary Clinton, la hoy aspirante a la presidencia de Estados Unidos, el país mas poderoso del mundo, dio un vuelco a su carrera política (y de paso a la de Bill Clinton, su esposo, gobernador de Arkansas en varias ocasiones y presidente después), cuando optó siendo esposa del gobernador por apoyar única y solamente los programas de educación de Arkansas. De entonces a acá esa ha sido su principal bandera política. No se ha equivocado.
Ahora en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo aún está a tiempo de poner los caballos delante de la carreta y, por encima de asesorías inútiles y costosas, apostar por la educación y la salud. Con ello pasaría a la historia y no nada más obtendría fama, objetivo de la mayoría de los políticos teflón, a quienes no se les pega nada, menos si es fruto de la experiencia, la audacia y no solamente el espejo de la bruja de Blanca Nieves que al verse en él buscaba que le dijera que era la más hermosa e inteligente. Este es el verdadero problema. Lo demás, es lo de menos.